A tan sólo dos semanas del paso del Huracán Otis por Guerrero, el Gobierno Federal por medio del Diario Oficial de la Federación dio por terminada la Declaratoria de Emergencia de Acapulco, sin embargo, Acapulco está lejos de regresar a la normalidad.
El anuncio se dio al mismo tiempo de la aprobación del plan presupuestal 2024, donde como se dió a conocer hace unos días, los legisladores estuvieron en contra de destinar recursos para la reconstrucción del puerto afectado por el huracán.
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Así, el panorama completo, donde por su parte, AMLO indica orgulloso que Acapulco será sede de un evento internacional en diciembre, muestra autoridades alejadas a la realidad que legislan desde la comodidad de su privilegio.
El actual gobierno desde su campaña, dentro de su gestión y ahora ante las elecciones de 2024, se ha pronunciado como la opción que está transformando México, como el gobierno que se preocupa por su población. Sin embargo, en la práctica legislativa, tal y como estamos acostumbrados, se vela por los intereses de las mismas personas en el poder.
Ante la crisis que aún se vive en Acapulco, la ayuda ha sido limitada debido al poco presupuesto que se tiene para situaciones de esta índole. Donde, es importante recordar que, en 2021, se canceló el Fideicomiso del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) para financiar el proyecto del Tren Maya.
Este último proyecto de esta administración, realizado a pesar de la negativa y advertencia de colectivos y pueblos indígenas ante el daño irreversible que se está causando a los ecosistemas del sur del país.
Nuevamente observó que para legislar, la prioridad no es la población sino los deseos y caprichos de unos pocos individuos. Donde, se le da prioridad a temas económicos y mega proyectos antes que tomar con seriedad y compromiso temas como la desaparición de personas, feminicidios, violaciones a los derechos humanos, inseguridad, corrupción, impunidad, entre otros.
Otro ejemplo claro de ello, fue la reciente legislación en Puebla sobre los parquímetros. Donde la atención se centró en encontrar una solución ante el cobro por estacionamiento temporal en el Centro Histórico, donde fue cuestión de meses para que se diera una solución. Sin embargo, para legislar en temas como feminicidios o derechos de las mujeres se tardan años en analizar las propuestas.
Así, este tipo de situaciones, donde se ponen como prioridad el interés de quien gobierna antes que el bienestar de las personas, no habla de una transformación en el país. Habla de la continuidad a las mismas políticas de gobiernos anteriores, disfrazados de una bandera que dice a la cara a sus ciudadanos: “Nosotros somos diferentes”, mientras por detrás siguen llenando sus bolsillos de dinero.