Para entender cómo se fueron creando y consolidando los grupos delictivos es muy importante explorar las conductas seguidas por los gobiernos de corte neoliberal, correspondientes a los sexenios comprendidos en el intervalo que va entre los presidentes Miguel de la Madrid y Enrique Peña Nieto, periodo que duró treinta años. En ese lapso se impuso para nuestro país lo que se conoció como la estrategia neoliberal.
La esencia de ese modelo se puede resumir en lo que se denominó como cambios estructurales, entre los que se destaca el rumbo a reducir el papel del Estado al mínimo y la orientación a impulsar las privatizaciones. Es prudente destacar que, la estrategia seguida por los herederos del ideario de la Revolución Mexicana había dado al traste lo mejor de ese modelo, por las ineficiencias asociadas a la falta de compromiso con el ideario y a la orientación hacia el enriquecimiento a costa del erario. Cuando se presentó una profunda tendencia a conductas de corrupción, a la ineficacia por la integración a los cargos de responsabilidad a los miembros de la familia revolucionaria sin compromiso con el ideario y con nula experiencia en la asunción de las responsabilidades. Para superar lo mencionado, en lugar de impulsar un saneamiento de la de las conductas para aquellos que se integraban a las responsabilidades, se procedió a cambiar los criterios que normaron la acción de los que asumían la responsabilidad de gobernar, así que se orientó a poner en manos del mercado la responsabilidad de consolidar a la sociedad mexicana.
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Se pretendió, que lo mejor para superar los problemas de México sería que los criterios asociados a conseguir la eficiencia y la eficacia se debían orientar por la máxima ganancia, en ese plano general se obtuvo un rotundo fracaso, la mala distribución de la riqueza se profundizó y los mexicanos en pobreza extrema aumentaron. La actuación de las autoridades acentuó su tendencia a privilegiar las actitudes parciales y, en resumen, hacer de este un instrumento sesgado en favor de los que se asocian al poder político y al económico. De esto que menciono muchos estudiosos han dado cuenta de ello, la mayoría de los mexicanos manifestamos nuestro desacuerdo con el modelo neoliberal que pone al poder en manos de los que más tienen; ello se manifestó en la elección del 2018 en donde la mayoría de los resultados electorales favorecieron a los críticos del modelo neoliberal, en ese proceso se eligió al gobierno progresista de Andrés Manuel López Obrador (AMLO)
En esta reflexión pretendo resaltar el hecho de que el cambio mencionado se tradujo en la oportunidad de valorar lo que significó para el tratamiento de uno de los problemas importantes de nuestro México, cuando con el presidente Miguel de la Madrid se decidió iniciar el camino neoliberal, que entre otras medidas significó marchar por el camino de reducir el papel del Estado al mínimo y abrir el camino para la irrupción de las privatizaciones, el tratamiento del problema de la criminalidad y de la violencia también tendió a recibir un procedimiento de acuerdo a los criterios del mercado.
En el caso de la violencia asociada a las actividades de los cárteles de las drogas, que son parte de la estructura de los grupos violentos, se venía abordando con la estrategia prohibicionista, la que corresponde con la estrategia internacional seguida en el planeta, pero de manera especial con la diseñada por los Estados Unidos de América. Tal hecho solo se puede superar si algún organismo con autoridad para hacerlo modifica dicha estrategia. La sugerencia sería marchar como lo hizo E.E. U.U. con el tráfico del alcohol que fue regulado en su producción distribución y consumo, lo que significó poner fin a la violencia asociada al tráfico de esos productos, de ese modo se terminó con el poder de los Al Capone.
En México lo que sucedió con las privatizaciones es que el mercado negro de las drogas (mercado ilegal) pasó del control público al control privado y los zares antidrogas, nombrados por el gobierno; pasaron a ser substituidos por las redes que incluyen a los jefes de los carteles, funcionarios del gobierno que vendían protección a los narcotraficantes, a los lavadores de dinero donde se encuentran algunos empresarios industriales, comerciantes y financieros y a los que de alguna manera los narcotraficantes los convertían en sus empleados. El remedio, en mi modesta opinión, estriba en convertir el negocio de las drogas en un negocio ordinario, para ello se tiene que cancelar el mercado ilegal de esos productos y pasarlo a ser un negocio rentable pero controlado por el Estado.
