De acuerdo a datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), México ocupa el primer lugar como país con más casos de abuso sexual infantil. Se calculan alrededor de 5.4 millones de casos al año; y se estima que una de cada cuatro niñas y uno de cada seis niños sufren violaciones antes de cumplir la mayoría de edad. Además, en cuatro de cada diez delitos sexuales las víctimas son personas menores de edad. Y en México se reportan al día 30 nacimientos diarios de embarazos de niñas menores de 15 años.
Estos datos ponen en evidencia la importancia de combatir de forma mucho más frontal la violencia sexual contra mujeres y niñas, pero también la de buscar prevenir desde las generaciones más pequeñas, que sean víctimas de abusos sexuales, o del inicio de una vida sexual consentida, sin información necesaria para hacerlo de forma responsable y plena.
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Se han realizado diversos esfuerzos desde la sociedad civil y el Poder Legislativo para impulsar una educación sexual integral, donde se hable plenamente a niñas, niños, adolescentes y jóvenes de la importancia de conocer sus cuerpos, de identificar conductas que pueden derivar en abusos sexuales, que muchas veces son tolerados o justificados porque sus perpetradores son familia y se manejan como “secretos de familia”, cuando detrás esconden terribles historias de violaciones y abusos; para que también conozcan la importancia y opciones de métodos anticonceptivos y conozcan plenamente sus derechos sexuales y reproductivos donde incluso se hable de la interrupción legal del embarazo y el derecho a decidir como una opción en caso de ser necesario. La verdad es que hablar de estos temas sigue resultando incómodo, estigmatizante y no prioritario por gobiernos, legisladores, partidos y tomadores de decisiones que no consideran que sea un tema relevante para sus agendas, pero que si puede resultarles costoso electoralmente a sus carreras.
Sin embargo, las estadísticas no mienten. Los datos compartidos al inicio de esta colaboración demuestran la importancia de poner manos a la obra y de ser firmes en la atención que un tema tan delicado requiere y que está cobrando la dignidad, la seguridad y la integridad de infancias y adolescencias en todo el país.
El acceso a la educación sexual integral es un derecho. Las niñas, niños y adolescentes merecen acceder a información científica, laica, gratuita y sin prejuicios que les permita tomar decisiones respecto a su salud sexual y reproductiva, respecto al autocuidado que merecen tener también en ese ámbito de su vida.
Alarma que iniciativas progresistas para impulsarla se queden en la congeladora legislativa, pero que iniciativas antiderechos como el pin parental que busca restringir el acceso a esa información y, que sean solo los padres o tutores quienes tutelen el acceso a esta información, avancen y encuentren eco en los sectores más conservadores y retrógradas pero que están muy bien articulados y buscan tener incidencia política.
Pero el problema es mucho más grave que un proceso legislativo. Mientras los tomadores de decisiones ignoran el tema, todos los días hay niñas que se convierten en víctimas sexuales de sus agresores y que confundidas no entienden lo que pasa, que viven en el miedo, la culpa y la rabia al sufrir algo que ninguna niña o niño deberían pasar; porque nadie les habla sobre abuso sexual, porque nadie les dice que nadie debe tocar ninguna parte de su cuerpo sin su consentimiento, porque en muchos lugares de nuestro país, la venta de niñas y adolescentes es incluso una práctica de usos y costumbres tolerada y justificada.
Pareciera que cuando hablamos de educación sexual integral estamos diciendo ¡todos tengan sexo ya!, y no es así. Lo que exigimos desde la sociedad civil es que se implementen acciones inmediatas para atender y prevenir situaciones que están vulnerando el interés superior de la niñez y la adolescencia por falta de información y educación.
Se condena el embarazo adolescente pero no se ve que está íntimamente ligado con abusos sexuales, donde los agresores -la mayoría de la veces-, se encuentran en el círculo más cercano de la víctima, tíos, abuelos, primos, vecinos y hasta padres. Se condena el aborto legal, pero todos los días ocurren setenta violaciones a mujeres y niñas.
¿Cuál es la solución ante esta ola de agresiones y violencias que atañen a las infancias y adolescencias mexicanas? ¿Hacer oídos sordos, seguir con legislaciones criminalizantes y con planes educativos obsoletos que no atienden la problemática actual?
Necesitamos educación sexual integral ya, para conocer, para entender, para decidir y hasta para prevenir. Ojalá entiendan que eso es mucho más importante y urgente que los pleitos de la clase política en los que tanto se entretienen.
@Marisol_Calva