Opinión

La ONU y la Comisión de Venecia, tienen razón

Viernes, Diciembre 9, 2022
Leer más sobre José Pascual Urbano Carreto
El INE y el TEPJF deben ser Independientes e imparciales
Licenciado en Economía (BUAP) con estudios de Maestría y Doctorado en Economía (UNAM). Diplomado en Comercio Exterior (UDLAP). Docente en la BUAP. Secretario de Relaciones Exteriores del STAUAP y secretario General del SUNTUAP. Coordinador Administrativo del HU (BUAP). Miembro del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Puebla.
La ONU y la Comisión de Venecia, tienen razón

Es notoria la preocupación de organismos internacionales expresada por sus voceros en México: se requieren organismos electorales autónomos e independientes. Seguramente son legítimas las preocupaciones expresadas recientemente, en el mes de octubre y noviembre de 2022, lo extraño es que la preocupación profunda y válida no se manifestó en el año de 1988 en donde Carlos Salinas de Gortari fue declarado por la Comisión Electoral presidido por el Secretario de Gobernación y con la Cámara de Diputados, erigida en instancia de calificadora del proceso electoral, hubiera sido muy significativa una opinión acerca de la necesidad de que esos órganos electorales se comportaran de manera imparcial, pero ni la Comisión de Venecia ni la ONU expresaron su preocupación para tener órganos electorales imparciales.

En aquel entonces la Comisión Federal Electoral estaba formada por un comisionado del Poder Ejecutivo, el secretario de Gobernación de turno, quien fungía como presidente de la misma. Además había dos representantes del Poder Legislativo, que eran un diputado y un senador seleccionados, ya fuera por sus respectivas cámaras o por la Comisión Permanente. También contaba con un representante de cada partido político y un notario público, seleccionado por la comisión desempeñando la función de secretario.

 Los órganos internacionales citados con su silencio avalaron el escandaloso fraude que le robó a la presidencia al Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, quien ganó esa elección de manera indiscutible, en ese momento además de los organismos internacionales mencionados que con su silencio se convirtieron en cómplices de los fraudes electorales, fueron los demócratas que defienden al organismo electoral del IFE hoy INE. En aquellas elecciones fueron los perpetradores de los fraudes, entre ellos se destacan Diego Fernández de Cevallos y por supuesto Carlos Salinas de Gortari.

Se notó también  la ausencia de la opinión iluminadora de la Comisión de Venecia y del vocero de la ONU para poner en su lugar al IFE de Carlos Ugalde y colocarlo en el banquillo de los acusados por su parcialidad  en el proceso electoral del 2006, en donde fue clarísimo el fraude cometido en contra de Andrés Manuel López Obrador que evidentemente ganó la elección presidencial y que para legitimar a Felipe Calderón recurriera a pervertir la resolución respectiva del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). En esta consignó el reconocimiento del presidente Vicente Fox, que admitió haber intervenido en el proceso electoral para evitar que ganara AMLO. Recordemos que la diferencia a pesar del fraude fue mínima y que en el proceso del conteo de votos se notificaron que existían al menos tres millones de votos que correspondían a actas y paquetes adulterados, los que de haber llegado al recuento distrital, que procedía hacer legalmente, de seguro que a pesar de su manipulación el triunfador hubiera resultado ser alguien distinto a Felipe Calderón, es decir AMLO. En esto que describo fue notoria la ausencia de las instituciones mencionadas para recomendar autoridades electorales imparciales.

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Un dato  que nos puede orientar de quiénes son los que desean conservar el control del órgano  autónomo es el siguiente: en el 2014, la Cámara de Diputados encargada de decidir la integración del CG del INE se integraba con 498 diputados; de los que 202 pertenecían al PRI, 108 al PAN, 61 al PRD, 47 al  PVEM, 35 a MORENA, 25 a MC, 11 al PANAL, 8 a PES y un independiente: lo lógico fue que la conformación de los consejeros del INE fueron nombrados de acuerdo a las cuotas correspondientes entre los tres partidos con fracciones parlamentarias más grandes, es decir 5 para el PRI, 4 para el PAN y 2 para el PRD.

Agréguese a lo anterior que se convocó para integrar el INE y los integrantes del Consejo General del INE, prácticamente fueron los mismos que integraban el CG del IFE, o sea que la convocatoria fue una verdadera vacilada, pues ya tenían casi nombrados a los integrantes del máximo órgano de dirección del INE. ¿Verdad que sí fue un proceso transparente que asegura la independencia de los integrantes del actual Consejo General del INE?

