Montserrat Caballero, presidenta municipal de Tijuana, llamó la atención de la opinión pública nacional, y de algunos lugares del extranjero, al declarar a los criminales: “que cobren las facturas a quienes no les pagaron lo que les deben, no a las familias”. La frase admite varias interpretaciones. Una de ellas: normaliza el cobro de piso y la extorsión. No solo acepta esas prácticas, sino que justifica que los criminales asesinen (así cobran ellos las facturas) a los ciudadanos que no se dejan extorsionar.
La funcionaria no rectificó ni aclaró esta declaración hecha el 13 de agosto. Mario Delgado, el dirigente nacional de Morena, sí: la consideró desafortunada, pero aprovechó para señalar las críticas a la desafortunada afirmación.
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El contexto de la misma son un conjunto de actos criminales en Tijuana y varias ciudades del país, en los estados de Chihuahua, Jalisco, Guanajuato. Quema de vehículos en la vía pública y asesinatos, al parecer al azar. Aquí también las interpretaciones varían, desde quien ve en estos actos y protestas de los criminales por los intentos de apresar a sus líderes, hasta una estrategia del gobierno para apoyar la militarización de la Guardia Nacional.
En Zacatecas, en un curso de verano, policías adiestran a los niños para casos de balaceras: tirarse al suelo y empezar a cantar.
Los dichos de Tijuana y los hechos de Zacatecas suenan a claudicación, a aceptación de la violencia delictiva. Cuando en marzo del año pasado el jefe del Comando Norte de Estados Unidos declaró que grupos criminales operaban en el 30 o 35% del territorio nacional, pareció una exageración excesiva. Con lo que vemos ahora no es tan claro que así sea.
Todo apunta a que tenemos un Estado fallido en algunas áreas del territorio nacional. Y que hasta las autoridades lo ven con resignación, o como algo natural: cóbrenles a los que les deben, pero nada más a ellos. Entrenemos a nuestros niños para que se protejan en casos de balaceras; hay que contar con ellas.
Las manifestaciones de violencia referidas son la punta del iceberg. La cotidianidad de las zonas donde el cobro de piso llega a ser habitual debe ser terrible. Trabajar para los delincuentes. Mermar los ingresos ya de por sí escasos. Vivir con miedo: los homicidios y los secuestros son habituales.
Y nuestros políticos parecen más preocupados en mantener su poder que en gobernar.