En los últimos cuatro años, México ha sido testigo de un flujo constante de migrantes, tanto documentados como indocumentados, con cifras que ascienden a más de 2 millones de personas, según datos de la Secretaría de Gobernación. Sin embargo, lo que resulta más llamativo es que solo un pequeño porcentaje, el 5.2%, cuenta con un permiso de trabajo, mientras que un 3.7% tiene una solicitud de residencia permanente por razones humanitarias.
Este fenómeno es preocupante porque refleja que una gran cantidad de personas extranjeras se encuentran en condiciones precarias y sin la posibilidad de integrarse activamente a las ciudades donde se están alojando
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En su portal, sumamente interactivo, la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación deja ver los cálculos sobre la migración irregular en el país y es sumamente relevante que en el último año llegó casi un millón de migrantes en condición irregular, quienes se encuentran en Tabasco, Chiapas, Veracruz, Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León,
En el año 2020, ingresaron 176,038 migrantes. Pero esta cifra aumentó a 425 mil en 2021; 577, 264 para 2022 y 912 mil para 2023.
A pesar de esta creciente presencia, la mayoría de extranjeros no encuentran espacios laborales en el país. Esta realidad plantea la pregunta crucial de cómo aprovechar el potencial de esta población migrante para el beneficio mutuo de los individuos y del país en su conjunto.
Ciertamente hay iniciativas, sobre todo de organismos internacionales en coordinación de organizaciones civiles para asistir a los migrantes para encontrar empleos, pero lo cierto es que un gran porcentaje de ellos sobreviven con empleo precarios y con ayuda de familiares que residen en Estados Unidos, quienes por lo general son quienes fondean sus viajes.
Periódicos de la CDMX con frecuencia publican reportajes sobre las condiciones en que se encuentran los migrantes en México, quienes sí comienzan a reelaborar sus proyectos migratorios para quedarse en México, pero muchos buscan hacer sus citas en el portal de la Patrulla Fronteriza estadounidense CBP One, para pedir asilo en el vecino país del norte.
Mientras esperan, se emplean en trabajos informales como vendedores, vigilantes, repartidores de agua, limpieza, con lo que se ayudan para pagar sus gastos de renta, la comida, además de los pasajes para poder seguir viajando hacia el norte.
En la Ciudad de México trabajan en La Merced, en el mercado de mariscos La Nueva Viga y en Puebla, se les ve en la Central de Abasto, o de plano, pidiendo dinero en cruceros y en las avenidas principales de Cholula y de la capital poblana.
Toda esta reconfiguración de México como país de destino de esos flujos migratorios, ya se lo he platicado, tiene su origen en la externalización de la política migratoria de Estados Unidos, cuyos efectos se han acrecentado desde 2018.
En un abrir y cerrar de ojos, México se percató de que no solo era un país de tránsito, sino el último país de tránsito, una condición geopolítica que no había sido tomada en serio por el gobierno mexicano, cuya respuesta ha sido la criminalización y persecución de extranjeros. La Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración están dedicados a perseguir migrantes, más que a otra labor.
Mire, de esos dos millones de personas, no creo que se quieran quedar en México ni la mitad. Quizás el verdadero reto de México como nuevo país de destino es gestionar la posibilidad de incorporar esa gran cantidad de personas a la maquinaria económica y aprovechar su gran potencial porque muchos vienen con carreras terminadas o son técnicos de alto nivel, o incluso aprovechar el potencial de personas sin ninguna calificación.
Tenemos que aceptar que ya somos país de destino y comenzar a elaborar políticas públicas enfocadas a esa nueva realidad. Eso es todo.