La desaparición de los auditores externos para revisar las cuentas públicas del gobierno estatal y municipios, permite que haya los “hoyos financieros”, ya que la Auditoría Superior del Estado (ASE), carece del personal para hacer las auditorías correctamente.
Este hecho tiene su origen cuando el día 17 de agosto de 2022, el Gobierno del Estado de Puebla publicó en el Periódico Oficial un comunicado de la Auditora Superior del Estado, C.P. Amanda Gómez Nava, con relación a la Convocatoria Pública para Auditores Externos 2022, sobre la integración del Padrón de Auditores Externos autorizados para el ejercicio 2022; que señala: “ninguna de las personas aspirantes obtuvo el resultado de idoneidad con la finalidad de ser auditor externo para el año 2022”, lo que originó que 72 despachos de contadores públicos y cerca de 700 profesionales de la auditoría no realizaran la revisión de 350 sujetos obligados entre entidades del gobierno del estado y municipios.
Más artículos del autor
Las consecuencias son los hoyos financieros que hoy pesan sobre las finanzas estatales como los 600 millones de pesos en inversiones que se realizó en Accendo Banco, institución que desapareció y no se tiene la certeza de recuperar ese dinero. Quien fue la secretaria de Planeación y Finanzas en el momento de ese desfalco, Teresa Castro Corro admitió que se depositó el dinero en esa empresa, y fue ella quien lo invirtió durante el gobierno de Miguel Barbosa. Y ese dinero prácticamente ya se perdió.
Otro lamentable hecho es la deuda de 722.3 millones de pesos al Servicio Administración Tributaria (SAT) por no pagar del Impuesto Sobre la Renta (ISR) retenido. Estos dos hechos son apenas la punta del iceberg de cosas seguramente más graves, debido a que por 2021, 2022 y 2023 el gobierno estatal, los organismos autónomos y los municipios no han sido auditados adecuadamente y han estado sin una eficiente revisión y control de los dineros públicos que manejan.
¿Quiénes son probablemente las responsables de estos hechos? Por un lado, quien fue la secretaria de Finanzas y Planeación, Teresa Castro Corro, y también quien debió cuidar en buen manejo de los dineros públicos es Amanda Gómez Nava, la Auditora Superior del Estado (ASE) la que podrá decir que ella no estaba en funciones cuando esos hechos ocurrieron, pero no es así, ya que ella fue la secretaria de la Función Pública del Gobierno de Puebla hasta el mes de mayo de 2022 y después fue elegida como Auditora Superior de Puebla. Por lo que en tiempo y forma siempre estuvo involucrada en estos costosos hechos.
Además de deslindar responsabilidades es momento de valorar seriamente volver a recurrir a despachos externos de auditoría para revisar el correcto manejo de las finanzas públicas estatales; sin duda ya para el ejercicio de esa actividad profesional se les exige además de la capacidad técnica, el llevar a cabo los trabajos en base al Código de Ética Profesional, que es el conjunto de normas morales que constituye una marca distintiva de la profesión contable; es la aceptación de su responsabilidad de servir al interés público.
El Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C. (IMPC) se ha dado a la tarea de desarrollar un Código de Ética que permita a la profesión tener una guía de actuación y que se encuentra vigente a partir del 1 de octubre de 2012. Los principios fundamentales de ese Código de Ética son: integridad, objetividad, diligencia y competencia profesional, confidencialidad y comportamiento profesional.
Que regresen ya los auditores externos a la revisión de las cuentas públicas por el bien de Puebla.