Me refiero al caso de Daniel Picazo, funcionario de la Cámara de Diputados, linchado en Huauchinango la noche del 10 de junio en la comunidad de Papatlazolco, cuando los vecinos hicieron gala de profunda reflexión, lanzándose sobre dos hombres que daban vueltas en una camioneta. El tumulto optó por un clásico: esos dos, seguramente andaban buscando menores de edad para levantarlos, así que era importante matarlos en caliente.
Por supuesto, esos bravíos pobladores no le sirven ni para el arranque a una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), armados con fusiles de asalto. Menos aún, tienen la convicción para derrotar a las guardias blancas que protegen ranchos, avionetas, narcóticos y toda clase de actividad delictiva vinculada a los caciques de la zona.
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Tampoco disponen de los arrestos para evitar el tránsito incesante de mercancías robadas a punta de sangre y fuego, que posteriormente comprarán ellos mismos en los mercados de la zona, a sabiendas de lo que adquieren.
Se descarta la posibilidad de que emprendan un salvajismo similar, cuando se enteran de que una mujer está siendo molida a golpes por su pareja.
No. El nombre del juego es matar a alguien bajo una coartada mental infalible: el efecto de contagio, ése del que hablaba Joseph Goebbels y que permite cometer cualquier atrocidad cuando se está rodeado de una multitud que está haciendo lo mismo que un rebaño, yendo directamente al abismo.
El criterio del rebaño es sencillo: “yo puedo estar equivocado, pero 300 personas no pueden estar equivocadas”. Pues sí: es factible que un millón de personas estén equivocadas, porque no están pensando sino imitando a su vecino. Y la imitación es uno de los medios de aprendizaje más viejos e ineficientes de la humanidad.
Por supuesto, en todo rebaño siempre hay algo de catarsis: el ofendido, el robado, el vejado, el agredido, el que no tiene poder, el que no tiene dinero, el que ha tenido un día de perros… todos tienen la oportunidad de agredir salvajemente a alguien a quien no conocen, cubiertos por el anonimato. Nadie lincha a un conocido, porque el sabor de la sangre se disfruta cuando el agredido es solo un rostro más.
Una vez que el ansia caníbal ha sido saciada golpeando, acuchillando, lanzando piedras y quemando al desdichado con el que se encontró, el linchador irá satisfecho a su vivienda, no solamente convencido de que ha apoyado a una causa justa, sino feliz por haber olvidado un instante que su vida es una porquería y que aquel muerto le convidó con su sangre, un momento de arrobo.
Pero esta historia no estaría completa si no atiendo a la contraparte de aquellos que linchan personas: a los servidores públicos que deben contener el problema. O deberían.
Por mi actividad profesional, me ha tocado estar cerca de distintos funcionarios del más alto nivel, cuando les avisan que hay un linchamiento en proceso. Su primera reacción es preguntar adónde está ese pueblo al que jamás han escuchado en su vida. A toda velocidad, alguien les pasa una tarjetita con la ubicación del lugar.
Una vez que ya identificaron el sitio en el que se está dando en tiempo real una masacre, su actitud va desde la parsimonia que pide que alguien más lo atienda, hasta la esquizofrenia burocrática: “eso es de Seguridad Pública”, si el personaje está en Gobernación o, “que lo atienda Gobernación” si el individuo despacha en el C5.
Por supuesto, está la opción de Winston Churchill: si quieres que algo fracase, haz un comité. Y de inmediato, se integra un grupo para atender la emergencia.
Este comité reúne a todos los secretarios y encargados de distintas áreas, devorando galletitas y sentados alrededor de una mesa en la que se limitan a una función sustantiva y crucial: escuchar por teléfono, la voz del delegado de Gobernación, jadeante, jugándose la vida entre el tumulto, sin poder hacer algo más, porque la turba es la turba. El delegado es el único que se rifa el físico intentando meter las manos en un incendio sin control.
En forma paralela, le llaman desde esa mesa al alcalde correspondiente, quien opta por responder y balbucear sonseras o jura por todo el martirologio romano que está en el sitio del linchamiento, cosa que es desmentida si de pura casualidad un visor del Centro Nacional de Inteligencia anda por ahí y le preguntan.
Mientras tanto, el populacho ya decidió la suerte del desdichado: lo dejan desnudo, amarrado a un poste, con un hilo de vida o, prefieren quemarlo vivo. Raras veces optan por matarlo de un disparo. Para matar a alguien a disparos, se requiere valor. Y en el caso que se atiende, no hay valor sino furia, la rabia de las manos.
Basado en mi experiencia, el alcalde del lugar es el que debe intervenir, haciéndose acompañar de la policía local y pidiendo el apoyo a otras corporaciones municipales, estatales y federales que acudan para contener a la turba.
Pero, hay varias posibilidades en este tópico: la primera es que el alcalde no se atreva a salir de su oficina porque debe varias a sus gobernados y corre el riesgo de que lo linchen a él, también.
La segunda posibilidad es que le importe un rábano si linchan a una o a diez personas. Y el argumento es tan absurdo como infalible: “seguramente son criminales a los que están linchando. Si no deben ésta, deben otras” y con eso concluye el Debido Proceso en versión Fuenteovejuna.
Y, la tercera posibilidad es que el alcalde haga cuentas de cuántos policías están en el turno para que lo acompañen a controlar la situación. Un pueblo modesto, puede tener entre dos y cinco agentes contra 300 personas, cabe pensar que a los gerifaltes les irá mal.
Cuando llega la Guardia Nacional y un tumulto de policías procedentes de otros municipios, el desenlace ya se dio, llámese muerte o mera golpiza a los señalados como delincuentes, por ese pueblo atontado por el efecto del rebaño al que aludía Goebbels.
Hace muchos años, se dio un linchamiento en un pueblo del Estado de México. Se armó un verdadero infierno, lo recuerdo bien. Y tras investigar, me encontré que el pueblo sabio y bueno se había tragado completo el embuste de una célula guerrillera del Ejército Popular Revolucionario (EPR), el EZLN en versión salvaje.
Esos hombres linchados no eran secuestradores ni violadores sino agentes de inteligencia que andaban vigilando a un grupo de guerrilleros, quienes al saberse descubiertos optaron por decirle a cuanta gente se topaban en el camino, que esos tipos eran violadores de niños.
En segundos, los agentes de inteligencia fueron tomados por los pobladores y acabaron con ellos, mientras los guerrilleros se alejaron tranquilamente y reportaron a sus superiores la acción decidida. Hasta felicitaciones hubo por su conocimiento del manejo de masas.
El cuento de que el linchamiento es el pueblo salvaje, harto de tanta injusticia, funciona bien para los libros de texto. En la vida real, el linchamiento exhibe las costuras de un alcalde omiso y timorato, al tiempo que ostenta la incapacidad estatal para atender una emergencia.
Es lo que hay.