Es importante mantener la oficialidad de la administración universitaria. Con el término ‘oficialidad’ me refiero a la necesaria administración de todos los asuntos universitarios por las vías establecidas por la propia normatividad universitaria.
Con motivo del Día Internacional de la Mujer hubo una serie de denuncias a través de las redes sociales y es preocupante que las autoridades de algunas de las unidades académicas en las que se suscitaron los hechos denunciados hayan respondido, aparentemente por las mismas redes sociales, que se ocuparían o ya se habían ocupado de las denuncias.
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Es el caso del director de la Preparatoria Regional “Simón Bolívar” quien en su cuenta de Facebook, aparentemente, “acusa recibo” de la denuncia de un hecho realizado (sic) por un docente de esa unidad académica. Según esta comunicación, el director procedió “a resolver en términos de lo solicitado por alumnas y sus padres de familia”.
Yo me pregunto: ¿y qué hay de la legislación al respecto?
Efectivamente el Art. 115 del Estatuto Orgánico señala las facultades y obligaciones de las autoridades personales y en su fracción XI específicamente dice “Garantizar dentro de la Unidad Académica el estricto cumplimiento de la legislación universitaria… dictando las medidas conducentes.”
Asimismo, el artículo 187 del mismo Estatuto señala los derechos de los alumnos y la fracción XIV dice: “Demandar ante las autoridades e instancias respectivas su intervención conforme a las facultades que le confiere la Legislación cuando haya acciones que lesionen o atenten contra su dignidad y/o sus derechos.”
Por otra parte, el artículo 153 señala: “Las autoridades colegiadas y personales son las únicas facultadas para aplicar sanciones conforme al procedimiento previsto en la legislación universitaria. En todos los casos la autoridad competente tendrá la obligación de respetar el derecho de audiencia del universitario a quien se le atribuye la comisión de una falta o el haber incurrido en alguna responsabilidad para la cual la propia legislación fije una sanción.”
¿Cuál es el punto aquí? El punto es que ninguna unidad académica, y mucho menos la universidad, puede dirigirse a “twittazos” o por medio de cualquier otra red social. Lo que los universitarios deseamos saber es si la denuncia fue atendida en los términos que marca la legislación para que se sienten precedentes, se abran expedientes de manera tal que haya constancia de las faltas cometidas y no se pueda decir “bueno, para la próxima…” cuando ya hubo una conducta reprobable.
El fantasma de la anomia recorre la universidad. Las autoridades que no cumplen con la legislación se escudan diciendo que ésta es obsoleta o que “las cosas siempre han sido así” o que “el poder se ejerce”. Sin embargo, cada acción fuera de la legislación es una acción arbitraria y deja en la indefensión a la enorme mayoría de las y los universitarios.
Nos enteramos por los periódicos de que la Abogada General había renunciado y de que ya se había nombrado a alguien más. Sin embargo, el Abogado General de la universidad es un funcionario del consejo universitario y la renuncia, si es que la hubo, tendría que haberse presentado ante el consejo para que éste nombrara a su sustituto(a). Pero el consejo no ha sido convocado con este punto en ningún orden del día. Así que, si es cierto que la Maestra Rosa Isela Ávalos renunció, la universidad no tiene a nadie ocupando el cargo de Abogado(a) General.
Podrá haber alguien encargado del despacho, pero no un abogado(a) general y a esto nos referimos cuando decimos que cumplir con la legislación no es una mera formalidad. Todo lo contrario, lo que caracteriza a una institución seria y confiable es su observancia de la ley. Por algo las normas están debidamente motivadas y fundadas. En otras palabras, tienen su razón de ser.
Gracias a los estudiantes hemos regresado parcialmente a las clases presenciales. Lo mismo debe suceder con las reuniones de los consejos, tanto de unidad académica como universitario. Que se mantenga la posibilidad del sistema híbrido por el momento, pero que se devuelva a la normalidad la vida universitaria para evitar la concentración del poder y la verticalidad en la toma de decisiones.
¿No les parece a ustedes de la mayor importancia exigir a las autoridades personales y colegiadas y a los funcionarios que cumplan con lo que la legislación les manda?