Lo que planteo en principio es que la concentración de la propiedad de los medios de comunicación se ha agudizado y, como producto de ello, en ese sector de los negocios de la comunicación a nivel mundial se caracteriza por contar con una estructura de medios de comunicación organizadas en instancias corporativas empresariales, las que se encuentran dominadas por grupos oligárquicos que conforman sistemas poderosos de carácter monopólico. A nivel mundial grandes grupos conocidos como oligopolios de la comunicación, que de forma ostensible dominan, y continúan dominando, el panorama mediático. Ahora, como resultado de la economía de mercado y de la alta concentración que el sistema neoliberal propicia, podemos subrayar que, en el mundo, hasta hace muy poco tiempo, eran tan solo cuatro los principales grupos de comunicación que controlaban prácticamente la totalidad de la información, entretenimiento y comunicación que se transmite. El resto de medios de una u otra forma estarán repitiendo, en lo esencial, aquello que los gigantes de las comunicaciones producen. Me encantaría poder anotar que esa situación se está superando por el bien de las libertades democráticas en el espacio informativo, pero no es posible, así que no me queda más remedio que reiterar lo que en un artículo del año pasado señalé: la propiedad de los medios informativos sigue concentrándose en pocas manos.
Los grupos, auténticos holdings de la comunicación, son: Time Warner Inc., Walt Disney, Viacom/CBS y News Corporation (recientemente, 21st Century Fox y News Corp.). Controlan más del 70% del negocio que hoy el mundo amplio de la comunicación supone en el planeta. Es evidente, que en gran medida serán estos grupos los que definen qué tenemos que ver, cuál es la agenda y rango de lo noticioso que ocurre en el mundo y cómo debemos entretenernos. Desde luego, esto encierra también una intención incuestionable de decirnos qué debemos pensar, opinar e incluso sentir.
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Para valorar lo que se relaciona con la lucha por el espacio informativo en México debemos tomar en cuenta que los medios de comunicación están en manos de empresas privadas en la televisión Tv Azteca, Televisa e Imagen; la radio tiene un conjunto de empresas que se mueven con criterios de tipo corporativo en función de las actividades comerciales y publicitarias, muy pocas de las empresas corresponden con los criterios de la función informativa de tipo gubernamental, de carácter público. En este contexto tenemos que se da la lucha por el espacio informativo. El gobierno con su estrategia de informar por medio de las conferencias de medios denominadas mañaneras ha podido neutralizar la pretensión de que los medios dominados por corporativos privados dicten la agenda informativa, es decir, que puedan filtrar lo que se informa en los medios pero con su predominio en los medios de comunicación de masas y en los medios de auto comunicación de masas; usando eso pretende controlar lo que se denomina el marco de análisis del proceso informativo y se puede decir que logra copar a los medios de comunicación creando un marco de análisis informativo sesgado hacia los intereses de las corporaciones dominantes. Por fortuna para la democracia, se ha presentado un hecho favorable a la objetividad y veracidad, que los medios corporativos tienen una muy baja credibilidad, especialmente por su conducta al lado de los intereses de los negociantes que frecuentemente están ligados a conductas ilícitas.
En el gobierno, la Secretaría de Gobernación tiene una Comisión de Radio y Televisión, que está inutilizada por conflictos laborales; tal instancia tendría que ocuparse de que la normatividad relacionada con el ramo se cumpliera y se respetara lo establecido en la constitución y en las leyes reglamentarias del tema.
