Independientemente de lo que en general signifique las redes sociales para los pueblos indios, lo cierto es que como en general ocurre, tiene su lado positivo y negativo. Los pueblos originarios se han incorporado a la vida nacional y mundial no a través de las acciones de los gobiernos federales; lo están haciendo a través de las tecnologías y su avance incesante. Como nunca, hoy los indígenas están vinculados con el mundo, no obstante las brutales brechas de desigualdad que los dividen de los no indígenas, por acción de los malos gobiernos. Veamos un caso en particular de buenas prácticas comunitarias y sus implicaciones políticas, sí políticas, en la Sierra Norte de Puebla, en el que las redes juegan un papel crucial.
Que los indios se encuentran en el último peldaño de la estructura social de bienestar tiene una explicación histórica y política que se observa en el día a día. Desde hace 500 años sobre ellos conspira lo que se denomina régimen de desigualdades. Un nudo ciego que los mantiene postrados en el último escalón del desarrollo social, económico y político. Ante esa inequidad debidamente institucionalizada en las políticas de gobierno, sean del partido y nivel que sean, los pueblos indios y comunidades -hartos de la exclusión en el acceso a los bienes y servicios a los que por ley tienen derecho-, apoyados en las redes sociales se organizan al margen de los gobiernos para llevar a cabo acciones de vital importancia para el progreso y bienestar de sus comunidades. Por ejemplo, abrir una calle sobre terrenos anegados para que los niños acudan con seguridad a la primaria bilingüe a tomar sus clases ordinarias. Muchos de ellos caminan descalzos.
Más artículos del autor
Se trata de la comunidad indígena otomí de San Pablito, Pahuatlán. No obstante tratarse del pueblo más ponderado por los gobiernos municipal, estatal y federal, por ser el único lugar en el que todavía se sigue elaborando papel amate (papel indígena sobre el que se hicieron muchos de los códices prehispánicos) con las técnicas de hace 500 años, y por cuya razón hace ocho años a la cabecera municipal se le otorgó el pomposo título de “Pahuatlán: Pueblo Mágico”. No obstante esa ponderación, San Pablito acusa los índices más altos de pobreza y pobreza extrema y rezago social. Las acciones gubernamentales no llegan, no obstante que en enero de 2019 los visitó el Presidente de la República. Durante un buen rato arengó en la cancha.
Juan Chichicastla -un hombre de grandes habilidades artesanales y buen ciudadano- y los suyos se cansaron de hacer gestiones ante la autoridad para abrir una callecita que comunique con la escuela bilingüe. Ante el desamparo, el menosprecio (los indios no son objeto de derechos) se organizaron los vecinos y pidieron ayuda, ¿a quién más?, a los paisanos que salieron huyendo de la pobreza y que ahora tienen una vida mejor gracias a su trabajo esmerado en los Estados Unidos. En hojas cartulina blancas hicieron una larga lista con los nombres y aportaciones en especie y en efectivo de 82 vecinos y 20 migrantes. Unos se anotaron con bultos de cemento, otros con viajes de grava, los que participaron con trabajo, los que dieron en efectivo, y lo que recibieron de sus familiares en el norte.
Lo más importante, y aquí las implicaciones políticas y económicas que mencionaba arriba, la transparencia y honradez con la que se ejecutó la obra. Y su costo. Se dan casos en los que los alcaldes las elevan en cien y hasta doscientos por ciento más, argumentado distancias, acceso, marginación, traslados, inflación, gastos inesperados, e incluso las obras inexistentes. La información de la obra en cuestión circula detallada en la red, y cualquiera la puede revisar y verificar. Los indígenas son ejemplo cardinal de transparencia y rendición de cuentas para todos los niveles de gobierno. Juan, sus vecinos y paisanos seguramente ignoran lo que obliga el artículo 134 de la Constitución, pero en este caso particular (sin ser funcionarios) lo cumplieron con una precisión de experimento de química. El ayuntamiento de Pahuatlán, no obstante la obligación de ley, no cuenta con portal oficial habilitado (www.pahuatlan.gob.mx). La gente tiene dudas legítimas. Quiere saber quiénes son los nuevos funcionarios municipales y sus méritos; los criterios con los que fueron designados, los sueldos asignados, correspondencia entre perfil y puesto, proyectos en curso, pero sobre todo la gente quiere saber el estado en el que se recibió la administración. Aunque también es cierto que, la nueva administración apenas llevan un par de semanas en el cargo.
La exclusión del indio asoma. La administración saliente (2018-21) en caja dejó un cheque por 830 mil pesos para la comunidad de San Pablito. Se trata de dinero etiquetado, que se entrega bajo criterios administrativos y técnicos, los cuales deben ser previamente cumplimentados. El problema es de origen. Años atrás la comunidad entabló una querella contra la administración municipal por incumplimiento en la entrega de recursos a la comunidad. La disputa escaló, escaló y escaló. Llegó incluso a organismos internacionales y la tomaron los partidos políticos. Al final el fallo de las autoridades electorales nacionales favoreció a la comunidad y obliga al ayuntamiento a entregar a la comunidad recursos de manera ordinaria. Sin embargo, y como son indígenas, los funcionarios actuaron de mala manera y establecieron como sujeto receptor a quien en su origen entabló la querella; es decir, el presidente auxiliar, Rogelio Marroquín quien terminó su periodo en 2019. En aquel año entró en funciones un nuevo presidente, sin embargo, las autoridades determinaron que la persona autorizada para recibir las partidas presupuestales y ejercerlas fuera el propio Marroquín, una persona que no tiene ninguna representación en la comunidad ni en el ayuntamiento.
Queda claro que a) Los tres niveles de gobierno son declaradamente incompetentes en su deber de ofrecer bienes y servicios de calidad y oportunidad a los pueblos indios, no obstante que de palabra son la prioridad en este gobierno; b) los pueblos indios organizados son ejemplo de honradez pública y eficiencia para los gobernantes formales; c) los indios no tienen acceso efectivo al estado de derecho; d) es el mercado, no el Estado, quien esta integrando a los pueblos indios a niveles de desarrollo y bienestar con identidad étnica.
Chayo News
Tengo entendido que, por primera vez en la historia del ayuntamiento de la capital, presidido por Eduardo Rivera, contará con un programa robusto de atención a los pueblos y comunidades indígenas asentados en esa jurisdicción, desde una perspectiva de ejercicio de derechos a la cultura e identidad. Programas y proyectos caracterizados por su alta rentabilidad social. Aunque en términos estrictos esta sería la segunda vez. Hace cinco años, a iniciativa de la asociación civil Perspectivas Interdisciplinarias, el entonces alcalde Luis Banck consintió en apoyar una primera iniciativa en ese sentido, la que no alcanzó los frutos previstos por intereses e incompetencia de su entonces secretaria de Desarrollo Social. Una muchacha con poca claridad en cuestiones sociales, pero sobre todo displicente en el tema de los pueblos originarios.