Para conocer más de cerca el problema de la extorsión en México existen por lo menos tres formas, ninguna es mejor que la otra, son solo visiones distintas de un mismo problema.
La primera de ellas es sobre cómo ha crecido el delito de 2018 a 2023, tomando como referencia el periodo enero-diciembre de ambos años, el primero correspondiente al último año del sexenio anterior y el segundo al quinto año de la actual administración. En este sentido, el crecimiento ha sido del 62%, resultado de comparar las 6 mil 328 extorsiones denunciadas ante el Ministerio Público en 2018 contra las 10 mil 255 registradas en 2023.
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La segunda forma tiene que ver con las 32 mil 930 extorsiones totales registradas durante los primeros cinco años del sexenio 2012-2018 comparadas con las 48 mil 652 denunciadas en el mismo periodo de la administración 2018-2024, dando como resultado un incremento del 47.7%
La tercera está relacionada con la cifra negra (delitos no denunciados o que no han merecido la apertura de una carpeta de investigación) que ha registrado este delito durante los últimos cinco años completos, misma que se ha mantenido entre el 99.76% y 99.87%, la más alta desde que se lleva dicho registro, lo cual significa una impunidad casi total. Por años la cifra negra para 2018 fue de 99.87%, 99.8% para 2019, 99.82% para 2020, 99.8% para 2021 y 99.76% para 2022.
Un dato adicional es que desde 2016 el porcentaje de extorsión telefónica ha disminuido, pasando de 95.6% a 90.1% en 2022, sin embargo, la extorsión presencial, coloquialmente conocida como “cobro de piso”, ha aumentado en la misma proporción. De igual manera destaca que en este sexenio se han registrado los más altos porcentajes de casos en los que las víctimas han pagado la totalidad de las exigencias de los extorsionadores, siendo estos del 9% en 2021 y 8.7% en 2022, lo cual lejos de inhibir el delito lo incentiva.
Para el caso de Puebla, los datos disponibles solo permiten calcular la cifra negra correspondiente a 2020, cuando fue de 99.94% y ocupó el cuarto lugar nacional, siendo superado por Nayarit, Michoacán, Guanajuato, Tlaxcala y Yucatán con 99.99%, Sinaloa con 99.97% y Guerrero y Coahuila con 99.96%. En ese año las mejores cifras correspondieron a Tabasco con 99.66%, Querétaro con 99.77 y Estado de México con 99.78%, sin embargo, cualquier porcentaje superior al 99% solo es mejor relativamente ya que equivale a decir que fue el menos peor.
Lo anterior quiere decir que a nivel nacional y Puebla no es la excepción, se denuncian menos de dos casos por cada 1,000 que se cometen.
Peor aún, datos de la organización “Impunidad cero” indican que de cada 100 casos de extorsión que se denuncian sólo una se resuelve con detenidos y sentenciados.
Esto equivale a que solo se resuelven 2 de cada 10,000 casos de extorsión que se denuncian; prácticamente nada, por lo que la impunidad es casi del 100%.
Esta situación tiene que ver con la dificultad para reunir pruebas que permitan al Ministerio Público integrar un pliego de consignación robusto, ya que la mayoría de las veces es solo el testimonio aislado de la víctima y en el mejor de los casos algún registro de un número de teléfono celular que carece de un dueño formal, limitándose a obtener la voz del usuario del aparato si es que la víctima alcanzara a grabar la comunicación.
Tratándose de “cobro de piso”, en el cual no media llamada telefónica alguna y en el mejor de los casos solo existe un recado escrito en computadora o con fragmentos de revistas o periódico, las posibilidades de que los responsables sean identificados, detenidos y sentenciados es prácticamente nula.
De ahí que la “cifra negra” de este delito sea tan elevada, casi a la par de la impunidad con que los extorsionadores lo cometen de manera recurrente.
Quizá la mejor herramienta en contra de este flagelo sea la prevención más que la denuncia y eso se logra con información e “inteligencia que protege” (slogan de la marca BlackIND de la cual soy director de Estrategia) y un canal de comunicación eficiente entre la autoridad y las potenciales víctimas, que no propiamente pasa por el teléfono 911 ya que a la tercera vez que la contestadora automática le dice “marque 1,2 o 3” y no una voz cálida, amable y experta de un asesor de crisis que la víctima espera, la llamada habrá concluido.
Ante tanta dificultad una propuesta clave sería a problemas complejos soluciones sencillas; el problema es dónde encontrarlas y una vez halladas no desestimarlas.