Derivado de la sesión en la que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó la primera parte del famoso Plan B electoral, con base en una serie violaciones probadas al proceso legislativo, lo que podemos esperar sin duda es una serie de nuevos ataques al Poder Judicial mexicano desde Palacio Nacional.
Y es que no era gran ciencia, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) es muy clara en la manera cómo se debe llevar a cabo el proceso legislativo en sus artículos 71 y 72, así como en los respectivos reglamentos de las cámaras.
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Por mayoría de votos, en los cuáles Yasmín Esquivel, con ese derroche de autoridad moral que la caracteriza, además de la ministra Loretta Ortiz, quienes votaron en contra del proyecto, la SCJN declaró la invalidez de la primera parte del Plan B, mismo que consistía en un decreto que reformaba la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades administrativas, decreto publicado el 27 de diciembre de 2022 en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
La señal es clara. El Poder Judicial en México se ha hecho valer como lo que es: un poder tan importante y relevante como el Ejecutivo o el Legislativo. Que quede claro, y a la ministra Norma Piña le queda muy claro que el poder que ella preside no se encuentra de ninguna manera subordinado al Poder Ejecutivo, lo mismo que el resto de los ministros que votaron en sentido contrario a la intención de éste. Incluso, la flamante consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), recientemente se apostó por la permanencia de los Organismos Públicos Locales (OPLES), contrario al sentido de parte del mismo Plan B. ¡Cuidado! Las décadas invertidas en el aprendizaje del fortalecimiento de la democracia en México han echado raíces tan profundas que el mismo titular del Ejecutivo Federal no imaginaba.
No solo eso. Los acontecimientos recientes en los que se aprobaron casi 20 reformas a leyes en la antigua Casona de Xicoténcatl, como sede alterna, violando de igual forma una serie de procedimientos legislativos podría correr la misma suerte. Al tiempo.
Lo que se ve no se juzga. No lo digo yo, es solamente cuestión de ver los hechos, que si me los hubieran contado no los hubiera creído, en los que se advierte de lejos una carrera por el control absoluto de las instituciones, y de no ser así, su extinción o congelamiento a como dé lugar, o si no, pregúntele al Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), el objetivo es la concentración de poder en un solo hombre en una carrera desesperada contra el tiempo. Si esto no se llama camino a una dictadura, entonces, que alguien me explique cómo le llamaría.