Para cualquier país, el restablecimiento de una situación de equilibrio, una nueva normalidad, es un complejo reto. En México de manera especial requiere terminar de controlar la epidemia originada por el coronavirus en sus distintas versiones y consolidar sus sistemas sanitarios para que si se presentara una nueva epidemia, el sistema de salud lo pudiera enfrentar con mínimas consecuencias; también se requiere hacer frente a la necesidad de relanzar el crecimiento económico, combatir a la corrupción y la impunidad al tiempo que se diseña una estrategia tendiente a mejorar la distribución del poder político de la riqueza y la mejor distribución de los ingresos. Es decir, comenzar a marchar en la ruta para lograr una sociedad más justa y equitativa- el reto es enorme y complejo.
Cuando pensamos en la corrupción, surge la imagen de un burócrata que exige sobornos a ciudadanos impotentes e indefensos simplemente “para que los trámites se hagan”. Tras esta imagen aparece la concepción del Estado como extractor de recursos de la economía para beneficio exclusivo de políticos y burócratas. Este enfoque ha influido notablemente sobre la manera de analizar y medir la corrupción en los últimos años. Como resultado, se ha recomendado una reducción de la autoridad discrecional de los funcionarios públicos con el fin de eliminar las oportunidades de exigir sobornos. Ilustra la situación de lo complejo de combatir a la corrupción los diez gobernadores que aparecen en una fotografía emblemática donde aparece Enrique Peña Nieto tomada en 2012. En la reunión correspondiente a ese momento, el Presidente exaltó la fuerza de la nueva camada, la fuerza y rectitud de ellos que borrarían las triquiñuelas y latrocinios cometidos por los panistas corruptos. Los diez exgobernadores que hoy están presos, sujetos a proceso o se encuentran prófugos de la justicia. En el caso de los exgobernadores panistas se tienen a varios sujetos a proceso, se tiene también a altos funcionarios de los gobiernos panistas sujetos a procesos por diversos delitos incluidos el de haber colaborado con el crimen organizado. Todo ello da indicio de que la captura del estado fue alentada y promovida por los integrantes de los gobiernos neoliberales.
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Captura del Estado: Una forma de corrupción a gran escala
En las economías en transición, la corrupción ha forjado una nueva imagen: la de los llamados oligarcas que manipulan la formulación de las políticas e incluso configuran las nuevas reglas del juego para su propio beneficio. Éste es el comportamiento que denominamos captura del Estado. Si bien esta forma de corrupción a gran escala se reconoce como el problema más pernicioso y difícil de detectar en la economía política de las reformas institucionales y económicas, se han hecho pocos esfuerzos sistemáticos para distinguir sus causas y consecuencias de las de otras formas de corrupción. Tampoco ha habido intentos de medir esta clase específica de corrupción ni de comparar su incidencia en los distintos países.
Por captura del Estado entendemos los intentos y los éxitos de las empresas para influir en la formulación de las leyes, las políticas y la reglamentación del Estado favorables a sus intereses a cambio de pagos ilícitos —con carácter privado— a los funcionarios públicos. Se ha desarrollado un método para medir esta forma de corrupción a gran escala basándonos en las observaciones y el análisis de una encuesta en casi 4.000 empresas en 22 países en transición.
Para medir y analizar la captura del Estado se utilizaron datos de la encuesta Business Environment and Enterprise Performance Survey (BEEPS) realizada conjuntamente por el Banco Mundial y el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD). La información se recolectó mediante entrevistas personales que tuvieron lugar a mediados de 1999 en 22 países en transición. En la mayoría de ellos se entrevistó a gerentes o propietarios de 125–150 empresas, aunque se emplearon muestras más grandes en Polonia (250), Rusia (550) y Ucrania (250). La muestra fue aleatoria a fin de representar la población de empresas de cada país, y se fijaron parámetros sobre el tamaño de la empresa y el régimen de propiedad (véase Hellman, Jones y Kaufmann, 2000).
Las empresas captoras, por su parte, no solo obtienen ventajas con el crecimiento de las ventas sino también con el suministro de bienes públicos básicos, como la protección de los derechos de propiedad. Los datos recogidos en la encuesta muestran que las empresas captoras pueden compensar las deficiencias generales del estado de derecho adquiriendo del Estado protección individualizada de sus derechos de propiedad. En economías de alto nivel de captura, las empresas captoras tienen cinco veces más probabilidades que las demás de proteger mejor sus derechos de propiedad a través del tiempo, pero también a un elevado costo socioeconómico, porque el nivel de inseguridad de los derechos de propiedad es mucho mayor para las empresas no captoras en las economías de alto nivel de captura que en las de bajo nivel.
