En los últimos días se ha estado hablando mucho de la Reforma Electoral de nuestro país, dado que los trabajos para formular los dictámenes de ésta arrancaron formalmente el pasado 25 de octubre en las comisiones de la Cámara de Diputados.
Recordemos que fue el pasado 28 de abril de este año que la Presidencia de la República envió el Proyecto de Decreto para Reformar, Derogar y Adicionar diversos Artículos de la Constitución Política de México, en materia electoral.
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En este sentido, hay posturas que se pronuncian tanto a favor de ésta, así como en contra, con gran vehemencia, debido a que esta reforma plantea una de las modificaciones más relevantes a nuestra Carta Magna en este sexenio.
Sin embargo, esta discusión en la agenda pública y legislativa no es nueva. La necesidad de realizar una reforma político-electoral ha sido un tema recurrente a partir del proceso electoral federal 2017-2018.
Entre los aspectos políticos y electorales que este proceso colocó sobre la mesa de debates se encuentra el financiamiento a partidos políticos, la representación proporcional en los congresos y el voto electrónico.
Precisamente, como parte de la LXIV Legislatura del Honorable Congreso de la Unión, en el 2018 presenté una iniciativa con proyecto de decreto para adicionar y reformar diversas disposiciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales con el fin de implementar la recepción del voto mediante los instrumentos de votación por medios electrónicos.
Y es que es innegable que la tecnología ha avanzado a pasos agigantados, lo cual la ha llevado a incidir en la propia democracia y a materializarse como un elemento fundamental de la expresión de la voluntad ciudadana, a través de lo que se ha denominado “voto electrónico”.
La implantación de este sistema automatizado de sufragio genera diversas ventajas como son los ahorros en los costos de una elección, agiliza la obtención de resultados y puede producir mayores niveles de legitimidad y confianza.
Pero más allá de ello, la ventaja que aporta esta innovación es la propia garantía del cumplimiento de los derechos político-electorales de las y los mexicanos, ya que representa un paso adelante ante contingencias como la que empezamos a vivir hace poco más de dos años con el surgimiento de la pandemia por Covid-19, además de contribuir a mermar el costo ambiental derivado de la producción de millones de boletas electorales.
Actualmente solo países como Bélgica, Brasil, Bulgaria, Estados Unidos de América, Emiratos Árabes Unidos, Estonia, Filipinas, India y Venezuela lo han implantado alrededor del mundo.
Aunado a estas propuestas, se han identificado nuevas temáticas que requieren ser revisadas como el mecanismo de revocación de mandato, la participación y representación política de ciertos grupos de la población o bien, las causales que determinan la nulidad de una elección.
Justamente en el tema de la participación y representación política, encontramos otra oportunidad para fortalecer los derechos político-electorales que constituyen garantías fundamentales que se brindan a mujeres y hombres en condiciones de igualdad, los cuales los facultan y aseguran su participación en la dirección de los asuntos públicos.
Dentro de estas garantías se incluye el derecho a votar y ser votada o votado, es decir que conceden a las y los ciudadanos la posibilidad de participar en la formulación de la voluntad social, así como en la propia estructuración política de la comunidad.
Y es que desde las propias restricciones establecidas en las premisas fundamentales de la Ley Electoral se ha incapacitado a algunos ciudadanos para participar en una elección, limitando indebidamente el derecho a ser votado, utilizando diversas causales para alegar la inelegibilidad de una persona para contender por un cargo público.
Es así que los requisitos institucionales (porcentaje de apoyo, plazo y firmas por día, entre otros) se vislumbran más como obstáculos que impiden el logro de una candidatura independiente.
Es por ello que se requiere ampliar el sentido de la participación y entender que, si vivimos en un país plural y diverso, las formas de democracia también deben ser así y las leyes deben dar cuenta de ello.
En este sentido, estoy convencido que debemos apostar a una reforma electoral que privilegie la inclusión de las minorías, como son los migrantes, pueblos indígenas, afrodescendientes, personas con discapacidad y la comunidad LGBTIQ+.
El reto es grande, así como lo debe ser la voluntad de los diversos actores políticos y sociales, quienes deben apostar por dos elementos clave que, en el panorama actual, se vislumbran difíciles de conseguir: confianza y un entorno sociopolítico que favorezca su implementación.
Sin embargo, la apuesta debe estar concentrada en que hay mucho más en juego en esta reforma, como lo es la oportunidad para actualizar y perfeccionar el sistema electoral mexicano, y, sobre todo, de contribuir a la consolidación de nuestra propia democracia.