Ahora que ya se tiene indicios claros de que la pandemia está cediendo, subsiste el problema de lograr pacificar al país y al mismo tiempo se tiende a minimizar las prácticas de corrupción que se vincula, en buena medida, a la disminución de los fenómenos de impunidad.
La actual situación nos permite intentar una taxonomía de lo que se debe entender como el fenómeno de las organizaciones delincuenciales; es prudente tomar en cuenta que la delincuencia por su nivel de organización se debe clasificar en al menos dos grandes categorías: la delincuencia ordinaria y la profesional. La primera se caracteriza por contar con delincuentes que cometen ilícitos de manera circunstancial, no de modo sistemático; la segunda tiene una actuación regular y requiere de una organización más sofisticada, debe quedar claro que ambas son organizadas, pero en la primera la organización es más elemental, en tanto que en la segunda se requiere del uso de métodos diseñados por gente con formación profesional. Las relaciones con el resto de la sociedad de la delincuencia ordinaria requiere una vinculación normal con los ciudadanos comunes y corrientes; si acaso, una cierta relación con policías corruptos que les facilitan su accionar con menos dificultades, en tanto que la profesional requiere de relaciones con el poder político para conseguir un ámbito de acción, que les permita delinquir en grande y asegurar que los protejan leyes e instituciones, así como, funcionarios de alta y mediana importancia en el aparato gubernamental (logran capturar al Estado y poner a instituciones y niveles de gobierno a su servicio). También lo hacen en el espacio de la iniciativa privada para asegurarse un alto grado de impunidad; se puede decir, que eso les permite las acciones de lavado de dinero. Con todo eso, en ocasiones hasta logran que los denunciantes de sus fechorías les tengan que ofrecer disculpas.
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Si el propósito es pacificar a nuestro país, considero prudente realizar un recuento de los componentes esenciales de tal problemática: en primer lugar, debe tomarse en cuenta que lo que viene aconteciendo en México se vincula al fenómeno de la pobreza, la marginación y las trabas que se presentan para superar esa situación y los estados de ánimo que generan en los ciudadanos de la República. Otro aspecto que acerca a los mexicanos a una predisposición a la violencia es lo relacionado con la situación de la educación, que no es una vía para la superación de los problemas de la mayoría de los mexicanos. Del mismo modo se debe considerar que la situación del desarrollo económico genera altos índices de desocupación o de empleos marginales con remuneraciones muy bajas, que no alcanzan para solventar los gastos para sostener dignamente a una familia.
Todo ello se puede catalogar como una situación que aproxima a los mexicanos de todas las edades a ser material utilizable por las bandas organizadas para delinquir. En el plano de los componentes de la problemática tenemos en México a las bandas del crimen organizado que se pueden identificar como profesionales, que cuentan con poderosas características organizativas y a la delincuencia que podemos conceptualizar como ordinaria, menos poderosa pero también con cierta organización. Especialmente la primera categoría delincuencial y su presentación mixta, ordinaria y profesional, se desarrolló porque recibió un fuerte impulso y se les dejó fortalecerse y hasta se les fomentó durante los gobiernos partidarios de considerar al mercado como la guía de las acciones del Estado.
En la estrategia para combatir la violencia relacionada con la producción, distribución y el consumo de las drogas, se tiene que plantear el propósito de convertir esas actividades en objeto de negocios ordinarios y, para ello, se deberá evitar fomentar la creación y funcionamiento del mercado negro de esas substancias; en pocas palabras se debería optar por la regulación por parte del estado para evitar el funcionamiento del mercado negro, de las espectaculares ganancias y de las luchas sangrientas por el control de los territorios que son claves para el funcionamiento de esas actividades. Se debe convertir la producción y distribución de las drogas en un negocio como el de la producción de las bebidas alcohólicas o el tabaco.
En la actividad relacionada con la producción, distribución y consumo de alcohol y tabaco no hay guerras para controlar el mercado y sí existe un control institucional de dichas actividades.
