A finales de julio, la Knéset (el Parlamento israelí) aprobó la primera de una serie de leyes que componen la reforma judicial del gobierno liderado por el primer ministro Benjamin Netanyahu. Lo relevante de este acontecimiento es que dicha ley representa una amenaza directa para la democracia israelí y visibiliza la complejidad de tener una sociedad cada vez más fragmentada.
La independencia de la Suprema Corte, en cualquier gobierno que pretenda ser democrático, es fundamental para garantizar la división de poderes y el sistema que en inglés se denomina “check and balances” (controles y equilibrios) que es el principio que rige a la democracia liberal; sin embargo, la nueva norma israelí y sus efectos, más bien socavan esta máxima.
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La legislación suprime la facultad de la Suprema Corte de usar la doctrina de la “razonabilidad”. Ésta, que también es aplicada en los tribunales de otros países como Reino Unido y Australia, consiste en la facultad de determinar si una política, decisión, o nombramiento gubernamental son adecuados y justos según los estándares legales establecidos. Como explica Bark Ravid (2023, en un artículo publicado en la plataforma noticiosa Axios, sin la posibilidad de aplicar esta facultad, se limita significativamente la capacidad de la Corte de supervisar las acciones y políticas del gobierno.
El objetivo de la división de poderes es que entre ellos se vigilen y se limiten para evitar el abuso de poder. La Corte israelí ha empleado su atribución para vigilar y acotar el poder del gobierno en turno. Por ejemplo, según información del Council of Foreign Relations (CFR), cuando Netanyahu nombró a Aryeh Deri como ministro de Finanzas, la Corte determinó que Deri no era elegible para el cargo pues tenía condenas previas por soborno, fraude, abuso de confianza, blanqueo de capitales y diversos delitos fiscales.
De hecho, en opinión del periodista Henrique Cymerman, quien fue entrevistado por El País, la Suprema Corte de Israel es probablemente el tribunal más activo de las democracias occidentales. Por lo que la aprobación de la nueva norma simboliza un retroceso sin precedentes para la democracia de ese país. No por nada la oposición se refiere a la reforma como un intento de “golpe judicial” por parte del gobierno de coalición de Bibi (el apodo de Netanyahu entre los israelitas), que además es el gobierno más derechista y religioso que ha tenido Israel en su historia.
La Knéset se compone por 120 escaños por lo que se necesitaba un total de 61 votos para que la ley procediera. El resultado de la votación fue de 64 votos a favor que corresponden al número de escaños que posee la coalición derechista. Dicha mayoría representa un gran obstáculo para la oposición, pues es muy difícil que logren imponerse a las propuestas del gobierno actual. Cabe señalar que el día de la votación, los opositores organizaron un boicot y decidieron ausentarse, no obstante, en términos prácticos dicha acción no tuvo efecto alguno para evitar que la ley se pasara.
Esta condición es sumamente preocupante ya que como mencioné, esta ley es sólo una de un amplio paquete de iniciativas para modificar el sistema judicial. Más adelante se esperan propuestas para cambiar el proceso de nombramiento de jueces, así como dar más poder a los políticos en dicho proceso. Lo que es otra señal de alarma porque de nuevo, se prioriza el poder político sobre el equilibrio de pesos y contrapesos que supuestamente debe existir entre los tres poderes.
Aunque hace unos días el primer ministro declaró, por primera vez, que su gobierno se desistiría de varias de las reformas planteadas, lo que es resultado de las constantes y masivas protestas que han realizado diversos grupos ciudadanos; la modificación en el sistema de nombramiento de los jueces es una de las reformas que todavía intentará implementar, a pesar de las consecuencias.
Uno de los argumentos de la coalición derechista es que el poder judicial se ha convertido en una rama del gobierno que no rinde cuentas y que ha usurpado el poder de la Knéset y el gobierno para establecer políticas (CFR), pero la realidad es que en la coalición hay un sector ultranacionalista que percibe las acciones de la Corte como demasiado “progresistas”. Baste recalcar que este Tribunal ha sido la única institución a la que pueden acudir los palestinos de Cisjordania para defender sus derechos, principalmente en lo que respecta a disputas territoriales con colonos israelíes (Ravid, 2023).
Lo que demuestra que el trasfondo del debate político y la reforma tiene un componente de identidad nacional que no debe ser ignorado, pues refleja a su vez la complejidad de la composición de la sociedad israelí. Sin embargo, hay otro aspecto crucial para entender la urgencia de Netanyahu para agilizar la reforma: el primer ministro, quien ocupa el cargo por tercera vez, está siendo enjuiciado por fraude, abuso de confianza y soborno. Por lo que la oposición ha denunciado que este hecho, lejos de ser una coincidencia es un intento desesperado de Bibi para anular el juicio.
Con Netanyahu tenemos un ejemplo más de políticos que hacen lo que sea necesario para permanecer en el poder, incluso, cambiar las leyes y el sistema para su beneficio personal y, en el caso del primer ministro israelí, para evitar a toda costa la posibilidad de ser declarado culpable y con ello escapar de la prisión. Esto también explica porque el líder se alió con sectores ultraconservadores y ultranacionalistas que lo han orillado a promover una agenda de gobierno mucho más extremista en contraste a sus mandatos anteriores.
Este cambio en sus políticas no ha pasado desapercibido, al contrario, ha generado una respuesta inédita por parte de diversos sectores de la ciudadanía: empresarios, sindicatos, académicos, abogados, exfuncionarios, etcétera. Así, cientos de miles de personas han tomado las calles de la capital y de las ciudades más importantes por seis meses consecutivos (desde que se anunció la reforma). Una de las presiones más fuertes y efectivas la están ejerciendo reservistas del ejército, en particular los pilotos de la fuerza aérea, pero igual se han sumado unidades de fuerzas especiales y oficiales de inteligencia.
El ejército israelí depende en buena medida de los reservistas y cientos de ellos advirtieron que no se presentarían a servicio si la ley se aprobaba. Con cada vez más reservistas negándose a participar en sus deberes, los altos mandos de las fuerzas armadas ya han expresado su preocupación de que dicha situación provoque alteraciones en las operaciones de seguridad del país. Dada la importancia del tema de seguridad nacional para Israel, esta cuestión sin duda ha puesto a Netanyahu en un gran aprieto.
Por último, también está el factor de la presión internacional en el que impacta sobre todo la posición que adopten los Estados Unidos, el aliado de Israel por excelencia. Ante la nueva ley y la reforma en general, tanto Joe Biden como congresistas demócratas han externado su preocupación respecto a las consecuencias que ésta tendrá no sólo para la democracia, sino para la población israelí. Una prueba clara de que la relación bilateral no está en sus mejores momentos es que el primer ministro israelí, no ha hecho ninguna visita a Washington desde que asumió el poder a finales de 2022 y todo indica que a corto plazo no recibirá una invitación de la Casa Blanca para realizarla.
En síntesis, la crisis política que enfrenta Israel no es algo reciente y no debe tomarse a la ligera porque como se ha visto en otros países, los extremismos, sin importar sí son de derecha o de izquierda, nunca traen nada bueno. Más bien dividen y dificultan el consenso social. La estabilidad de la democracia israelí está en riesgo y depende en buena medida de cómo se desarrolle este contexto en las próximas semanas.