Respecto a la dificultad de creer en la autonomía de Consejo General del INE que no solo se tiene en relación a que los consejeros son producto de las cuotas partidarias sino también lo sesgado de sus acciones, veamos algunas de sus principales conductas:

En el 2018 el proceso electoral en el que se eligió al Presidente de la República y 9 gobernadores, así como a otras autoridades del Poder Legislativo federal y de las distintas entidades federativas y muchos presidentes municipales; de todas las autoridades que se eligieron, el proceso electoral se realizó, según ellos, de acuerdo a la ley de acuerdo a los consejeros del CG del INE. Sería bueno consultarles, cuando explicaron a los ciudadanos que el proceso se realizó de acuerdo a un decreto constitucional, contenido en el artículo constitucional transitorio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de febrero de 2014, mismo que ordenaba realizar la jornada electoral el primer domingo de julio del 2018 y no como se establece en la LEGIPE el primer domingo de junio. La jornada electoral se llevó a cabo el 1 de julio, y no como lo marca la ley reglamentaria el 3 de junio.

Cuándo esa autoridad, el Consejo General del INE explicó que para realizar las elecciones del 2018 no existió una ley reglamentaria y que fue sustituida por un reglamento de elecciones, acordado fuera de tiempo por el INE y elaborado por ese organismo, -que no es autoridad legislativa para darle consistencia, que no legalidad-, tal hecho fue avalado por el TEPJF (ambos órganos se convirtieron, indebidamente, en autoridad legislativa)

El Consejo General del INE creó una situación de excepcionalidad que le permitió convertirse en legislador y ya en ese papel realizó acciones que estuvieron fuera de su competencia: otorgó registros como candidatos independientes a personas que tenían apoyos falsos que se contaban en cientos de miles, el INE lo hizo otorgando el registro como candidata presidencial independiente a Margarita Zavala y el TEPJF lo coronó otorgándolo a Jaime Rodríguez (a) “El Bronco”.

Los integrantes del Consejo General del INE, iniciaron el proceso electoral en septiembre de 2017, y como no fueron cuidadosos de armonizar lo correspondiente con la fecha ordenada en el transitorio constitucional, que contenía una diferencia de 30 días, por no hacerlo, tuvieron que inventar la ilegal figura de las inter campañas. Con ello prácticamente generaron que las campañas presidenciales fueran de 120 días, y no como lo marca ley que debían durar 90 días.

Durante el proceso electoral del 2018 sucedieron cosas dignas de recordar: en un evento en el que participó el consejero presidente del CG del INE, Lorenzo Córdova, planteó dos escenarios para la elección presidencial, que el conteo rápido le dé una ventaja amplia a un candidato presidencial o que haya un margen cerrado entre el primero y el segundo lugar… Dijo también, “no quiero ser catastrofista pero temo que va haber dos candidatos que van a impugnar diciendo que hubo irregularidades graves y demandar la nulidad de la elección”. Recordemos que para esas fechas se venía ya definiendo, según las encuestas un claro ganador: Andrés Manuel López Obrador. Lo que pretendían las otras opciones en alianza con el CG del INE era tratar de crear la sensación de que se daría  una elección con una votación cerrada; en ese contexto se debe entender lo que el Presidente del INE con sus declaraciones contribuía a lo que pretendían los candidatos del PRI y del PAN, en el sentido de que se asumiera una elección muy competida, fue claro que estaba cooperando a que se tuviera un escenario propicio para complicar el resultado electoral. Se debe tomar en cuenta que más allá de las aclaraciones, el Presidente del INE no debía hacer declaraciones sobre los posibles resultados; en todo caso, él debió reservar su opinión al momento en que la jornada electoral ya realizada arrojara resultados y entonces tomar decisiones al respecto, no alentar las pretensiones de los candidatos distintos a AMLO. Lo anterior sumado a la situación de irregularidad en la legislación secundaria para la elección, con lo cual deja clara una actuación llena de parcialidad y sometida a los deseos de la clase gobernante del régimen anterior.

En lo anterior se puede encontrar que el Presidente del CG del INE contradice lo que expresó, respecto a la necesidad de que una de las diferencias fundamentales entre una democracia constitucional y las formas autocráticas de gobierno es que en aquella, la primera, las reglas de juego político no solo deben ser conocidas y aceptadas por todos los participantes, sino que las mismas deben prevalecer sobre la voluntad de los gobernantes (artículo publicado en el diario El Universal, el día 26 de junio de 2019) en la conducta de los integrantes del Consejo General no se hizo cabal respeto de los principios rectores de la actividad electoral, consagrados en nuestra Constitución, claramente trabajaron para que una de las opciones afines a sus intereses y compromisos, tuviera posibilidades de conservar el poder.

