En 2006, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) contendió por primera vez a la Presidencia de la República. Un fraude electoral robó la victoria y la diferencia “supuestamente” entre el primer y segundo lugar, fueron de poco más de 300 mil votos.
Esa elección fue una de las más polémicas y documentadas de la historia electoral de México. Entre las diversas injusticias es importante destacar que los grandes capitales complotaron para crear el estigma de que AMLO era “Un peligro para México” y que los otrora Instituto Federal Electoral (IFE) y Tribunal Federal Electoral (TRIFE) estaban cooptados por una élite burocrática que se sostenía a través de las concertaciones de partidos políticos (PRI y PAN, principalmente). ¿Qué intereses estuvieron detrás de tal canallada?
Más artículos del autor
La campaña Por el Bien de Todos enarboló entre otros grandes temas el de las concesiones mineras y desde 2006 ya se denunciaba que más del 60 por ciento del territorio mexicano se encontraba concesionado, que la extracción minera desde 1982 había extraído más que la Corona Española en 300 años y que las condiciones laborales en el país empeoraban y precarizaban año con año a millones de mexicanos.
El tema no había sido retomado con prioridad por el Gobierno de México, sino hasta que el 24 de marzo de 2023 el Presidente de la República presentó una iniciativa que modifica diversas disposiciones legales en materia de minería, agua y medio ambiente. La llamada Ley Minera promete ser de gran impacto en materia económica, política y social, ya que recupera nuestra soberanía, defiende a los trabajadores y fortalece la legislación para cuidar el medio ambiente. A continuación destacó algunos elementos fundamentales:
Se reduce el tiempo de duración de las concesiones de 50 años a 15; establece una serie de parámetros socioambientales para que las empresas cumplan un objetivo social, de tal suerte, que si incumplen, la concesión les sea revocada. Es el mismo caso para las concesiones de agua que han sido omisas e ineficientes como la empresa Agua de Puebla.
Además acaba con la especulación mercantil de las concesiones, ya que prohíbe su transferencia entre particulares; establece delitos para quienes realicen extracción ilegal, cobros o tráficos ilícitos de recursos minerales, disposiciones que tienen por destinatario el mercado negro y un apartado por demás interesante: establece como delito que el empleador menoscabe o ponga en riesgo la seguridad de los trabajadores.
Este conjunto de modificaciones, hasta ahora conocidas sintéticamente como Ley Minera, es quizá una de las reformas más ambiciosas, progresistas y soberanistas que se han impulsado en este sexenio; la tribuna en que se discutirá es la Cámara de Diputados; sin embargo, la oposición y empresas extranjeras acudirán al tribunal de la opinión pública y también a su constante estrategia de judicializar la política. Ante estos embates, resistiremos y desde mi posición en el Congreso votaré a favor de los intereses de nuestra patria.
Tw: @acarvajalh