En nuestro país se presenta el mismo fenómeno, incursionar en el espacio de los medios de comunicación y de la comunicación requiere de un andamiaje de relaciones y de haber operado desde hace muchos años, lo que se convierte en una barrera para establecer un ambiente competitivo, lo que se traduce en que la mayoría de los pocos empresarios que dominan en los medios de comunicación tengan asegurado la exclusividad de sus concesiones; a ello se agrega que para participar en el negocio de los medios de comunicación se requiere de una compleja y cara estructura, lo que vuelve prohibitivo para los nuevos empresarios en el sector grandes, medianos o pequeños poder competir con los grandes de las comunicaciones. Para lograrlo se requieren miles de millones de pesos para acceder a una concesión de radio o de televisión, piénsese en lo que se requiere además de las relaciones empresariales e institucionales, sobre todo políticas, para poder irrumpir en el espacio mediático. En México hay tres grandes cadenas de televisión: Televisa, TV azteca e Imagen. Aunque se debe hacer notar que, si bien hay más corporaciones mediáticas, el número sigue siendo muy restringido, las que dominan son las mencionadas anteriormente. Se debe insistir en que los medios son controlados por unos cuantos magnates, que se encuentran como socios dominantes en las empresas que abordan el panorama de la información por medio de sus empresarios, directores y conductores de los medios. Se puede resaltar en el panorama de los medios de comunicación a los siguientes:
1. Periódicos:
El Economista, Excélsior, El Financiero, El Heraldo de México, El Norte, El Sol de México, Milenio, El Universal, La Jornada, La Crónica, Reforma, entre los más conocidos. En las revistas el grupo ligado a los intereses del régimen anterior es aplastante y solo se salva la revista Proceso y La Jornada, además de las que ahora están ligadas al nuevo gobierno por cuestiones institucionales.
2. Las televisoras
En las televisoras el nivel de concentración corporativo es más notorio, allí tenemos como las más importantes a: Televisa, Canal Once, Exa TV, Canal 22, Canal del Congreso, Multivisión, Televisión Azteca, Proyecto 40.
En cuanto a las radiodifusoras, las grandes compañías de medios dominantes en las televisoras controlan también en los grupos más importantes de la radiodifusión. Se puede afirmar que los medios de comunicación en nuestro país se encuentran en manos de unos cuantos corporativos y cuyos principales accionistas de hecho controlan las empresas monopólicas, con eso se puede sustentar que la acción de los integrantes de la Comisión Federal de Competencia Económica poco o nada han hecho para controlar las conductas monopólicas de los corporativos mencionados.
La Comisión Nacional de Competencia Económica no ha combatido las prácticas monopólicas de los magnates de los medios y, sin embargo, ha permitido que jueces de lo administrativo emitan suspensiones en contra de leyes que tienden a preservar la soberanía nacional sobre los sectores estratégicos, tal es el caso de las leyes referidas a la industria eléctrica y la de hidrocarburos. A pesar de que la Ley Federal de Competencia establece que el estado mexicano debe garantizar el control de las áreas estratégicas de la actividad productiva del país, especialmente el ramo de los energéticos, la energía eléctrica y los hidrocarburos en su producción y su distribución, en asegurar su abastecimiento a precios accesibles a los mexicanos y para ello el Estado puede crear empresas de carácter público y en algunos casos asociarse con el capital privado, siempre preservando para el Estado la rectoría de estos sectores y, obviamente, cuidando que los recursos públicos se apliquen en favor de la nación. Ahora que el Poder Legislativo emitió la Ley de la Industria Eléctrica y la de hidrocarburos, en el Poder Judicial algunos jueces se atreven a decretar suspensiones en la aplicación de la citada normatividad, porque según ellos se está vulnerando la situación de competencia en esos sectores, favoreciendo con esa postura a empresas privadas, nacionales y extranjeras, que dicho sea de paso con el pretexto de alentar energías limpias se les viene otorgando un escandaloso subsidio, tal es el caso de Iberdrola.
La legislación mencionada establece:
Artículo 6. No constituyen monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las áreas estratégicas determinadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Tratándose del petróleo y de los hidrocarburos sólidos, líquidos o gaseosos, en el subsuelo, la propiedad de la Nación es inalienable e imprescriptible y no se otorgarán concesiones. Con el propósito de obtener ingresos para el Estado que contribuyan al desarrollo de largo plazo de la Nación, ésta llevará a cabo las actividades de exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos mediante asignaciones a empresas productivas del Estado o a través de contratos con éstas o con particulares, en los términos de la Ley Reglamentaria. Para cumplir con el objeto de dichas asignaciones o contratos las empresas productivas del Estado podrán contratar con particulares. En cualquier caso, los hidrocarburos en el subsuelo son propiedad de la Nación y así deberá afirmarse en las asignaciones o contratos.