Todo lo hicieron para tener condiciones de actuar en auxilio de sus padrinos que esperaban una elección competida, todo lo que ilegítimamente hicieron no les sirvió, reconocieron el triunfo no porque modificaran su actitud sesgada, más bien fue motivada por lo contundente de la victoria de AMLO, pero estaban más que dispuestos y preparados para actuar de manera parcial, como lo hicieron en el 2006.

No les salió por fortuna, pero sí actuaron los consejeros del CG del INE de manera sesgada y no transparente.

Ayuda que algunos de los actuales consejeros del INE explicitan lo que realmente están defendiendo desde su trinchera de damnificados del triunfo progresista en México, dice Benito Nacif: después del 2003 en donde la conformación del CG del IFE, el PRI y PAN dejaron fuera las propuestas del PRD, celebró resaltando que en las renovaciones subsecuentes se restableció el acuerdo tripartitita (PRI, PAN, PRD) como el eje articulador del consenso político que le dio fortaleza al INE. Más claro ni el agua, -continua el consejero- el resultado de las elecciones del 2018; sin embargo, echaron abajo el equilibrio tripartita que había prevalecido en el INE desde la transición a la democracia. Con ese resultado irrumpió en el escenario político una nueva fuerza política, Morena que junto con sus aliados han mostrado tener la capacidad de armar mayorías calificadas, sin tomar en cuenta a la oposición. Pero no se han conducido así.

Lo que no reconoce el citado consejero es que esas fuerzas que hoy integran la oposición están representadas por los siete consejeros que se mantienen como parte del CG del INE que corresponden con el método de elección por cuotas.

Considero que es justo que todos se manejen honestamente y de acuerdo con la ley y que el criterio que plantea que la oposición está fuera, porque hoy no podrán imponer cuotas, debería reconocer que ya tiene representación y en eso, siendo estrictos, están sobre representados. Así que, al asumir la nueva situación, y reconocer que cuando tuvieron el poder sin contemplación el PRI y el PAN dejaron fuera a su aliado: el PRD.

Cuando el consejero Ciro Murayama fue a explicar lo que establece la Constitución respecto a la representación, hubiera sido pertinente que aclarara con qué ley reglamentaria se realizó la elección a la que se refiere, y en ella dónde se aborda lo relacionado con las coaliciones y las posibilidades de inequidad y sobre representaciones, nuevamente podía fallar su conducta en lo que corresponde a los principios rectores de la actividad electoral, especialmente el de la legalidad y la transparencia

Los actuales integrantes de los órganos de dirección del tribunal electoral y del Instituto Nacional Electoral, magistrados y consejeros respectivamente, fueron nombrados por el poder legislativo y en su conformación se realizó un proceso viciado de origen, para su nombramiento se requería lograr para las distintas propuestas la mayoría calificada del órgano legislativo correspondiente, entonces las fuerzas parlamentarias dominantes en ese momento PRI, PAN y PRD se pusieron de acuerdo para así elegir a sus favoritos; de manera general este es el origen político de los actuales consejeros y magistrados.

