El viernes pasado hubo consejo universitario. Rindieron su informe anual la Tesorera General, el Contralor General, la Abogada General y el Defensor de los Derechos Universitarios. También se aprobó el ejercicio presupuestal del año 2021 y el Proyecto Anual de Ingresos y Presupuesto de Egresos para 2022. Todos los puntos muy importantes, pero quisiera llamar su atención sobre la intervención de la Mtra. Rosa Isela Ávalos Méndez, Abogada General de la BUAP.
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En su intervención mencionó a todos y a cada uno de los integrantes de su equipo, así los denominó, y les agradeció su colaboración. Lo hizo de manera muy sentida y aparentemente como despedida. No presentó su renuncia al Consejo Universitario, órgano que la nombró; sin embargo, los rumores de que lo hará han sido muy insistentes.
¿Qué pasaría si la Mtra. Ávalos renunciara?
La universidad se quedaría sin representante legal. ¿Por qué? Porque la rectoría tiene la representación legal y ésta puede ser delegada sólo en el abogado(a) general de la universidad.
El fantasma de la ilegalidad y de la ilegitimidad recorre a la universidad. Todo se inició con la auto-prórroga de mandato del consejo universitario anterior y con la falta cometida por el rector anterior al no emitir la convocatoria para la renovación del consejo universitario. Fue un consejo ilegal el que convocó a la elección de la nueva rectoría y de ahí la invalidez de las elecciones. De aquí que cualquier nombramiento por parte de la rectoría o del actual consejo universitario sea nulo de pleno derecho.
Es éste un asunto que merece ser examinado porque el hecho de que “se hayan salido con la suya” no implica que sus actos se den en el marco de la legislación universitaria. Esta legislación fue violada de manera flagrante y el control férreo desde la administración central hizo lo demás.
¿Por qué es tan importante que señalemos las veces que sea necesario esta violación a la ley? Porque el retorno a una vida democrática dentro de la universidad empieza por respetar la legislación que los propios universitarios nos dimos. La autonomía universitaria no se hizo para encubrir las faltas de las autoridades, en este caso, las máximas autoridades de la universidad.
La autonomía universitaria es el resultado de la libertad alcanzada por una institución que se distingue por la primacía que da a la deliberación de las ideas, a la confrontación respetuosa, al libre ejercicio de los derechos políticos, y todo esto en el marco de la sujeción a las normas internas y externas a la institución. Obviamente estamos obligados a sujetarnos a las leyes nacionales e internacionales.
Si hay algo que debemos combatir es la imposición por la fuerza, sobre todo si a ésta se la disfraza como “la voluntad de las mayorías”. Precisamente para evitar estos abusos nos hemos dado un marco legal dentro del cual actuar y este marco no es una condición suficiente pero sí necesaria para reinstalar en la universidad el trato respetuoso y democrático.
Así como la posible renuncia de la Abogada General de la universidad vuelve a poner sobre la mesa la ilegalidad de las acciones del consejo universitario y del rector anterior, así cada acción de las autoridades actuales está marcada por este vicio de origen. El problema es que esta situación no se traduce en una afectación personal, sino institucional.
La actual administración podrá seguir actuando “como si fuera legal” pero no lo es. Sobre todo porque lleva a cabo las mismas prácticas y para muestra un botón: no ha habido una sola sesión ordinaria del consejo universitario.
¿No les parece a ustedes de la mayor importancia recordar, cuantas veces sea necesario, que hay una legislación universitaria y que respetarla sustenta el ejercicio de nuestros derechos?