“Un sistema jurídico moderno se caracterizaría por la existencia de un cierto tipo de reglas cuyo fin es establecer qué órganos y mediante qué procedimientos se debe determinar si una persona ha violado una norma de ese sistema y, en su caso, cuál es la sanción que cupiere”.
Herbert L. A. Hart (1907 - 1992)
La democracia da voz a todas las personas, no a quienes se consideran los poseedores de la verdad absoluta y dogmática que debilitan los controles y equilibrios de la justicia y legalidad de una nación en cuanto al Estado de Derecho.
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Veamos entonces que el Estado de derecho es un conjunto de principios rectores que dictan que nadie, incluidos gobiernos, políticos o legisladores, está por encima de la ley. Esta filosofía política se refiere a la idea de que el sistema de leyes, instituciones y normas está establecido para garantizar la responsabilidad en todos los niveles de la sociedad, y por ende, nadie tiene vía libre. El Estado de derecho no se refiere a ninguna ley en particular, sino al conjunto de leyes y normas comunes dentro de un país, región o comunidad que todos, tanto los ciudadanos como las instituciones, deben cumplir, así como el sistema y los mecanismos que garantizan el cumplimiento de esas leyes. Tal como lo exponen Norberto Bobbio en su texto Estado, Gobierno y Sociedad, y Carl Joachim Friedrich en La Filosofía del Derecho.
Esto quiere decir que se tiene la obligación de hacer conocer los derechos; respetar, significa que se está obligado a no violarlos; proteger, que se está obligado a evitar que otros los violen; y garantizar quiere decir materializar los derechos ciudadanos, a su vez, herramientas para exigir que la política pública tenga como eje central del tema de los derechos de las personas, por lo que el gran desafío es poder identificar en dónde el derecho excluye y por lo tanto genera una violación, y cómo hacer para que sea incluyente, en cuanto a la interpretación pro persona. Este es un criterio que se expresa como una necesidad de interpretación y que limita la posibilidad de una interpretación libérrima por parte de jueces y operadores jurídicos; en cuanto al principio pro persona supone que la decisión en el caso de un conjunto de normas que tiene que tomar el juez es aquella que mejor proteja los derechos de las personas.
Eso también implica que quien aplicará esta norma o interpretará, tendrá que preguntarse qué consecuencia tendrá su decisión. Si esa decisión amplia la posibilidad de violar derechos, entonces esa es una decisión incorrecta; si esa decisión reduce esa posibilidad, entonces se convierte en una decisión correcta conforme a este principio pro persona.
“La regla del Derecho es una línea de conducta que se impone a los individuos que viven en una sociedad, regla cuyo respeto es considerado en un momento dado, por un grupo social, como la garantía del interés común y cuya violación trae la reacción colectiva contra el autor de la violación”
Nicolas León Duguit (1859 - 1928)
El Estado de derecho se basa en la idea de que la ley es una herramienta para ayudar y servir al pueblo, para aumentar su libertad en lugar de restringirla. Según Cicerón, "somos esclavos de la ley para poder vivir en libertad".
El problema radica en que el Derecho, leyes y quienes la imparten desde las estructuras del poder en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no cumple dichos preceptos en décadas, por encontrarse atada o cómplice de distintos poderes que abarcan del político y gobierno, como del empresarial y mediáticos, que recurren a un proceso de lawfare para imponer sus criterios e intereses todos, cuando consideran que los mismos son evidenciados o en protesta por la sociedad.
La pugna por el poder por parte de la oligarquía y poderes fácticos, encabezados por Claudio X. González, quien es la parte visible de empresarios que siempre mantienen la guerra sucia contra el gobierno de AMLO; a su vez, el empresario Ricardo Salinas Pliego, quien usa sus medios de comunicación para denostar al gobierno federal por cobrarle impuestos, el ritmo de narrativa es el mismo, ya sea denunciarlo de “populismo, comunista, dictador”, y que ahora es “autoritario y tirano”, tal como Marko Cortés así lo designa.
“En estos momentos, en un contexto marcado por la violencia y una persistente corrupción en el gobierno, muchos mexicanos se encuentran en una encrucijada: mantener y fortalecer los principios democráticos o ceder ante la tentación de un liderazgo autoritario”, añadió.
Y en la cuenta X del Partido de Acción Nacional dice: “México tiene dos opciones, mantener y fortalecer los principios democráticos o ceder ante la tentación de un liderazgo autoritario, avanzar o retroceder”.