Con la nueva situación parlamentaria, los que se repartían por cuotas el nombramiento de los consejeros y magistrados modifican su orientación. Hoy plantean que el método de nombramiento debe evitar que los integrantes del CG del INE y los magistrados, que se deban reemplazar correspondan con un mecanismo que asegure la capacidad, la independencia y la honestidad de los que se tendrán que elegir. Eso es lo que los neoliberales sostienen hoy después del 2018, cuando llega al poder el gobierno progresista de AMLO y cuando en el poder legislativo es predominante la coalición JHH; es cuando los representantes del PRI, PAN y PRD formulan que los integrantes de los órganos de dirección de las instituciones mencionadas no se deben elegir por cuotas, formulan que se requiere un procedimiento mediado por una comisión de especialistas para conformar una propuesta, dijeron ellos para evitar que la integración de esos órganos pueda permitir una composición sesgada hacia la fuerza dominante en el congreso. Esto es razonable si la renovación fuera de todos los integrantes de los órganos de dirección de las instancias mencionadas, pero da la casualidad de que la renovación de los integrantes de esos órganos es parcial y, por tanto, lo que ellos pretenden con su propuesta es preservar el predominio de los magistrados y consejeros que ellos nombraron con el método de cuotas partidarias en la cámara de diputados federal del momento de su predominio. En esa consideración se omite que los integrantes del CG del INE y los Magistrados del TEPJF de manera dominante lo  integran  elementos elegidos por el sistema de cuotas decidido por el PRI, PAN y PRD; en el momento de elegir los relevos se debió admitir el método propuesto siempre y cuando se diera una renovación total de los integrantes de las instancias máximas de dirección de los órganos mencionados, pero como se aceptó el método planteado y en la comisión de especialistas predominó el bloque de partidos anteriormente dominantes, los nuevos consejeros del INE y los nuevos Magistrados tienen en su mayoría un sesgo hacia los adoradores del dinero, digo del mercado, los neoliberales. Por ello, el nuevo CG del INE y los Magistrados del TEPJF han mostrado en sus resoluciones una marcada inclinación por los intereses de los partidos políticos que integran el bloque opositor y una clara proclividad a obstaculizar las propuestas y acciones del bloque progresista que apoya al gobierno del presidente de la República mexicana.   

 En este artículo me interesa puntualizar la forma concreta en que fueron designados los integrantes del CG del IFE en su última etapa, y a los que fueron designados para integrar al INE desde su fundación:

En abril del 2014, la Cámara de Diputados designó a 11 consejeros electorales como integrantes del CG del INE, que tendrían permanencia escalonada de 3, 6 y 9 años en el cargo. Cuatro de ellos tuvieron experiencia porque integraban parte del CG del IFE, entre ellos se cuenta Lorenzo Córdova, actual presidente del mencionado órgano electoral.

Un dato que nos puede orientar acerca de quiénes son los que desean conservar el control del órgano autónomo es el siguiente: en el 2014, la Cámara de Diputados encargada de decidir la integración del CG del INE se integraba: con 498 diputados; de los que 202 pertenecían al PRI, 108 al PAN, 61 al PRD, 47 al PVEM, 35 a Morena, 25 a MC, 11 al PANAL, 8 al PES y un independiente. Lo lógico fue que la conformación de los consejeros del INE fuera de acuerdo a las cuotas correspondientes entre los tres partidos con fracciones parlamentarias más grandes, es decir 5 para el PRI, 4 para el PAN y 2 para el PRD.

El nuevo Instituto Nacional Electoral (INE) sustituyó desde el jueves 3 de abril de 2014 al Instituto Federal Electoral (IFE). Al Consejo General del nuevo organismo lo integraron 11 consejeros, que tendrían permanencia escalonada de 3, 6 y 9 años.

En el 2018 el INE y el TEPJF estaban preparados para cometer un fraude, ocultaron las razones para modificar lo que dice la ley electoral, la LEGIPE, respecto a la fecha para realizar la jornada electoral, faltaron a uno de los principios rectores de la actividad electoral constitucional, la transparencia y, además para ocultar el descuido del poder legislativo, de ese momento, se convirtieron en legisladores y en lugar de la ley reglamentaria indispensable para aplicar el decreto constitucional elaboraron a destiempo un reglamento de elecciones y le pidieron al TEPJF que lo avalara. Supongo que eso significó violar flagrantemente la Constitución, ambos organismos electorales autónomos que tienen funciones bien definidas en la Constitución y en las leyes respectivas se sirvieron con la cuchara grande otorgaron registros para candidaturas improcedentes, las más notorias fueron para dos candidaturas a Presidente con carácter de independientes.

En fin, considero que la preocupación de los organismos internacionales es pertinente lo que significa comprometerse a rescatar al INE de la situación de captura en que lo tienen los creadores del sistema de predominio de la partidocracia y de la acción de estos, aliados a los poderes fácticos, cuyo sistema representativo genuino es el que está viciado de origen ya que para constituir los órganos máximos de autoridad de los organismos autónomos, el CG del INE y los magistrados del TEPJF, lo realizaron  por medio del sistema de cuotas.

Por todo lo expresado, la lucha de hoy tiene que ser por rescatar a los organismos electorales de la dependencia de la partidocracia aliada a los poderes corporativos neoliberales, así que, la marcha del 27 de noviembre fue esencialmente para respaldar la necesidad de liberar a los órganos electorales autónomos de sus captores neoliberales, los que para sobrevivir han tenido que hacer escandalosos fraudes electorales utilizando a los órganos electorales (INE y TEPJF).   

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