El presidente López Obrador ha señalado ya por dónde irá su propuesta de reforma electoral: que los consejeros y magistrados electorales sean electos por el pueblo, es decir, por votación universal de la ciudadanía.

Hay al respecto dos ideas o grupos de ideas sobre la democracia. La primera es la que puede sostener la propuesta presidencial: el pueblo, la mayoría de los ciudadanos, debe tomar todas las decisiones relevantes.

Es por mayoría de votos que se debe decidir dónde se construye un aeropuerto. O si se construye o no una planta productora de cerveza. Se confía en que la decisión mayoritaria será la más adecuada. En parte porque será una decisión que afecte a todos, o a la mayoría. En parte también porque el pueblo es “bueno y sabio”, y por tanto deben recaer en él las decisiones relevantes.

Otras visiones de la democracia consideran, a partir de datos y experiencias, que los ciudadanos no sabemos de todo, ni podemos saberlo. Hay algunos que han dedicado su vida a estudiar lo electoral, y saben de eso. Pero ignoran casi todo lo demás: aeropuertos, fábricas cerveceras, programas de salud, infraestructura ferroviaria, turismo, medicina…

Nadie juzgaría sensato, por ejemplo, someter a votación mayoritaria si se somete o no a una cirugía. En esos casos se acude a los que saben, se consulta a más de un médico, se escuchan los argumentos (también se puede uno informar al respecto en internet). Y se toma entonces la decisión.

Se dirá que la cirugía es un asunto privado, y la participación de la ciudadanía se propone para asuntos públicos. Es cierto. Pero es cierto también que los asuntos públicos son más diversos y complejos que los asuntos médicos. Que no es razonable pensar que todos podemos decidir sensatamente sobre todo lo público.

La teoría de la democracia de Schumpeter parte de esa realidad. Y considera que la democracia es un buen sistema político, pero no puede basarse en la idea de que todos podemos decidir sobre cualquier asunto.

Churchill, demócrata convencido, con su humor inglés coincidía con Schumpeter: “el mejor argumento contra la democracia son cinco minutos de conversación con el ciudadano promedio.”

Más recientemente, y basado en datos de encuestas realizados en los últimos sesenta años, Jason Brennan llega a lo mismo: los ciudadanos desconocemos, abrumadoramente, la mayoría de los asuntos públicos.

Por eso la democracia no se limita a las elecciones. Las exige, pero exige también un entramado institucional que vaya mucho allá de ellas. Por eso jueces, la mayor parte de los funcionarios, rectores de universidades públicas y de organismos paraestatales no son electos por voto universal.