Marko Cortés al estilo de la ultraderecha de Miami o de Madrid, aseguró que el presidente Andrés Manuel López Obrador es un "tirano", como los hay en Venezuela o Cuba, y que esto es lo que está detrás de su ataque "misógino y autoritario" contra la ministra presidente de la Suprema Corte, Norma Piña.
"Acción Nacional expresa su total respeto y respaldo a la ministra presidenta de la Corte, Norma Lucía Piña Hernández, y por medio de ella a todo el Poder Judicial, injustamente acosado y acusado por López Obrador, quien, como siempre, ataca sin pruebas, solamente porque intenta someter y desprestigiar a los jueces", dijo.
"Los ataques de López Obrador contra la presidenta de la Suprema Corte, demuestran su talante misógino y autoritario, su afán por acabar con la separación de poderes y con la democracia, justamente como ha ocurrido en Cuba, Nicaragua, Venezuela o Corea del Norte", agregó.
El grito de “¡Fuera Petro!”, la consigna predominante en las movilizaciones del 21 del presente mes en Colombia, estuvo acompañado de expresiones clasistas y racistas contra el jefe de Estado y su vicepresidenta Francia Márquez, a quienes se atacó por sus humildes orígenes sociales, el color de su piel o sus formas de expresarse. Entre pancartas y “Petro, no dejaremos que nos lleves al comunismo”, “Abajo la estatización de la economía” y “Esto no es Venezuela”, se confundían con calificativos de terrorista y asesino hacia el mandatario.
Consignas que emite la burguesía en diversos países en América Latina contra gobiernos que consideran enemigos de la “democracia”; grupos de extrema derecha, financiados por el Departamento de Estado del imperialismo norteamericano y su instrumento USAID, quien en México tiene a X. González con sus Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad en su agenda.
Precisamente, no son momentos aislados del actuar de la SCJN en su filtración de una denuncia “anónima” en contra del ministro en retiro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, por utilizar ilegalmente su cargo como presidente de la Corte y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), cuestión que en ocasiones se acepta una “denuncia anónima”, para proteger al denunciante, sin embargo, ésta entra a un proceso de análisis y de investigación que se desarrolla de una semana a meses, por lo que la política a la que recurre la ministra Norma Piña corresponde a los intereses de X. González, quien al no poder sostener a la candidata Xóchitl Gálvez en una posición privilegiada frente a la candidata Claudia Sheinbaum, la desesperación y frustración la encaja contra Zaldívar, al tener un papel de planear las reformas al Poder Judicial entre otras, si Morena y aliados logran mayoría en ambas cámaras y cumplir el plan C, que determinaría una transformación radical a los intereses de la élite de la corrupción desde Carlos Salinas a Enrique Peña, tiempo en que se calienta más al determinar negar la candidatura a Francisco Cabeza de Vaca ante sus antecedentes y calidad de prófugo de la justicia.
Si la pretensión de someter a Zaldívar a un procedimiento legal es minar la imagen de Sheinbaum las encuestas dicen lo contrario, porque la fortaleza casi inmutable de la candidata de Morena frente a Xóchitl y sus acompañantes Alito, Marko y Zambrano, quienes no consideró X. González de poseer largo historial negativo.
Si agregamos la recién encuesta publicada por el periódico El País este 22 de abril, cuya cabeza sentencia: “Sheinbaum mantiene su pétrea ventaja, Gálvez no avanza y Máynez sube escalón a escalón”, remarca el problema.
Norma Piña no calculó la petición de X. González el efecto negativo de encauzar una denuncia no sustentada del todo y su filtración, porque de acuerdo a abogados y dos constitucionalistas consultados, el procedimiento en sí, cae en la ilegalidad, porque se suprime el criterio de legalidad y Estado de Derecho, al dejar en claro que existe un interés negativo de lawfare; agregan que el acomodar a intereses la liberación de Rosario Robles, dar mejor condición jurídica a Lozoya Austin como a Murillo Karam, Ricardo Salinas y, el caso más reciente de Abraham Oseguera Cervantes, alias “Don Rodo”, obtuvo una suspensión de plano por parte de una jueza federal del Juzgado Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal. El hermano de Nemesio Oseguera Cervantes, quien es líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), la corrupción del sistema judicial ya no debe permitirse.
Consideremos que Norma Piña tiene complicidad con Isabel Miranda de Wallace, donde otros integrantes de la SCJN, también están relacionados con Estrategia Legislativa de MCCI de X. González.
La historia da para más.
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