En el paso de lo público a lo privado se desenvolvieron los grupos del crimen organizado, así tenemos que:
El expresidente Ernesto Zedillo tiene varias deudas con la justicia mexicana, entre las que destacan: el latrocinio del Fobaproa –delito continuado pues se terminará de pagar hasta 2042– y demás rescates de la oligarquía con dinero público; los presuntos nexos de su familia con el cártel de los Amezcua Contreras; las masacres de Acteal, El Charco, Aguas Blancas y El Bosque, considerados crímenes de lesa humanidad que no prescriben. La estrategia de contrainsurgencia que aplicó en su gobierno contra el EZLN; así como la retahíla de privatizaciones de los bienes de la nación y el perdón fiscal que su gobierno otorgó a sus hermanos (Contralínea, miércoles, abril 05, 2023)
Corría el año 2001. El presidente Vicente Fox tenía poco más de un año de haber tomado posesión como mandatario cuando ocurrió un hecho que daría la vuelta al mundo y marcaría su presidencia: la fuga de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán de un penal catalogado como de “máxima seguridad”.
La escena parecía sacada de una película: la noche del 19 de enero de 2001, el narcotraficante Joaquín Archivaldo Guzmán Loera (en ese momento poco conocido, pero quien al paso de los años se convirtió en el capo más poderoso de México y el mundo) se escondió en un carro de lavandería de la prisión de Puente Grande, ubicado en el estado de Jalisco, y con la ayuda de un empleado de la cárcel, cruzó seis controles de seguridad hasta quedar libre.
Tras su escape, ‘El Chapo’ se convirtió en una especie de leyenda y aunque a partir de ese momento fue considerado el delincuente más buscado del país, pasaron trece años para que volviera a ser capturado (22 de febrero de 2014), pero de nueva cuenta se escapó de “El Altiplano” otra prisión de “máxima seguridad”, ahora a través de un túnel.
Su captura final ocurrió el 8 de enero de 2016 en Culiacán, Sinaloa. Fue extraditado a Estados Unidos y ahora cumple una sentencia de cadena perpetua en una cárcel de máxima seguridad.
La sombra de la primera fuga de ‘El Chapo’ puso en entredicho la administración de Vicente Fox. Surgieron acusaciones contra el mandatario y contra el entonces titular de la Agencia Federal de Investigación (AFI), Genaro García Luna, de corrupción y de recibir sobornos millonarios por parte del narcotráfico.
Luego del término de su sexenio (2000-2006), Fox Quesada se refugió en su rancho de San Cristóbal, ubicado en el estado de Guanajuato y desde donde habla ocasionalmente.
En el año 2014, se refirió a los señalamientos en su contra:
“Es de sonsos los que piensan eso. Es precisamente la falta de inteligencia de cómo se manejan los temas públicamente. Creo que es claro que es una tontería de quienes argumentan que fue el presidente Fox quien lo dejó salir o quien negoció su salida”.
Otro caso más es el de Ismael ‘El Mayo’ Zambada. En noviembre de 2018, durante el juicio contra “El Chapo” en Nueva York, Jesús ‘El Rey’ Zambada García, identificado como exjefe de operaciones del cártel de Sinaloa y hermano de Ismael “El Mayo” Zambada, testificó bajo juramento que a comienzos de la década de 2000 –durante el Gobierno de Vicente Fox– personalmente gastó $300,000 dólares al mes sobornando a militares y funcionarios de México.
“El Rey” Zambada aseguró que los sobornos fueron para funcionarios a nivel estatal y federal, así como a la policía internacional, la Interpol.
Después llegó el turno del colombiano Alex Cifuentes, quien vinculó a Vicente Fox y otros expresidentes de México con el narco, por lo que se desataron una serie de reacciones, entre ellas la de Fox Quesada que volvió a negar las acusaciones.
En enero de este año, el exmandatario le aseguró a CNN que nunca tuvo un ofrecimiento de acuerdos o pagos de parte de narcotraficantes y que no lo hubiera aceptado, en todo caso. “Nunca se me acercó ningún criminal”, declaró.