En los medios de comunicación tradicionales, los que han dominado de manera arbitraria durante todo el periodo de gobiernos neoliberales no asumen lo que dice la Constitución, lo que fue adulterado por el grupo de adoradores del mercado sacrificando el interés nacional a los intereses de los negocios; desde allí empezaron a saquear al erario público y a los recursos de la nación; lejos de informar acerca de eso se dedican a dar publicidad a las acciones indefendibles de los saqueadores y sistemáticamente minimizan los avances en el combate a la corrupción y a la impunidad, esa es su orientación editorial y, bajo esa línea, pretenden crear una realidad virtual en la que los corruptos y criminales pasan según sus informaciones sesgadas a ser casi perseguidos por las ideas que defienden.
Aquí podemos localizar una clara interferencia en la vida del País, por el incumplimiento de las obligaciones de los medios de comunicación en su función esencial, consistente en atender y garantizar el derecho a la información y posibilitar que se materialice el derecho a la libre expresión. En este hecho se puede encontrar que, por el incumplimiento de sus obligaciones, escudándose en ejercicio del derecho a la propiedad que es un derecho constitucional, el generar la obstrucción de los derechos a la libre expresión y al derecho a la información.
Si partimos de que la mayoría de los medios de comunicación hasta ahora se encuentran muy cercanos a los intereses de los que gobernaron durante el periodo neoliberal tenemos que, al no cumplir con su cometido, los dueños de los medios de comunicación y los que en ello trabajan ─reporteros conductores de noticiarios y de programas de infoentretenimiento─ que deben seguir los lineamientos editoriales estructurados por los directivos de las empresas en mención; de hecho se organizan para conformar un marco para el proceso informativo que selecciona resalta y promueve opiniones de conductores, que son opiniones de los empleados de los medios pero que se presentan como si fuera lo que está sucediendo en la realidad. Se tratan los excesos, se notan por el hecho de que además de ser corporativos monopólicos en lo económico, pretenden generar a partir de los medios de comunicación una realidad virtual que sirva como marco en el que se procesen los acontecimientos de nuestro país; se comportan como monopolios de la información, no hay competencia en lo económico, pero tampoco es posible por su comportamiento faccioso que exista pluralidad en lo informativo. Lo correcto es que la Comisión Nacional de Competencia Económica tome en cuenta lo que se establece en la constitución respecto a la competencia económica para ordenar a las conductas de los medios y lo establecido en el artículo sexto constitucional que establece:
Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.
Toda persona tiene derecho al libre acceso a información plural y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por cualquier medio de expresión.
Para garantizar que los medios cumplan con la obligación de informar a los mexicanos, la Constitución indica que el Estado debe garantizar que los informadores den noticia de manera veraz y objetiva, y que de manera explícita se anote cuando lo que se está diciendo corresponde con la opinión del informador; se debe diferenciar la información de la propaganda y la publicidad. En ese propósito se explica que el Presidente, para asegurar que la información que se proporciona a los mexicanos sea veraz y objetiva, diseñó el proceso de las conferencias matutinas, con ello logró rescatar lo que se denomina la agenda informativa, neutralizó lo que los medios antes tenían que solo informaban lo que a su interés convenía.
Por la no operación del órgano regulador de las conductas de los corporativos informativos, RTC que se encuentra sospechosamente en un conflicto laboral, los corporativos han encontrado las condiciones ideales para concentrarse en combatir al gobierno progresista en el campo mediático, usando el marco informativo que comprende el tratamiento del acontecer resaltando lo que puede contribuir al propósito de socavar las bases del gobierno progresista. En ese tenor se puede entender la forma de presentar las noticias: si hay un enfrentamiento, se pretende asociar con la estrategia de pacificación del gobierno para insinuar la ineficiencia, aunque este se deba a un enfrentamiento de entre particulares, hasta presentar posibles características de actos violentos prefabricados. Ante esto es indispensable agudizar la actuación de la inteligencia del Poder Judicial y, por supuesto, poner a trabajar a RTC para lograr que la información atienda todas las aristas de la misma y no solamente la que conviene a la orientación editorial de los negociantes de los medios de comunicación. El gobierno progresista debe diseñar una estrategia de medios, dentro de la normatividad correspondiente, para poder incidir en el marco de análisis mediático que tienda a asegurar que se apliquen las normas vigentes neutralizando así la pretensión de los dueños de los medios de sesgar la información en favor de intereses particulares a sus aliados, poniendo el derecho de propiedad por encima del derecho a la información y de la libertad de expresión.
