Las elecciones locales de presidentes municipales, como la de presidente de la República y gobernador, están en curso, aunque empañadas por las primeras. Su preponderancia, seguidas por la de senadores y diputados, federales y estatales, los que buscan gobernar en sus respectivos pueblos han recibido poca atención de medios y analistas.
La salvedad son la capital y tal vez cinco ciudades grandes, fuera de ellas, cerca de 212 ayuntamientos se pierden en la neblina de la indiferencia, pero no a nivel local. En esos lugares los ánimos arden en lo alto. Es ahí, a ras de suelo donde los procesos de elección de nuevos gobernantes adquieren su mayor relevancia, pues en general los aspirantes son bien conocidos por el vecindario rural y urbano. Entonces no es el partido, o la plataforma, en el caso de tenerla, o las promesas, las que determinan. Es el buen nombre y la honorabilidad del prospecto y la familia, los que establecen el nombre de quién será el ganador. La de los pueblos es la democracia que más se apega al viejo criterio de democracia participativa, de asamblea, de raigambre ateniense. Por más que quiera cierta corriente de pensamiento nativista, la asamblea no es de Mesoamérica. Es europea.
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Aclaro desde ya que lo que llevo dicho hasta aquí es una versión idílica de elecciones municipales, correspondiente a los arqueológicos años ochenta y noventa del siglo pasado, de partido único, de decisiones centralizadas en la persona del gobernador, y en ocasiones, cuando se contaba con una buena relación, digamos, algún líder caciquil de alcance regional y movilizador de “pueblo”, hasta el mismísimo presidente de la República extendía su dedo santo hasta alcanzar lo más recóndito de la república, y entonces se hacía la magia en la persona del Gran Ungido. Así fuera de un pueblo rabón.
Aquel fue un modelo de participación de “grupos inmovilizados”, salvo cuando desde arriba se les instruía, en una dirección o en otra. Pero todo eso se acabó cuando apareció y se hizo efectiva la democracia electoral, a finales de los noventa, resumida en la fórmula: una cabeza-un voto. Con órganos electorales independientes de los poderes políticos y económicos, o relativamente independientes, y con el mandato de organizar, ejecutar y calificar las elecciones, los pueblos emergieron como sujetos políticos. Entonces el mundo político de los pueblos sufrió un cambio de 180 grados. Los pueblos adquirieron el derecho pleno de voto, pero no a ser votados. Ese derecho se mantuvo y se mantiene reservado a los partidos políticos y sus correas de trasmisión neocaciquiles.
En los pueblos los partidos representan la misma amenaza que las sectas protestantes y sus pastores. En la percepción local unos y otros son equiparables en muchos sentidos: ambos infligen males, muchos irresolubles. Son, por ejemplo, los causantes de romper la antigua concordia comunitaria y generar divisiones y conflictos, las más de las veces entre familias. Partidos y pastores acaban con su mayor patrimonio: la unidad que preserva al pueblo. Sin unidad hacia adentro no hay pueblo.
En esos contextos las posiciones políticas son radicales. Allí las ideas políticas y la adopción de candidatos son tomadas a pecho; los adversarios son enemigos, y muchas veces los son a muerte. Sin embargo, he aquí la tragedia, con el voto de los pueblos o sin él, los gobernantes en los pueblos siguen saliendo de las mismas familias, aunque a veces divididas, pero en general todos provienen del mismo tronco. Hasta en las Cholulas lo podemos ver de manera nítida, no obstante tratarse de ciudades conurbadas con la capital.
Entonces, las acciones de gobierno, los programas y proyectos, la construcción de infraestructura educativa y de salud, por ejemplo, se mantiene en la misma orientación: concentrada en la cabecera, porque allí están las familias y grupos pudientes; la fuente de reproducción de las fuerzas de poder. Cuando la obra pública sale de ese círculo es para beneficio de las clientelas políticas, la base social del grupo dominante.
La democracia electoral en los pueblos no impacta en el ejercicio de gobierno. Ni atiende el mandato legal que da sustento a los recursos del Ramo 33: la conformación de una asamblea (COPLADEMUN) con representación de todos los pueblos y sectores con facultad para determinar la orientación del gasto. El Ramo 33 es la principal fuente de ingreso de los ayuntamientos y, ojo, también el principal motivo de disputa electoral. Se trata de recursos federales para infraestructura (obra pública) que el presidente municipal maneja a libre antojo. La fórmula indica que, a mayor pobreza, más recursos. Incentivos no para acabar con los pobres, sino para administrar su condición.
Pues bien. Con la democratización de las elecciones en los pueblos, campesinos e indígenas, la vieja clase política fue amenazada de muerte, en gran parte por su pasado negro. Pero no se cruzó de brazos. Consciente de su impopularidad, se valió de la pobreza de los votantes y apareció el dinero bajo la mesa como recurso seguro para ganar elecciones. No era competitiva popularmente, pero sí lo podía ser económicamente. Fue como empezó una nueva etapa, en la que las elecciones locales se compran y venden al mejor postor. No es una quimera decirlo. En los pueblos el proceso electoral empieza con los pagos al partido (ayudas a los dirigentes). Los que saben de la cuestión afirman que esas “ayudas” se tasan con base en los recursos entregados al ayuntamiento durante el año en curso. Luego viene el pago a los grupos de movilización local, y el pago grande, la tarde noche del día previo a la elección. ¿De dónde sale tanto dinero?
Los expertos que han trabajado el tema desde la academia afirman que la verdadera reforma electoral federal que hace falta, no es la elección popular de los consejeros electorales como quiere el presidente López Obrador, su partido y partidos aliados. Lo que se requiere a gritos es una reforma constitucional que castigue la presencia de dinero ilegal en las elecciones. ¿Cómo castigarlo? Sencillo: retirando el registro a los partidos que sean encontrados pagando y cobrando candidaturas y votos.
Chayo News
Las elecciones para diputados federales están en curso. En el caso del Distrito I con cabecera en Huauchinango, los aspirantes por el partido Morena son alrededor de siete, tal vez más. Las listas son secreto de Estado, pero hay filtraciones. Se sabe que la mayoría de los “anotados” están vinculados con el aspirante derrotado, Nacho Mier. Ellos son un tal Julio Castillo, que nadie conoce; en el caso remoto que le suene es porque en la Ciudad de México hay un teatro muy importante que lleva ese nombre.
La señora Liliana Luna, quien ya fue representante popular local, y estuvo al frente de la Comisión de Cultura, y en la que no se le recuerda por promoción alguna relacionada con la mejora del sector ni del patrimonio cultural y artístico. Su representación fue en la segunda legislatura del exgobernador Rafael Moreno Valle, cuando más padeció el gremio y los bienes que le den sentido y lustre a la entidad.
Figura también en la lista un personaje de nombre Jorge Luis Fuentes, quien tiene en su haber actitudes de “descortesía” en público en contra de quien ahora es el Coordinador de Defensa de los Comités de la Cuarta Transformación en la entidad. También está Rafael Lazcano, un advenedizo de la política. Y el nombre de Carlos Lechuga Castelán, exdiputado, dirigente sindical de profesores, y activista regional de la Cuarta Transformación.