Pasaban las dos de la tarde del 23 de junio de este año, cuando Jorge Aduna Villavicencio conducía una camioneta por el bulevar Esteban de Antuñano a la altura del número 503, en la colonia Reforma Sur.
En ésas, una unidad de la Secretaría de Seguridad del municipio de Puebla, identificó que la camioneta en cuestión tenía en la parrilla luces en color rojo con azul, empleadas por unidades policíacas, pero también por unidades de escolta. En la Ciudad de México es común ver ese tipo de luces en carros y camionetas, acompañando a su principal.
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Como sea, el caso es que detuvieron a la camioneta y finalmente, a Aduna, para después aplicarle la fórmula de “por su probable participación en hechos con apariencia de delito de usurpación de funciones públicas o de profesión y uso indebido de uniformes o condecoraciones”.
En español, lo detuvieron por conducir una camioneta que no tenía registro como auto escolta o patrulla policial. Al principio, se señaló que fue detenido por delitos contra la salud, pero no fue así.
La reconcomía hizo lo suyo con ejemplos ya conocidos en Puebla sobre la competencia policiaca local: ¿es factible transportar un sillón con un cadáver adentro y los policías locales no se percatan?, ¿es dable dejar restos humanos en un parque público en plena 25 poniente sin que los gerifaltes se den cuenta?, ¿es posible dispararle a una persona en Santiago y los gendarmes no se enteran? La respuesta es sí a todas estas preguntas.
Así las cosas, luce ilógico que Aduna no hubiera circulado con esa camioneta en el pasado y no se hubiera encontrado con una patrulla, por lo que llama la atención tan oportuna acción, justo en este momento. Cabe pensar que la justicia es selectiva, particularmente cuando al personaje en cuestión se le ve como potencial cajero automático.
Voluntaria o involuntariamente, Aduna lleva años en el centro de un huracán mediático que no lo deja reposar desde que lo presentaron con Rafael Moreno Valle, años ha.
En 2010, una camioneta se prestó para que Rafael Moreno Valle pudiera circular protegido, por aquellos lugares a donde andaba haciendo campaña para la gubernatura. Tiempo después se sabría que esa unidad había sido facilitada por Aduna.
No se sabe a ciencia cierta cómo conectaron uno con el otro, pero tal fue la forma en que el empresario apoyó al sedicente panista. Los negocios de aquél arrancaron con pozos de agua y una proveedora de agua vía pipas, para ir migrando al palenque y luego, al territorio del espectáculo.
Se recuerda en 2013, el concierto de Mercurio y Magneto en el Auditorio Metropolitano. O, en 2011 la actuación de Ricky Martin en el Auditorio Siglo XXI y Enrique Bunbury en la explanada del Complejo Cultural Universitario, apoyándose con Miguel Ángel Cejo y Manuel Lucero, empresarios del ramo.
Las cosas se complicaron a partir de 2015 cuando se dio una serie de seis desapariciones en la calle Juan N. Rojas en Lomas de San Miguel. La fiscalía estatal, entonces en manos de Víctor Manuel Carrancá, señaló que el autor intelectual de las mismas era Aduna.
Entre el 19 de octubre y el 27 de noviembre de 2015, se esfumaron Marco Antonio Cuautle Cuautle, Román Limón Gómez, Pedro Negrete Orea, Luis Ángel Flores Gutiérrez, Rogelio Rivera Osorio y Bryan Gerardo Torres Sandoval, todos vecinos de Lomas de San Miguel.
En esa hipótesis, habían sido levantados, para posteriormente llevarlos a un rancho en los límites de Puebla y Tlaxcala, a donde serían ejecutados, descuartizados, incinerados y vertidos sus restos a una coladera.
La especie, repetida interminablemente en todos los estilos, gramáticas y medios de comunicación posibles, señala que un grupo de asaltantes ingresó a un domicilio familiar de Aduna y agredieron salvajemente a uno de sus integrantes.
La explicación oficial señala que el empresario, al saber que la justicia no llegaría, decidió contratar los servicios de personas con competencias probadas en la búsqueda, localización y posterior escarmiento de delincuentes, quienes demostraron su palmarés, yendo por los responsables de las agresiones a su familiar.
La fiscalía informó que el homicidio de aquellas seis personas ya estaba aclarado: Aduna era el autor intelectual y los operadores de la matanza eran su escolta, su chofer, dos policías ministeriales, un exagente de la Agencia Federal de Investigación y otra persona más.
