Dos aspectos de dominio público, que, sin embargo, deben ser señaladas, cada vez que sea posible son: a) La contingencia sanitaria generada por COVID-19 evidenció problemas estructurales ya existentes y generó nuevos en diferentes ámbitos de la vida social, entre ellos el de salud, y el de educación; y, b) el impacto negativo causado por la pandemia se presenta de manera diferenciada, de acuerdo a las posibilidades económicas de la población. Este segundo aspecto, es de particular interés en este texto.
En un país en donde el 76.5 por ciento de su población o está en la pobreza o es vulnerable a ella, resulta muy claro, que ese impacto recibido por la población fue diferenciado: mientras más pobre, mayor el impacto negativo (https://www.coneval.org.mx/coordinacion/entidades/Paginas/inicioent.aspx).
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Si esta situación la combinamos con indicadores educativos, asociados, tales como el rezago educativo (“población de 15 años o más que no sabe leer ni escribir, que no ha concluido la primaria o la secundaria y que no está siendo atendida por el sistema escolarizado de educación básica”), no se requiere ser experto para vislumbrar la agudización de problemáticas ya existentes, como lo son las brechas educativas.
Por no dejar, hay que mencionar, que Puebla no canta mal las rancheras: en nuestra entidad, el 88.2 por ciento de la población poblana se encuentra en situación de pobreza o es vulnerable ante ella.
Las brechas que distancian entre sí a los integrantes de la población estudiantil, condicionan el ejercicio efectivo, de su derecho a la educación, a partir de la condición socioeconómica de cada uno de ellos. Esta situación resulta particularmente grave para un gobierno que toma como esencia de su narrativa la justicia, específicamente, la opción de primero los pobres. En educación, esta declaración de principios se traduce en garantizar la educación como un derecho para todos y no como privilegio de unos cuantos.
El panorama resulta nada halagüeño. Diría que la ola expansiva de la pandemia apenas nos tocará en breve; lo no realizado no tiene remedio, así que, debemos concentrarnos, primero, en impulsar la investigación educativa generadora del conocimiento que permita apreciar con precisión lo que sucede, así como construir los escenarios posibles por venir; y en segundo, vendría bien, establecer la red de colaboración, que integre a diferentes actores sociales calificados con poder de voz y voto, en la búsqueda de alternativas de acción, orientadas a la atención de las problemáticas educativas actuales y venideras.
Seguro, habrá otras cosas por hacer, incluso otras rutas o propuestas. A mí se me ocurren estas dos emergentes; aunque parezcan de sentido común, se depende de la voluntad de actores centrales como lo son las dependencias de gobierno; mientras no reconozcan la existencia y valía de otros actores, será imposible concebir la construcción de puentes de colaboración, pero también, se complican las cosas, con la ausencia de un sistema de evaluación del sistema educativo, que aporte la información necesaria, a manera de insumo para la toma de decisiones.
Así pues, al no contar ni con ese sistema de evaluación del sistema educativo ni con la vocación de apertura y trabajo colaborativo por parte de las instancias de gobierno, el panorama se pinta de negro; panorama en donde las brechas existentes en lo social y educativo, irán en aumento, agudizando, la de por sí complicada situación social.