La iniciativa de Ley Minera que presentó el 24 de marzo del año en curso el presidente Andrés Manuel López Obrador es un conjunto de reformas a diversos ordenamientos legales para limitar el extractivismo minero, la sobreexplotación del agua y fortalecer la regulación del Estado para cuidar y proteger el medio ambiente.
En mi entrega pasada, Ley Minera, un saldo histórico, expuse las connotaciones en materia de extracción de nuestros recursos minerales: oro, plata, cobre, mármol, zinc, carbón, etcétera; sin embargo, muchos de los lectores, principalmente en Puebla capital, mostraron más interés en profundizar sobre el impacto que tendrá en nuestro municipio las modificaciones en la Ley General de Aguas de 1992. Lo anterior responde a la permanente insatisfacción con la proveeduría del derecho humano al agua, que actualmente se encuentra concesionada a la empresa Agua de Puebla Para Todos.
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Las reformas que se proponen a la Ley General de Aguas contempla establecer un régimen de regulación que incluya requisitos, obligaciones, vigencia y supuestos de revocación de las concesiones de agua en el caso de que no se cumplan, y se afecte el medio ambiente o, como en el caso de Puebla, no se garantice el derecho humano (que no un mero servicio).
Actualmente el 75 por ciento del agua se destina a la gran industria, entre ellas las mineras, dejando el resto al consumo humano. Esto debe cambiar. La producción y creación de riqueza es fundamental, sin embargo, se debe priorizar a la gente, porque antes que todo está la vida; por ello, esta reforma pretende frenar el abuso de los titulares de las concesiones mineras que acaparan el vital líquido. Además, esta ley amonestará severamente a las empresas que contaminan, sobreexplotan o extraigan ilegalmente nuestros recursos hídricos.
Este nuevo modelo privilegia la vida, por encima de la concentración de la riqueza, que dicho sea de paso beneficia principalmente a capitales extranjeros. Tan solo para tener una estimación según la Colectiva Cambiémosla Ya la actividad extractiva de minerales metálicos y no metálicos contribuye con apenas el 0.97 por ciento de la recaudación total del Gobierno Federal, entonces ¿quiénes se quedan con las ganancias? Los extranjeros.
En ese sentido, es un absoluto despropósito permitir que nuestro territorio permanezca concesionado —actualmente más del 60 por ciento se encuentra en esta condición—, si la riqueza no se queda en nuestro país.
Puebla capital no es un municipio en donde haya una actividad minera preponderante, sin embargo, las reformas en materia de ambiente sin duda alguna permitirán que las familias poblanas encuentren mayores elementos jurídicos para salvaguardar su derecho al agua y al medio ambiente. En un corto plazo eso puede significar que haya una mejora en el servicio, o de lo contrario que la concesión, otorgada en 2013 por Eduardo Rivera a la empresa Agua de Puebla, se revoque y que el municipio recupere la rectoría de este servicio para garantizarlo como un derecho humano.
Tw @acarvajalh