Como el asunto es de carácter mundial sería bueno que se realizara en el seno de una instancia internacional, un encuentro para discutir las formas de su regulación en el mundo y las formas que ello adquiriría en cada uno de los países que aceptara participar, para que, insisto, el negocio de esas actividades sean reguladas y así evitar que se traduzcan en hechos de violencia creciente por existir en ellos ganancias abundantes, fantásticas, aunque llenas de violencia y derramamiento de sangre para los miembros de las bandas de delincuentes, pero también de gente inocente.
Se trata de evitar esta problemática, pero al mismo tiempo reconocer que no se puede borrar que existen necesidades de los ciudadanos que se deben satisfacer en las mejores condiciones de calidad y de accesibilidad. Por ello, lejos de optar por la vía prohibitiva, se debería optar por la regulación de la citada actividad en su aspecto de producción, distribución y consumo.
Bajo esa situación se tendría que trabajar en el desmantelamiento de las redes delincuenciales relacionadas con las drogas. Allí sí se tendría que operar sin tolerancia ante las bandas profesionales que se dedican a su tráfico para desde allí fortalecer al sistema de producción legal de las drogas para uso medicinal y para uso lúdico.
Con la estrategia que tiene como propósito lo expresado anteriormente y, con la consecuente creación de una instancia de control de las actividades relacionadas con las drogas, se aseguraría que al desmantelar los cárteles de la droga y substituirlos por empresas controladas legalmente se evitaría que alguno de los cárteles se fortaleciera como consecuencia del combate a los más fuertes de los existentes. Lo que se impulsaría con el combate al narcotráfico sería el control del Estado sobre la citada actividad y seguro que se tendería a disminuir significativamente los hechos de violencia en nuestro país.
Lo que se debe dejar muy claro es que el triunfo de AMLO, la opción progresista de la política en México por su contundencia y legitimidad indiscutible, significa un cambio de las prioridades en la toma de decisiones por parte del Estado y de su órgano ejecutivo, el Gobierno de la República; en esas circunstancias y a partir de ellas se inicia un nuevo sistema de prioridades. Es a partir de ese triunfo que lo prioritario es el interés de la nación, y enseguida de acuerdo con criterios de productividad y efectividad ética y moral, los intereses de los distintos colectivos corporativos, de carácter social y político. Esto es lo que se debe considerar como un referente obligado.
Lo mencionado da idea de lo complejo que es el combate a la corrupción especialmente si no se logra desmantelar lo que se tejió para tener al Estado mexicano cautivo. La euforia del triunfo en 2018 no se acompañó de un cuidadoso análisis de lo que había que cambiar en la estructura legal del país y se optó por simplemente cuidar una transición aterciopelada, por lo que se dejó intacto el aparato construido por los captores del Estado y no se analizó la necesidad de hacer reformas constitucionales que permitieran restructurar las instituciones que los neoliberales crearon para controlar el país y continuar con sus fechorías disfrutando de un blindaje legal y político. Así se dejó todos los órganos autónomos que, durante el periodo neoliberal, casi nada hicieron por cumplir sus objetivos institucionales que más bien eran órganos de simulación para cubrir los ilícitos; ahora frente al gobierno progresista se alinean con los del bloque dominante neoliberal.
Ejemplos de su conducta ilegal y sesgada sobran: en 1988, el IFE admitió junto con el tribunal electoral el fraude que se hizo para evitar que el bloque progresista llegara al poder, se evitó que se reconociera el triunfo de Cuauhtémoc Cárdenas en la elección presidencial, y se favoreció a Carlos Salinas de Gortari.
Más adelante, en 2006, el IFE y el TEPJF evitaron que se reconociera el triunfo de AMLO con un descomunal fraude que contó con la participación muy importante del tribunal electoral reconociendo el triunfo fraudulento de Felipe Calderón, a pesar de que en sus análisis de la elección se reconoció la participación de la institución presidencial presidida por Vicente Fox; así se asentó en su resolutivo sólo que consideró que esa intervención no era definitiva para anular la elección. Queda claro con eso, el sesgo de esa institución por su origen en favor del bloque que dominó a nuestro país durante más de treinta años (a integración de sus órganos directivos determinados por cuotas de los partidos PAN y PRI dominantes en el periodo neoliberal); todavía más tolero que de manera evidente se incurriera en el uso de los recursos públicos en 2012 para comprar, por medio de tarjetas bancarias de los votos a favor del PRI.
