Lo que realmente está en riesgo no es el método con el que vayan a ser electos los próximos consejeros y magistrados electorales ni la reducción del número de diputados, ni la gestión del padrón electoral y la credencial de votar (todo lleva a pensar que ambos instrumentos retornarán a la Secretaría de Gobernación, como en los tiempos dorados de Manuel Bartlett).
Aunque en sí mismos ya representa un peligro, un mal presagio, tratándose de la mano de este gobierno, que ha dado muestras sobradas de no ser partidario de la legalidad ni de las más elementales formas democráticas, no obstante que ante el Poder Legislativo protestó hacerlo. Me refiero a lo que el propio presidente resume meridianamente con la frase: “no me salgan con que la ley es la ley”.
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Lo que realmente se juega con la reforma electoral en curso, que no es reforma, sino contrarreforma, es el régimen de libertades políticas y civiles. Contrahecho y limitado, ciertamente, pero vigente; admite actos cívicos como los del domingo en todo el país. La contrarreforma del presidente nos devuelve a los espesos años setenta, cuando todo-todo era concentrado en el puño del presidente.
López Obrador, de conseguir su reforma electoral, al día siguiente anunciará que pasa a la siguiente fase (palabra-cliché muy en uso entre grupos de filiación trosquistas y maoístas enquistados en las universidades públicas en los setenta), y así sucesivamente se irán suprimiendo libertades en función de culminar el objetivo supremo (su objetivo) de la Transformación. Un acontecimiento sin precedentes, sólo equiparable con la Independencia, Reforma y Revolución, en su dicho.
En su concepto, transformar equivale a destruir todo lo erigido, todo lo que proviene del pasado, todo lo contaminado y maldito, y sobre sus cenizas construir las bases del Hombre Nuevo (esa figura retórica que viene desde la época antigua y aparece en todos los ismos, y en el caso latinoamericano es encarnado en la persona del Che Guevara).
En aras de esa Transformación (con mayúscula) el presidente se arroga (busca arrogarse) facultades metaconstitucionales, absolutas. Esto es, que se le permita todo, incluso atentar contra el mismo régimen de libertades políticas y civiles. Dicho pronto y con franqueza, la transformación es una coartada. La coartada del presidente y Morena, su instrumento de acción, para propósitos que, bien a bien, no se acaban de entender, pero se intuyen.
Esas locuras, ya lo sabemos, acaben en catástrofes humanitarias. En cuatro años (1958-1962) en China murieron 45 millones de personas, víctimas de la persecución política, la violencia y el hambre. Ese fue el costo en vidas humanas de la aventura de Mao Zedong. Un iluminado que se propuso redimir a su pueblo.
El mismo horror se repitió en la Unión Soviética. Millones y millones de muertos por hambre, por trabajo forzado, por persecución política, campos de concentración. Siempre habrá un objetivo superior que lo justifica; para que millones de personas sean condenados a la hoguera en función de alguna causa ejecutada por algún iluminado. Al respecto se conocen algunos libros, pero en general la mayor parte del horror se mantiene oculto.
En efecto, no hay nada equiparable, entre esto y aquello, pero nunca estará demás encender las alarmas del peligro, en particular ahora que tenemos un nuevo y poderosísimo actor en el escenario de la política nacional: los militares y la militarización de la administración civil.
Sin que viniera al caso, el presidente dijo en la semana, que no confía en las autoridades electorales. Teme, dijo, que se sigan haciendo fraudes electorales.
“Si perdemos las elecciones es por culpa de los árbitros. Si las ganamos es a pesar de los árbitros”. Esto, en buen cristiano, se le llama curarse en salud. Nada nuevo, por cierto, es lo mismo que adelantaron Donald Trump y Jair Bolsonaro. Culpar al arbitro.
Chayo News
En las elecciones del domingo pasado en Oaxaca para renovar ayuntamientos por el método de usos y costumbres pude observar de cerca lo ocurrido en San Juan Lalana. Una demarcación que comparte ribetes de la cuenca del Papaloapan. Históricamente, Lalana, ha sido el muro de contención de la expansión de la ganadería extensiva de los llanos de Veracruz, en particular de Playa Vicente, sobre las tierras comunales de los pueblos indios. como todos los municipios indígenas se encuentra sumido en la pobreza, las desigualdades y marginación. No hay acciones de gobierno, y cuando las hay son en función de la rentabilidad política o de la ganancia económica. La política social se presume ser de derechos, pero en los hechos esta sujeta al interés o la buena voluntad del gobernante. No hay ejercicio de derechos, hay dádivas.
Cuando hablo de muro de contención me refiero a las luchas agrarias de los chinantecos, los que una y otra vez, han puesto el rostro y los muertos, frente al inexorable avance de sus vecinos sobre sus bienes comunales. Sin embargo, y como en prácticamente todas las regiones interétnicas, ambos grupos, indígenas y mestizos, están condenados a convivir en una disputa interminable por el territorio. Pero no es el tema.
El tema es que en la elección del domingo Vanesa (Rolando Martínez Enríquez) no pudo contra la maquinaria del dinero: cientos de miles de pesos corrieron bajo la mesa para retener la presidencia municipal, por un grupo de caciques mestizos que no siquiera viven en el pueblo, sino que lo hacen desde la ciudad de Oaxaca, donde han hecho carrera política, a través de lugartenientes.
Sus partidarios se ufanaban de que el patrón (el presidente en funciones; 9 años en el cargo, seis a trasmano) dispuso de 40 millones de pesos, para comprar hasta los perros que se cruzan en la calle. Sin embargo, ese mismo funcionario se enfrentó a otro rival, en sus mismas condiciones: dos veces presidente municipal de Lalana, diputado y funcionario estatal en cargos relevantes. Ambos son hechura política de Ulises Ruiz, el afamado exgobernador.
Cuando gobernó el PRI, ambos fueron del PRI; cuando gobernó el PAN, fueron del PAN; y ahora que gobierna Morena, son de ese partido. De acuerdo a los díceres de la gente, y lo que se ve en los periódicos, los noticiarios, en las redes sociales, y lo que ellos mismos declaran, fueron parte determinante para el triunfo de Salomón Jara en la región, el gobernador electo de Morena.
Como dice el mantra del presidente López Obrador: “Amor, con amor se paga”, quien actualmente ocupa la presidencia (lo hace desde 2013, primero con prestanombres) tiene seguro un cargo en el gabinete, pues le metió de todo a la campaña, y se considera el autor de su triunfo.
El antropólogo Roger Bartra escribió hace algunos años que los viejos priistas del estado de Oaxaca –mañosos como son– encontraron en los usos y costumbres de los pueblos indígenas el ardid perfecto para refrendar los viejos cacicazgos y sacarle la vuelta a la competencia política de los partidos que obligaba el arribo de la democracia electoral. En efecto. Los usos y costumbres se han traducido en el encierro político para el ejercicio y defensa de los derechos políticos de los pueblos originarios.
La reforma electoral que en verdad hace falta es una que fortalezca las capacidades de fiscalización de los órganos electorales sobre los partidos y sus campañas políticas. El dinero ilegal que entra en las campañas se traduce en la puerta más grande para la corrupción. Todo lo que entra al poco tiene que salir, (de dónde más), de las arcas municipales, debidamente incrementado. Todo a costa del bienestar de la gente.