No pasó demasiado para que Aduna fuera detenido el 18 de febrero de 2016, en el Hotel Marriot, cuando llegó a desayunar. Su escolta caminaba cerca de él y lo detuvieron con otro clásico imbatible: portación de arma de fuego sin licencia. Como es de uso, fue irrelevante el mostrar el permiso, que lisa y llanamente se esfumó en el aire.
Aduna fue detenido y enviado al Penal de San Miguel; tiempo después, fue trasladado a una instalación penitenciaria en el estado de Durango.
El penal de Durango, como se le llama coloquialmente, ubicado en el Ejido 6 de Octubre de Gómez Palacio, tenía poco de haber sido puesto en operación, apenas inaugurado en 2014; sin embargo, ya mostraba signos de saturación, pues en el tiempo que Aduna estuvo por ahí, se encontraba al 98.04 por ciento de su capacidad.
Dos huéspedes le dieron fama al recinto: Daniel Arizmendi López, “El Mochaorejas” y su hermano Aurelio. También se ubica a Marcos Tinoco Gancedo, “El Coronel”, un secuestrador extremadamente violento que operaba en el Estado de México, Hidalgo, Morelos y la Ciudad de México.
También se rememora a Ignacio Rentería Andrade, “El Cenizo”, personaje relevante de Los Caballeros Templarios, una de tantas transfiguraciones de La Familia Michoacana y que siguen operando, aunque no con el inmenso poder del que gozaron en el pasado.
En 2017, Aduna preservó la especie de que nadie había entrado a robar a su residencia y menos aún agredir a un familiar, dado que éste se encontraba en Europa. El empresario señaló que su persecución y encarcelamiento se habían dado en venganza por no querer integrarse como uno más en la voluminosa lista de prestanombres de Moreno Valle.
Conforme fue pasando el tiempo, la espectacular detención de los supuestos sicarios que Aduna había contratado para operar su venganza, terminó desmoronándose: a cuentagotas, fueron liberados.
Los abogados de Aduna obtuvieron un amparo de la justicia federal en junio de 2017. Cuando regresó a Puebla optó por mantener un perfil lo más bajo posible y se dedicó a sus negocios, haciendo de la discreción una compañera pertinente.
Mientras tanto, los cabos sueltos salían por todos lados: no había pruebas de ADN, ni identificación de los restos, acaso alguna ropa, vaguedades. El estilo criminalístico de hacer pomada una investigación se preservó intocado.
En este contexto, dos personajes, uno de la Secretaría de Seguridad Pública y otro de la Fiscalía estatal, relucen en el caos procesal. Oh, paradoja: el primero terminó encarcelado por matar con precisión euclidiana a ministeriales que se atrevieron a cumplir con su deber en Tecamachalco. El segundo se alejó, con sus tortillerías y sus salones de fiesta.
En esta historia, también ha habido margen para los mensajes. Una manta colocada a finales de 2017, enviaba amenazas a miembros de la franquicia de los Zetas en Puebla y de paso, a Aduna.
El mensaje colocado también incluía en su lista de amenazados a distintos funcionarios del Penal de San Miguel y lo firmaba escuetamente, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La redacción, el tipo de material empleado y otros indicios más, hacen pensar que los autores no eran enviados por la jerarquía central de CJNG, sino por alguna de las células operativas que trabajaban la plaza de Puebla en ese entonces.
Cotejando fotografías, tales textiles eran similares a los colocados en ese año, pero el 10 de noviembre, con mensajes dirigidos a los Zetas. No deja de llamar la atención que uno de los amenazados, José Eduardo González, “Lalo”, relevante cuadro de Sangre Nueva Zeta, dejó Pacho Viejo hace poco tiempo.
Es evidente que en este caso, los únicos que quedaron en el limbo han sido los familiares de los desaparecidos, sujetos a fuerzas y poderes desconocidos para ellos. Literalmente, no recibieron ni las cenizas de sus muertos.
La moraleja es geográfica y temporal: de 2011 a 2022, Puebla pasó de ser mayoritariamente controlada por Los Zetas a aplastantemente dominada por CJNG. Y en esa metamorfosis, el pasado intenta ser activado de nueva cuenta por quienes ostentan el control de la plaza.
El motivo de tal intento es doble: por un lado, mantener vivo el circo del morenovallismo para entretener a las masas a efecto de preservar su adormecimiento, ocultando el desquicie institucional que ahoga la gobernabilidad. Y por el otro lado, hacerse de unos centavos. El expolio forma parte de la tragedia poblana.