En 2018 sólo la marea que apoyó a AMLO evitó que el INE y el TEPJF se inclinara por el candidato del bloque neoliberal, a pesar de que trabajaron mucho por estar listos, solaparon la omisión del Congreso para reglamentar la elección citada, se convirtieron en legisladores por que sustituyeron la ley reglamentaria para hacer aplicable el decreto constitucional que ordenó realizar la jornada electoral el primer domingo de julio en lugar de hacerlo como se marca en la ley (LEGIPE) el primer domingo de junio de ese año. Lo que substituyó a la ley fue un reglamento electoral elaborado por el INE y autorizado por el TEPJF. Clarísima usurpación de funciones, y desde ya debieron ser destituidos los autores de ese ilícito. La intención de lo sucedido en ese momento era que las instancias electorales pudieran con su reglamentación, los colocara en situación de poder reconocer un fraude electoral más. Así trabajan los que secuestran al Estado. Eso debió ser desmantelado en todos los órganos autónomos, esos órganos debieron de inmediato ser restructurados de acuerdo a la nueva situación generada por el triunfo progresista en las elecciones del 2018 cuya exigencia es que sean efectivamente órganos imparciales y respetuosos de la ley.
En lo que corresponde a lo relacionado con el funcionamiento de la impartición de justicia se permitió que siguiera vigente la normatividad que posibilitó a los integrantes del bloque neoliberal seguir con las prácticas de tráfico de influencias, que por esa vía consiguieron la evasión de obligaciones fiscales con las situaciones que permitían una deducción de impuestos de manera desproporcionada, y en ello contaron con la tolerancia de las autoridades hacendarias que permitían para adquirir el derecho a la deducción la presentación de facturas de empresas inexistentes; como ejemplo se puede mencionar la famosa Estafa Maestra, una gran cantidad de hechos relacionadas con las compras realizadas por secretarías de Estado y de las direcciones encargadas de las adquisiciones. En esos negocios ilícitos se encontraban involucrados funcionarios públicos de mediano y alto nivel, así como las proveedoras de los insumos que constituían verdaderas redes delincuenciales. En ello participaban los miembros del aparato público como parte de la trama, pero a medida que ese método se fue afinando, ya no sólo recibían comisiones o propinas sino que pasaron de la protección de actos ilícitos a tener participación de las ganancias apareciendo como propietarios de las empresas proveedoras de los insumos que el Estado adquiría.
Así se consolidó la red de corrupción que permitió el saqueo de las arcas públicas de México. Una dinámica similar se presentó en las empresas estratégicas del Estado mexicano en Pemex y en la CFE. La tendencia privatizadora se pretendió introducir debilitando a esas empresas; se hicieron acciones como las que se han dado a conocer con Etileno XXI, que significó un contrato en el que esa empresa tenía asegurado el insumo básico a un precio subsidiado por PEMEX con el 33% de su precio, pero además con la garantía de que, si escaseaba en la empresa, ella se obligaba a proporcionarlo a Etileno XXI con las mismas condicione del contrato mencionado.
En el asunto de las tomas clandestinas había dos tipos de tomas las que se hacían a cielo abierto toleradas por gobiernos estatales, como fue el caso del gobierno de Rafael Moreno Valle en Puebla y eso se presentó en todo el país. Esas tomas así explotadas, más bien pretendían crear base social para ese ilícito y distraer la atención de lo fue el verdadero saqueo de la industria petrolera en opción grande del crimen organizado profesional , que se encontraban jefaturando por algunos integrantes de la administración de Pemex, funcionarios de los tres niveles de gobierno tolerando y participando en el ilícito; y particulares que lavaban el dinero al vender en establecimientos oficiales el producto sustraído a las Instalaciones de PEMEX . El colmo fue que algunas empresas le vendían a la empresa pública los productos sustraídos de sus estructuras; las tomas clandestinas que estaban en algunas bodegas o predios con instalaciones especiales son las que comercian y comerciaban las grandes cantidades de los derivados del petróleo propiedad de la nación. Eso sólo se puede explicar con la participación de funcionarios públicos vendiendo protección o siendo socios de ese negocio ilícito.
