En el pueblito de Pahuatlán, el gran quiebre entre los grupos políticos, todos asociados al entonces indómito Partido Revolucionario Institucional (PRI), se dio en las elecciones de 1980, por una decisión cupular. El gobernador de la entidad, Guillermo Jiménez Morales, paisano serrano, consintió en la puesta en práctica de una argucia política para desplazar al antiguo grupo político. Al parecer obró en el mandatario cierto resentimiento. Fue como se implementaron elecciones primarias para elegir candidato a la presidencia municipal. En los hechos, la terminó siendo la elección determinante, pues la constitucional derivó en mero trámite ante los órganos de la entidad.
No había competencia electoral. En los hechos, el sistema de partidos era unipartidista. Aunque estaba el PAN y otras organizaciones, ninguno gozaba de presencia en el municipio, para disputar el poder. En las elecciones de aquel año resultó electo Alberto Aparicio Rivera (1980). Provenía del grupo de jóvenes que peleaba contra los viejos políticos por el control de la alcaldía. Aparicio es un apellido de rancio abolengo, asociado con los grupos de poder desde finales del siglo XIX. En 1883 lo encontramos al mando del ayuntamiento con un tal Rafael. El último aparece en el 2018, con Guadalupe Ramírez Aparicio, presidenta municipal. Se trata del grupo mestizo que mantiene el control político desde cuando el ayuntamiento constitucional desplazó a la antigua república de indios, con el triunfo de la Independencia y la organización soberana del país.
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El 14 de febrero del siguiente año (1981), Aparicio Rivera fue declarado vencedor. Protestó el cargo de presidente municipal constitucional de Pahuatlán, para el periodo 1981-1984. Un año después se separó del cargo para incorporarse en un puesto menor en la Secretaría de Gobernación del Estado, desde donde al poco es designado director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla (ISSSTEP). No actuaron en su favor la eficiencia y la eficacia del servidor público, sino otros motivos.
Alejandro Téllez Rivera fue designado para concluir el periodo de gobierno. De aquella administración se sabe, entre otras cosillas, que, en los días previos a la salida de Aparicio, se celebró una reunión de trabajo en la ciudad de Huauchinango, entre presidentes del distrito y el gobernador de la entidad. Allí la Secretaría de Finanzas pagó participaciones a los alcaldes. Pahuatlán se hizo acreedor a un monto de 50 mil pesos. Las participaciones se pagaban en cheque, a nombre del alcalde. Aparicio Rivera tomó el cheque, lo dobló y metió en el parche de la camisa. Exfuncionarios de aquel periodo, dicen que le puso el sello de la presidencia en el reverso, y salió apresurado rumbo al banco de Tulancingo y de allí… al nuevo cargo.
Con este Alberto Aparicio se instala otro grupo político en la presidencia municipal. Lo llamo los culturosos. Su mayor hazaña, y fuente de legitimidad, fue que como gobierno logró incorporar las comunidades indígenas y rurales al desarrollo municipal. Mediante la puesta en marcha de una red de obras de infraestructura social sin precedente (escuelas, caminos, alumbrado, clínicas, agua, drenaje, calles, presidencias auxiliares, empedrados y un ambicioso programa cultural de música de protesta, como marca de identidad). Muchas de aquellas acciones se lograron gracias a una capacidad de gestión desarrollada en las instancias de los gobiernos federal y estatal.
Ese grupo llega a su fin en 2002, cuando pierde la presidencia municipal frente al opositor Partido de la Revolución Democrática (PRD). Martiniano Esteban Santos Trinidad, un indígena otomí de comunidad, vence al nuevo grupo. Sobre todo, vence al clasismo y racismo de la cabecera, un mal sobreviviente de la Colonia. Finalmente, los indígenas tienen a su primer presidente municipal. 181 años después de que la nobleza indígena fue echada del gobierno. Para entonces el grupo de los culturosos se encuentra anquilosado, mermado; sin dirección y figuras morales. A partir de entonces se normaliza la alternancia partidista PRI-PRD-PRI. Ese periodo de cambios político-electorales fenece en el 2018, con lo que fue considerado una imposición del presidente saliente, Arturo Hernández Santos, de su cónyuge, Ma. Guadalupe Ramírez, en la presidencia municipal, como sucesora suya. En 2021, el municipio entra en una debacle y por un momento está a un tris de derrumbarse la estabilidad, por la inusitada presencia de la violencia política, previo a la elección. Por primera vez, en aquella elección, sube a la presidencia un candidato sin partido. Con un discurso, más que político, gerencial.