El empoderamiento y crecimiento de las organizaciones criminales que operan en el globo son en buena medida resultado de un mundo cada vez “más fragmentado, dividido y conflictivo, en el que la desigualdad económica y social, así como la inestabilidad política generan las condiciones perfectas para la prosperidad de la economías ilícitas”. Esta premisa se plantea en el Índice Global de Crimen Organizado 2023, elaborado por The Global Initiative Against Transnational Organized Crime, que es una herramienta de análisis que ayuda a entender mejor este fenómeno y también, a reconocer la importancia de que los países tengan altos niveles de resiliencia.
En el índice, la resiliencia se entiende como “la capacidad de resistir y desmantelar las actividades del crimen organizado en su conjunto, en lugar de por mercados individuales, mediante medidas políticas, económicas, jurídicas y sociales”. La puntuación que se le da a cada país va en relación con el grado de eficacia que tienen dichas medidas. Hay doce indicadores de resiliencia y algunos de esos son: transparencia gubernamental y rendición de cuentas; cooperación internacional; apoyo a víctimas y testigos y liderazgo político y gobernanza.
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Incorporar esta variable me parece esencial en un contexto político internacional marcado por una fuerte desilusión hacia la democracia y en el que las tendencias a mirar al autoritarismo como una alternativa para resolver los problemas sociales son cada vez más frecuentes. De hecho, uno de los hallazgos clave del índice es que los países clasificados como democracias plenas según la Unidad de Inteligencia de The Economist tienen niveles más altos de resiliencia al crimen organizado que los regímenes autoritarios. Lo que demuestra, como plantea el informe, que las buenas prácticas de gobierno y la participación activa de los ciudadanos sientan las bases para elaborar respuestas, tanto estatales como no estatales a los retos criminales.
Sin embargo, con o sin democracia, actualmente casi el 83% de la población mundial vive en países con altos niveles de criminalidad; en los resultados del índice de 2021 esta cifra era del 79% lo que indica que hubo un incremento del 3%. El parámetro que sí disminuyó es el de la proporción de personas que viven en condiciones de baja resiliencia al crimen organizado: hoy, el 62% de la población global habita en países con baja resiliencia, en comparación con el 79,4 % del 2021, pero esto no se debe a un avance en la resiliencia mundial, sino a que China tuvo una mejora en su puntuación sobre este indicador. Lo que en realidad muestran los resultados es que la brecha entre criminalidad y resiliencia está ampliándose.
Además, otro aspecto preocupante es el alcance y el aumento de la influencia que tienen los actores criminales (el índice los clasifica en cinco tipos). Los hallazgos indican que este incremento se observa en todos los tipos criminales y en casi todas las regiones (África, Asia, América y Europa), con excepción de Oceanía. El cambio se produjo tras el levantamiento de las restricciones por la pandemia, pero también por la irrupción del uso del ciberespacio en donde los criminales tienen más oportunidades de operar. Si de por sí el factor de lo transnacional dificulta el rastreo y desmantelamiento de las organizaciones, en el ámbito digital la situación se complica aún más. Hoy en día es posible realizar un crimen en el otro lado del mundo con un simple “click”.
Todavía más grave es que los actores clasificados como “integrados en el Estado” son el tipo de actor criminal predominante, posición que también ocuparon en el índice del 2021. Aunque en cada país varía el grado en que la criminalidad permea al aparato estatal es un hecho que “la participación y/o la facilitación del crimen organizado por parte del Estado se ha incrementado y el Índice ha comprobado que los más afectados han sido la trata de personas, el tráfico de armas y los delitos contra los recursos no renovables”. Además, la infiltración criminal en las instituciones “debilita la capacidad de los países para aumentar la resiliencia y trazar políticas eficaces para contrarrestar el crimen organizado”.
Al respecto de lo anterior, en el índice 2023 se explica que esta correlación negativa implica que, mientras más importancia alcanzan los actores integrados en el Estado en un ámbito determinado, los niveles de resiliencia serán menores. Esta información es muy relevante en regiones como Latinoamérica en la que muchos países como, por ejemplo, México o Ecuador están enfrentando el secuestro de las instituciones estatales por parte de las organizaciones criminales. Baste decir que 19 de los 35 países de las Américas obtuvieron una puntuación de 6,0 o superior para dicho indicador de actores integrados al Estado, en una escala en donde el máximo es 10. En tanto, Paraguay, Venezuela y Nicaragua destacaron al tener una puntuación de 9,0.
No es sorpresa que en comparación con los resultados del índice del 2021, ·el continente americano presente un fortalecimiento de la criminalidad y, al mismo tiempo, un retroceso en la resiliencia: la puntuación promedio de criminalidad en las Américas aumentó a 5,20 (+0,13 puntos) desde el 2021. El informe observa que, aunque el cambio sea mínimo, cuando se analiza la puntuación individual de los países es claro que algunos han descendido significativamente en el indicador de resiliencia: en el caso de Ecuador cayó de 5,71 a 4,88 (+0,83), mientras que en El Salvador pasó de 3,71 a 3,21 (−0,50).
Creo que estas cifras son muy alarmantes cuando analizamos los contextos actuales de ambos países: por un lado la nación ecuatoriana se sitúa en un contexto de gran inestabilidad política y en una crisis de violencia e inseguridad sin precedentes y, por el otro, la nación salvadoreña, dirigida por Nayib Bukele, ha visto la puesta en práctica de políticas de seguridad muy duras para lidiar con el tema de la delincuencia y el crimen organizado, sin mencionar que, a pesar del apoyo popular del que goza su presidente, es un hecho que en su gobierno el país ha visto una importante regresión democrática. La cuestión aquí es que, como demuestran algunos de los hallazgos de este índice, la mejor oportunidad que tienen los países para encarar este complejo problema es incrementar la resiliencia en sus territorios.
Lograr tener altos niveles de resiliencia implica no sólo fortalecer a las instituciones sino también protegerlas de todos aquellos que buscan destruirlas. Se trata de crear mecanismos efectivos para prevenir y castigar la corrupción; de construir instituciones que garanticen la justicia, la seguridad y la integridad de la ciudadanía; de promover y salvaguardar la libertad de expresión; de crear y difundir una pedagogía ciudadana que incentive la participación activa de la sociedad civil; entre muchas otras acciones.
Hoy aterroriza el poderío que tienen las organizaciones criminales alrededor de todo el mundo. El hecho de que dichas organizaciones operen de manera transnacional ha complicado al máximo el margen de acción de los países y, por eso, instrumentos como el índice aquí mencionado son de suma utilidad para analizar con mejores elementos esta problemática, pero también para visibilizar las propuestas que surgen a raíz de los resultados obtenidos. Tras revisarlo, estoy convencida de la necesidad de aumentar la resiliencia en México y de buscar maneras para posicionar este tema en la agenda internacional porque la resiliencia nacional no es suficiente cuando se trata de un asunto de índole global.