Petróleos Mexicanos (PEMEX) renegoció un contrato leonino firmado en el gobierno de Felipe Calderón y la empresa Braskem, filial de la brasileña Odebrecht, por un monto de cinco mil 200 millones de dólares, para que en veinte años se le abasteciera de gas etano a un costo 30 por ciento menor al real. Ahora se redujo a menos de la mitad.
Octavio Romero Oropeza, director de Pemex, explicó el entramado del contrato. Durante el gobierno del panista Felipe Calderón Hinojosa, en 2010, se estableció el convenio que, además, en cinco años, de 2015 a 2020, costó a PEMEX, por supuestos incumplimientos en el abastecimiento de 66 mil barriles de gas etano diarios, 667 millones de dólares, dinero que salió del presupuesto directamente a las arcas de la empresa brasileña.
En lo que tiene que ver con la energía eléctrica -allí con el argumento de que había que fomentar energías limpias-, se promovió un proceso de privatización que significó desde el aparato público, impulsar acuerdos con empresas privadas especialmente extranjeras; convenios que han significado financiarlas con recursos públicos del país, y además contratos abusivos que significa subsidiar su funcionamiento obligando a la CFE no cobrar servicios que presta a estas empresas privadas.
El director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, recordó que varias empresas extranjeras se benefician de subsidios otorgados por la compañía estatal mediante el modelo de “autoabasto”, al cual calificó como “un atraco”. De acuerdo con el funcionario, esta figura tiene una base jurídica nula y supone un fraude a la ley.
Debe recordarse que el mal llamado “autoabasto” es un esquema de defraudación que permite a casi 80 mil “socios de paja” presentarse como sociedades de autoconsumo -es decir, que generan su propia electricidad–, cuando en realidad son empresas que compran energía a otras, quienes se las hacen llegar a través de la red de la CFE sin pagar la tarifa de transmisión, con lo cual la firma del Estado absorbe los costos de los privados que, para colmo, la están despojando de sus clientes. Este lucro con la red pública se da independientemente de la tecnología usada en la generación de electricidad, por lo que pueden beneficiarse del mismo tanto los productores de energías limpias como quienes recurran a hidrocarburos.
Esta situación de atraco permanente ilustra a la perfección la falsedad de las campañas mediáticas que atacan a la CFE en nombre de un supuesto ambientalismo: en este caso, la defensa del medio ambiente no es más que la fachada de intereses privados que buscan perpetuar el robo al erario.
Ciertamente, la empresa productiva del Estado debe avanzar en la transición hacia las energías renovables y la sostenibilidad, pero ello será imposible mientras siga atada a las disposiciones y los contratos corruptos signados durante los gobiernos del ciclo neoliberal, un lastre que de 2013 al año pasado le supuso pérdidas por al menos 471 mil 200 millones de pesos. El primer paso ineludible hacia ese necesario tránsito consiste, entonces, en sanear las finanzas de la CFE librándola de la carga de subsidiar a sus competidores y fortalecerla permitiéndole el uso pleno de sus capacidades de generación, las cuales se han limitado de manera artificial para hacer espacio a los actores privados.
Con todo lo que se sabe hoy, es inocultable que el propósito de todos estos esquemas siempre fue el de quebrar a la Comisión Federal de Electricidad y entregar el mercado al control total de la iniciativa privada, un modelo que se ha revelado catastrófico en todas las regiones donde ha sido aplicado
Para todo lo anterior se creó un andamiaje normativo que hoy para desmantelarlo se tiene que impulsar un conjunto de reformas constitucionales. Lo inadecuado fue dejarlo para la situación actual en donde el gobierno progresista ya no cuenta, por sí mismo, con la mayoría calificada, pero se está demostrando, con un costo y dificultad mayor, que aún cuando sea más complicado se puede corregir el rumbo.