Cuando ciertos políticos y burócratas pueden vender bienes públicos de manera privada, con mínimas repercusiones políticas, como la “venta privada” de la seguridad de los derechos de propiedad a un puñado de empresas a cambio de un soborno, tendrán pocos incentivos las empresas que no son incluidas en los beneficios de la captura del estado. Se impide el desarrollo de las actividades empresariales en todos los sentidos.
Las muchas caras de la corrupción
La corrupción del sector público es un síntoma del fracaso de la gobernabilidad en un país. En este caso, se definió como ‘gobernabilidad’ como las tradiciones e instituciones a través de las cuales se ejerce la autoridad en un país, por ejemplo: el proceso de selección, control y cambio de gobierno, la capacidad del gobierno para formular e implementar eficazmente políticas sólidas y el respeto de los ciudadanos y el Estado por las instituciones que gobiernan las interacciones económicas y sociales entre ellos. La corrupción no se manifiesta de una sola forma; de hecho, generalmente adopta por lo menos tres formas distintas:
Corrupción menor, administrativa o burocrática. Muchos actos de corrupción son operaciones aisladas de funcionarios públicos que abusan de su cargo, por ejemplo, pidiendo sobornos y comisiones clandestinas, desviando los fondos públicos o concediendo favores a cambio de dádivas personales. A estos actos se les conoce como corrupción menor, aunque, conjuntamente, puedan comprender un monto importante de recursos públicos.
Corrupción mayor. El robo o uso inadecuado de grandes cantidades de recursos públicos por funcionarios del Estado —generalmente miembros de la élite política o administrativa o relacionados con esta— constituye un acto de corrupción mayor.
Tráfico de influencias/captura del Estado. La colusión entre representantes del sector privado y funcionarios públicos o políticos en beneficio propio con frecuencia se denomina captura del Estado. Es decir, el sector privado “captura” el aparato judicial, ejecutivo y legislativo del Estado para sus propios fines. La captura del Estado coexiste con la visión convencional (y opuesta) de corrupción, en la que los funcionarios públicos extorsionan o explotan al sector privado para fines personales.
La corrupción también adopta características específicas en cada país; por lo tanto, es fácil que fracasen los enfoques que aplican políticas y herramientas comunes a países en que los actos de corrupción y la calidad de la gobernabilidad varían ampliamente. Es necesario entender las circunstancias internas que fomentan o permiten la corrupción de los representantes públicos y privados.
El director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz, expuso ante diputados de Morena que las sociedades de autoabasto pueden ser demandadas, porque no están autorizadas para vender energía y, sin embargo, 110 de ellas vulneran la ley al contar con casi 70 mil asociados que no pagan su consumo de electricidad, y se han convertido en “monopolios privados extranjeros”.
En un diálogo con los legisladores de ese partido, antes del inicio del periodo de sesiones ordinarias, detalló que en la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador se prevé la transición energética como responsabilidad de la CFE, y que al ser “un desarrollo tecnológico de enorme importancia, es un asunto del Estado; en esa transición se contemplan también los automóviles eléctricos”.
Bartlett sostuvo que la reforma energética de 2013, en el sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto, tuvo como objetivo desaparecer a la CFE para dejar el control del Sistema Eléctrico Nacional a las empresas extranjeras. Resaltó que, bajo ese modelo, las sociedades de autoconsumo se han convertido en un monopolio en distintos estados, ejemplificó que, en Nuevo León, ese modelo lo ejerce Iberdrola.
Recordó que el actual gobierno intentó cambiar el modelo de suministro para que la CFE tuviera un mayor control en la distribución de la energía; sin embargo, las grandes empresas promovieron un amparo para tener el derecho de conectarse al sistema de energía eléctrica sin control alguno, poniéndolo en riesgo.
Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto se compró gas en cantidades exorbitantes para alimentar 17 termoeléctricas que no existen, confirmaron fuentes involucradas en la reunión que sostuvo la secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm, con miembros del gobierno de México.
Los datos que se dieron a conocer advierten que se realiza una investigación para saber a quién se suministró el gas comprado y a dónde fue a parar el capital de la transacción. Las fuentes consultadas aseguran que la funcionaria se manifestó impresionada por la lucha contra la corrupción que realiza el gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador.
Se enteró de que el gobierno de Peña Nieto compró una gran cantidad de gas con el argumento de que se necesitaba para las termoeléctricas, pero nunca las hicieron, porque el negocio era comprar el gas, muy posiblemente para las empresas de la iniciativa privada.
También se puso sobre la mesa la estrategia de quienes desde las empresas privadas que producen energía eléctrica y que se dicen de autoabasto, en realidad han hecho un negocio de la venta de dicha energía.