Dijo además que la justicia de Estados Unidos debía tener cuidado con las declaraciones que podía hacer un “soplón” como Alex Cifuentes, pues dudaba que dijera la verdad. "Esta idea de pagarles a criminales para que suelten la sopa, para que tengan reducción de su tiempo en condena produce que el criminal diga mentiras y mentiras. Y entre más declaraciones escandalosas dé sobre dos ex presidentes, más reducción tendrán. Entonces no se les puede creer”.
Vicente Zambada Niebla ‘El Vicentillo’ fue capturado en el año 2009. Fue extraditado a Estados Unidos en donde testificó en el juicio de Joaquín "El Chapo" Guzmán a cambio de una reducción en su sentencia.
Luego del testimonio del colombiano, llegó el turno de Vicente Zambada Niebla “El Vicentillo”, hijo de ‘El Mayo’ y sobrino de “El Rey”, quien negó que el exmandatario originario de Guanajuato hubiera recibido sobornos por parte de “El Chapo” Guzmán.
“La prensa dijo que ‘El Chapo’ sobornó al presidente Fox y al director del penal de Puente Grande, pero eso no fue verdad”, dijo el hijo del ‘Mayo’ Zambada durante su participación en el juicio contra el exlíder del Cártel de Sinaloa.
Pero justo esas últimas declaraciones de ‘El Vicentillo’ se contradicen con lo que le dijo a la periodista mexicana Anabel Hernández, a quien, además, le entregó el diario que lleva en la prisión.
Lo dicho por Zambada Niebla quedó plasmado en el libro “El Traidor”, escrito por la comunicadora experta en temas de narcotráfico. Ahí ‘El Vicentillo’ aseguró que funcionarios de seguridad por varios sexenios recibieron sobornos para dar protección y dejar pasar los cargamentos de droga del Cártel de Sinaloa, incluyendo altos mandos federales allegados a Vicente Fox.
Jesús ‘El Rey’ Zambada García, hermano de ‘El Mayo’, fue quien entregó USD 3 millones a funcionarios del gobierno de Fox, a través del titular de la Agencia Federal de Investigación (AFI), Genaro García Luna, para que se nombrara a Norberto Vigueras Beltrán como jefe regional de la AFI en Culiacán, Sinaloa, quien ya estaba “comprado” por el cártel. Así lo explicó “El Vicentillo”.
Su testimonio revela que incluso la Administración para el Control de Drogas estadounidense (DEA) sabía las actividades de los líderes del Cártel de Sinaloa, y en algunos casos usaron la información entregada por los propios criminales para atrapar a capos rivales, entre ellos a Francisco Arellano Félix y Arturo Beltrán Leyva. “La sombra de “El Chapo” persigue a Vicente Fox: una fuga inaudita y acusaciones de sobornos” (Infobae)
El primero de diciembre de 2006 Calderón arrancó su período de gobierno con un problema de legitimidad y en una atmósfera crispada. Para rebajar la tensión, ofreció diálogo político, anunció la austeridad de los gastos corrientes y prometió aumentar las partidas sociales. Igualmente, temprana fue la decisión más crítica de su mandato: involucrar en los operativos de seguridad, primero en Michoacán, al poco en Tijuana y posteriormente en los demás estados golpeados por la narcoviolencia, a la Policía Federal y el Ejército. La estrategia de militarizar la ofensiva contra las redes mafiosas, justificada por el presidente debido a la agresividad de unas bandas que se disputaban a sangre y fuego el control de territorios enteros, resultó infructuosa a pesar del número de capos capturados y, peor aún, exacerbó los niveles de violencia.
En 2010, el Año del Bicentenario, hubo más de 15.000 asesinatos relacionados con el crimen organizado. El Acuerdo Nacional por la Legalidad y la Seguridad, por el que el presidente esperaba implicar a todos los poderes públicos en la lucha contra "la principal amenaza para la paz y la libertad de los mexicanos", tampoco tuvo los resultados esperados.
Aunque el angustioso curso de la guerra al narco, cuajada de horribles atrocidades de los sicarios y salpicada de desafíos terroristas, drenaba recursos y energías, Calderón se empeñó en mostrar iniciativa política con medidas como la reforma parcial de los hidrocarburos, la cobertura universal en salud a través del Seguro Popular, el Programa de Desarrollo Humano Oportunidades y el Programa de Apoyo Alimentario.