Y por ello asumir que el Estado está obligado a garantizar el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluido el de banda ancha e internet. Para tales efectos, el Estado establecerá condiciones de competencia efectiva en la prestación de dichos servicios.
Lo que significa que no permita a las estructuras monopólicas la anulación de lo que es obligación de los medios: garantizar la libre expresión y posibilitar el derecho a la información, así como, asegurar que la Comisión Federal de Competencia cumpla con su objetivo esencial de acuerdo a la Ley Federal de Competencia.
El organismo autónomo previsto en la normatividad correspondiente se regirá por la ley en materia de transparencia y acceso a la información pública y protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, en los términos que establezca la ley general que emita el Congreso de la Unión para establecer las bases, principios generales y procedimientos del ejercicio de este derecho.
En su funcionamiento se regirá por los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y máxima publicidad.
El organismo garante tiene competencia para conocer de los asuntos relacionados con el acceso a la información pública y la protección de datos personales de cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo que forme parte de alguno de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicatos que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal; con excepción de aquellos asuntos jurisdiccionales que correspondan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuyo caso resolverá un comité integrado por tres ministros. También conocerá de los recursos que interpongan los particulares respecto de las resoluciones de los organismos autónomos especializados de las entidades federativas que determinen la reserva, confidencialidad, inexistencia o negativa de la información, en los términos que establezca la ley.
Para garantizar la información se debe revisar la conducta de los medios de comunicación y obligarlos a garantizar el derecho a la información objetiva y con versiones en los medios que cuiden su conducta para que sea plural e incluyente.
Lamentablemente los integrantes de los órganos de dirección de los órganos autónomos, en comento, son ahora parte muy importante de la oposición al régimen progresista de AMLO.
En esa trinchera tenemos a la mayoría de los empresarios de los medios de comunicación que pretenden, incumpliendo sus obligaciones de informar verazmente sobre lo que está sucediendo, evitar que se tenga una información plural e incluyente, con el afán de proteger intereses de los grandes negociantes que pretenden crear una realidad ficticia que corresponda con la defensa de sus intereses y así ocultar las pillerías cometidas por sus socios neoliberales con el propósito implícito de permitir que sus actos ilícitos queden en la impunidad, obviamente sus intereses son distintos a los que corresponden con el interés de mexicanos. En tal tesitura se encuentra el hecho de que no se analice lo que los jueces de los juzgados de lo administrativo, que ignorando lo que la Constitución establece respecto al papel del estado en su artículo 28, otorguen amparos en contra de las normas que el Congreso de la Unión emitió para rescatar los sectores estratégicos que nuestro país tiene en el sector de los energéticos, tal es el caso de los hidrocarburos y de la energía eléctrica, con el argumento pueril de que se está atentando en contra de la libre competencia, ignorando que los que se quejan de tener desventaja en la competencia, son monopolios nacionales y extranjeros que tuvieron de su lado a los neoliberales radicales y que capturaron al Estado para que se establecieran normas constitucionales y reglamentarias atentatorias al interés nacional y contratos leoninos, todos en detrimento de las arcas nacionales y, por tanto, contrarias al espíritu y a la letra de la Constitución.
En caso de que lo mencionado no se corrija, es bueno pensar en la propuesta del presidente progresista de México, en el sentido de entregar una iniciativa de reformas constitucionales que eviten a los saqueadores continuar con su propósito de restablecer el panorama que les permitió su predominio.