La apertura periodística de la caja de secretos financieros y fiscales alcanzó en México a tres segmentos bien definidos: grandes empresarios, cuyos historiales poca sorpresa provocan al saber las maniobras que realizan; a hijos y familiares de políticos del pasado, sobre todo priistas y panistas, y a figuras relevantes de la llamada Cuarta Transformación, en las cuales se ha centrado la atención mediática porque habría de suponerse que esos presuntos transformadores no recurrirían a ese tipo de prácticas, cobijadas por la legalidad pero sumamente indicativas de acciones inmorales de enriquecimiento y ocultamiento de fortunas.
El caso de mayor contundencia en cuanto al cuatroteísmo corresponde a Julio Scherer Ibarra, cuya renuncia al cargo fue confirmada el pasado 2 de septiembre, entre especulaciones sobre su salida relacionadas con el desplazamiento de sus funciones que se prefiguraba con la llegada de Adán Augusto López Hernández a la Secretaría de Gobernación, pero también respecto a la presunta persistencia de un ánimo empresarial y de litigios particulares, además de indebidas promociones electorales, todo lo cual no debería coincidir con el ejercicio de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República que con el citado Scherer Ibarra llegó a tener un gran poder.
Otro caso grave es el relacionado con el secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis Díaz Leal, quien sustituyó en julio de 2020 a Javier Jiménez Espriú y a quien han señalado con constancia de irregularidades y favoritismos. De manera indirecta, el nombre de Manuel Bartlett Díaz aparece en relación con Julia Abdala Lemus, quien ha sido durante décadas la pareja sentimental del actual director de la Comisión Federal de Electricidad, pero sin vínculo jurídico. Y la galería la cierra el senador coahuilense Armando Guadiana, siempre enredado en conflictos político-empresariales, no sólo relacionados con la venta de carbón en el norte del país.
Después de cuarenta años de convivir en un pacto social de globalización neoliberal, con reducida regulación gubernamental, el resultado desafortunadamente ha sido el incremento de la pobreza, la acumulación de la riqueza en pocas manos, y, consecuentemente, el aumento de la desigualdad social. Lo cual en esas dimensiones no sucede en países como los escandinavos y Nueva Zelanda. Por el contrario, es claramente evidente que esos efectos negativos se maximizan en aquellos países en los que su estado de derecho es débil, vulnerable, y, peor aún, corrupto. Esta situación ha generado un malestar social colectivo en muchas sociedades, que se ha visto expresado en diversos procesos electorales recientes, incluido el nuestro, con el triunfo sin precedentes y aplastante de López Obrador y Morena.
En esencia, la causa principal de lo anterior es que no se ha creado una cantidad suficiente de empleos bien pagados que beneficien a la mayor parte de la población, originada en el hecho de que el ejercicio a ultranza del modelo económico y social ha provocado que la riqueza creada no se reparta eficazmente y llegue exiguamente a la mayor parte de la población. Y ello también debido a que las empresas, por la puesta en práctica de un elemento esencial del modelo neoliberal, reducen su gasto laboral, utilizando el menor número de trabajadores y empleados, con los menores salarios posibles, para lograr ser competitivas y tener costos y gastos equiparables o mejores que sus competidoras. Panorama que se ha agudizado con la incorporación de la tecnología, la robótica, el uso de la inteligencia artificial y la nueva forma de hacer negocios. Todo lo cual acentuará las posibilidades de desempleo y las actividades informales.
Las medidas anunciadas y ejecutadas por nuestro Presidente, como son las pensiones para adultos mayores y personas pobres discapacitadas, así como las becas para el desarrollo educativo de las y los jóvenes, son indudablemente necesarias para impulsar el estado de bienestar social en nuestro país. No serán sin embargo suficientes si no vienen acompañadas con acciones que en forma simultánea impulsen el desarrollo económico de México. Y para lo cual es igualmente indispensable contar con nuevas políticas con perspectiva de derechos humanos, particularmente en materia económica, social y medioambiental, pues ya no se deben seguir separando la política económica y la política social.
Entre las acciones que hay que desarrollar en el ámbito económico sobresale el regular con eficacia las desviaciones del mercado, eliminando los privilegios empresariales que evitan que se dé una auténtica competencia. Elemento éste fundamental en el sistema para la fijación de precios justos a los consumidores, con el que se reduciría al menos a corto plazo la pobreza y la desigualdad.
Lo que debe quedar muy claro es que a los políticos que se sumaron a la gran corriente de transformación que se aglutina en la 4T no se les pide borrar su historia, se les exige que en adelante muestren una conducta que corresponda con los nuevos criterios para hacer política, poner en el centro como prioridad los intereses de los mexicanos y desterrar las conductas propias de los neoliberales que privilegiaban los intereses de los grandes magnates. No se puede prescindir de los dueños del capital, pero si se les puede exigir que su actividad se realice con una clara subordinación de sus intereses a los que representan, los intereses de los mexicanos, es decir, de la nación.