2009 fue un año de disgustos políticos y económicos, con la derrota del PAN en las legislativas, anticipo de la debacle que vendría en 2012, y el zarpazo, breve pero muy intenso, de la recesión mundial, que empujó hacia arriba la desocupación y la pobreza. En el plano exterior, Calderón destacó en los esfuerzos contra el calentamiento global, fue artífice de la Alianza del Pacífico y mantuvo una relación de altibajos con Estados Unidos, el vecino cliente de cuatro quintas partes de las exportaciones mexicanas y proveedor de la mitad de sus importaciones. Del gobierno Bush el Presidente esperaba una mayor asistencia en la lucha antinarcóticos (Iniciativa Mérida) así como un enfoque no meramente represivo de la inmigración clandestina, pero no los irritantes análisis de México como un "Estado fallido" y en proceso de "colombianización" (CIDOB 50).
El gobierno de Enrique Peña tuvo en el tema de seguridad su principal tropiezo. Su administración será recordada como la etapa más violenta en la historia con 135 mil víctimas de homicidio, y cargará el estigma de polémicos casos, muchos aún impunes, ocurridos durante su sexenio, como la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Otro tema que manchó su gobierno fue la corrupción imputada a gobernadores que él mismo calificó como la nueva generación del PRI, entre ellos Javier Duarte de Ochoa, de Veracruz, cuya sentencia de sólo nueve años de prisión irritó a la sociedad.
Aunque también hubo aciertos. Quizá el mayor fue la implementación del Nuevo Sistema de Justicia que, aparejado, trajo lo que los juristas llaman hipergarantismo en materia de protección de los derechos humanos.
Un logro más de Enrique Peña, que incluso le valió reconocimiento internacional, fue la doble captura y extradición de Joaquín 'El Chapo' Guzmán, hoy bajo proceso en Estados Unidos.
La estrategia de seguridad del priista incluyó desaparecer la Secretaría de Seguridad Pública federal; mantener a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública (sin marco legal), y priorizar la inteligencia contra el crimen.
Al inicio de su gobierno, Peña Nieto identificó a 122 criminales que, por su importancia en la estructura delictiva, se les ubicó como "objetivos prioritarios". A la fecha ya se detuvo a 113, entre ellos 'El Chapo'.
Quienes encabezan la lista de los aún prófugos son Ismael Zambada, 'El Mayo', líder del Cártel de Sinaloa y Nemesio Oseguera, 'El Mencho' del Cártel de Jalisco; este último señalado como principal generador de violencia y por quien los gobiernos de México y Estados Unidos ofrecen millonarias recompensas.
Entre 2013 y 2014 el índice de homicidios bajó 27 por ciento en relación con el último año del gobierno de Felipe Calderón, que cerró 2012 con 21 mil 459 homicidios. Se pensó que la guerra contra el narcotráfico había sido superada. Pero en 2015 el índice de homicidios subió a niveles nunca vistos; el robo de hidrocarburo se disparó; ocurrieron los casos Tlatlaya, Tanhuato y Palmario, en los que se acusó al Ejército y Policía Federal de ejecución extrajudicial.
El Ejército también sufrió ataques fatales. El derribo de un helicóptero el 1 de mayo de 2015 en Jalisco, y la emboscada en septiembre de 2016, en Sinaloa, fueron los más graves y dejaron 14 militares muertos.
En el sexenio hubo 184 bajas de soldados en la lucha contra el crimen, y el número de quejas por violación de Derechos Humanos contra el Ejército bajó 80 por ciento.
Pero la desaparición de los 43, un caso que era local, puso al gobierno de Peña Nieto en el escrutinio internacional. Los más de 120 detenidos no ayudaron a borrar las dudas sobre la "verdad histórica" del exprocurador Jesús Murillo Karam ni su negativa de abrir una "Comisión de la Verdad". “Seguridad, el principal pendiente del gobierno de Enrique Peña Nieto” (El Financiero)
Con lo descrito queda claro cómo los grupos delincuenciales se crearon y fortalecieron. Desmantelarlos es un asunto complejo y violento, y ese es el reto que la 4T debe resolver ahora.