Ciertamente, Andrés Manuel López Obrador no es igual a ninguno de los presidentes de la república que lo antecedieron porque es peor que el peor de ellos.
Raúl Espejel Pérez
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Ha demostrado que es un individuo mañoso, falso y mentiroso. No obstante esto, siempre que se para frente a los reflectores de la prensa y de un micrófono, pide que no lo confundan con ninguno de los presidentes neoliberales, conservadores y corruptos que han gobernado el país porque asegura que no es igual a ninguno de ellos.
Tiene razón está vez. Hay que reconocerlo. Excepcionalmente dice la verdad.
Efectivamente no existe el menor punto de comparación entre él y todos los exmandatarios que encajona en su categórico diagnóstico. La razón es sencilla, evidente e inobjetable. El presidente López Obrador es peor que el peor de ellos.
Hace unos días, para ser preciso, el martes 8 de octubre, en la sede de la secretaría de Gobernación se llevó a cabo una Mesa de Diálogo y Negociación donde participaron, en representación de él, el subsecretario de Gobierno Ricardo Peralta y un grupo de jóvenes delincuentes que una semana antes, en el estado de Michoacán, robaron y saquearon 92 autobuses; secuestraron a las 92 personas que los operaban; tomaron casetas de peaje para apoderarse ilegalmente del dinero que debió recaudarse por concepto del uso de autopistas y por añadidura saquearon diversos establecimientos comerciales.
Los delincuentes en cuestión, a quienes, según el criterio de Peralta, no se les debe estigmatizar porque proceden de familias pobres (lo cual implica desde el punto de vista lópezobradorista que toda persona que sea pobre tiene derecho a delinquir impunemente), se ostentan como estudiantes de la Escuela Normal Rural de Tenería, situada en el municipio mexiquense de Tenancingo.
En vez de que el gobierno de la 4T cumpla con su obligación de denunciar ante el Ministerio Público a estos delincuentes para que sean sancionados conforme lo indica la ley y así se contribuya al restablecimiento del Estado de Derecho, insólitamente el subsecretario Peralta suscribió un convenio con ellos donde comprometió al gobierno de AMLO a “entregarles automáticamente” 84 plazas magisteriales a cambio de la liberación de las 92 personas a quienes ilegalmente privaron de su libertad y devolvieran los 92 autobuses robados, así como también hicieran entrega de las casetas de peaje tomadas.
Las consecuencias de esta actitud gubernamental contemplativa y pusilánime, que ─que por su propio peso cae en el ámbito de la complicidad─, causará más y mayores daños a la precaria gobernabilidad que padece el país, porque premia y estimula a los delincuentes estudiantiles para que continúen delinquiendo, sabiendo de antemano que bastará robar autobuses, secuestrar personas y tomar casetas de peaje para que la secretaría de Gobernación instale otras mesas de diálogo y extorsión a efecto que cuanto delito se les ocurra cometer nuevamente queden impunes.
La gobernanza del país continuará en picada si López Obrador persiste en aferrarse a su errónea estrategia de tratar de combatir a la delincuencia con besos en vez de aprehenderlos y de suplicar a los infractores de la ley que antes de delinquir nuevamente piensen en sus mamacitas.
Consecuencias de la flacidez y alcahuetería del gobierno de la 4T
1.- El 10 de octubre, normalistas de Tirepetío y Cherán, en busca de “acuerdos importantes” como los que dos días antes lograron en la secretaría de Gobernación sus condiscípulos de la normal rural de Tenería, robaron ─tomaron “prestados”, dicen ellos─ 17 autobuses de pasajeros y secuestraron 20 camiones de carga para exigir a las autoridades (¿¿??) plazas automáticas de maestros y asignación de becas.
2.- Al día siguiente, 11 de octubre, alumnas de la normal rural de Teteles, haciendo caso omiso de su condición femenina, siguiendo al pie de la letra el ejemplo de la lucha supuestamente revolucionaria impuesto por sus colegas de Tenería, Tirepetío y Cherán, también robaron autobuses para condicionar su devolución a la destitución del director y subdirector de su escuela.
3.- Entusiasmados por los productivos resultados que obtuvieron durante la visita que efectuaron la semana anterior a la secretaría de Gobernación, los normalistas de Tirepetío reincidieron en su conducta delictiva al bloquear la carretera Morelia-Pátzcuaro y robar más autobuses para trasladarse a la capital de Michoacán para exigir becas, más plazas magisteriales automáticas y otros apoyos.
En caso de no ser atendidos por el gobernador perredista Silvano Aureoles se trasladarán a la secretaria de Gobernación en busca de más “interesantes acuerdos”.
Algo acerca de la disminuida secretaría de Gobernación
Todos los secretarios de Gobernación priistas que concluyeron completo el mandato para el que fueron designados por el presidente de la república en turno, efectuaron sus funciones sin pena ni gloria. Excepto Luis Echeverría por su involucramiento en la masacre de Tlatelolco el 2 de octubre de 1968. Mario Moya Palencia a quien se atribuyó participación en la represión efectuada a estudiantes el 10 de junio de 1971 frente a la Escuela Nacional de Maestros y Manuel Bartlett Díaz, quien después de ocupar el cargo de secretario general del neoliberal y conservador PRI entre 1981 y 1982, dos años después se mencionó su nombre en el caso del asesinato del periodista Manuel Buendía.
Posteriormente, en 1988, acatando instrucciones del presidente Miguel de la Madrid, Manuel Bartlett tuvo bajo su conducción el mayor y más evidente fraude electoral que se haya cometido en la historia de México. Fraude que robó el triunfo a Cuauhtémoc Cárdenas y convirtió en presidente de la república a Carlos Salinas de Gortari.
Por realizar exitosamente el fraude electoral que arrebató a la izquierda mexicana su primer y único triunfo electoral, el exdirigente nacional del PRI, exsecretario de Gobernación y ahora destacado colaborador del presidente López Obrador, obtuvo como premio la gubernatura de Puebla.
Malos secretarios de Gobernación fueron Santiago Creel, Carlos María Abascal, Francisco Ramírez, Juan Camilo Mouriño ─quien simultáneamente fue apoderado legal de la empresa transportadora de gasolina Transportes Especializados Ivancar, propiedad de su padre y presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados─, Fernando Gómez Mont, Alejandro Poiré, Miguel Ángel Osorio y Alfonso Navarrete.
Lamentablemente, resultó peor que sus homólogos, la primera mujer que ocupó la titularidad de la secretaría de Gobernación, Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila de García Villegas, de la que tirios y troyanos esperábamos una excelente actuación por ser mujer, abogada y exministra de la SCJN y conocedora de la importancia que tiene para el país que en México se cumplan y respeten todas las leyes que integran su legislación y que quienes las violen reciban el castigo penal correspondiente.
Doña Olga María del Carmen no ha demostrado capacidad ni interés para cumplir los mandatos sustantivos que, como secretaria de Gobernación, le impone la ley respecto a la formulación y conducción de la política interior que compete al Ejecutivo Federal; garantizar el carácter laico del Estado Mexicano; vigilar el cumplimiento de los preceptos constitucionales por parte de las autoridades y formular y coordinar la política de prevención social del delito… mediante (la implementación de) programas que refuercen la inclusión social.
Además de incumplir esas inalienables obligaciones jurídicas, la señora Sánchez no alzó la voz cuando su patrón López Obrador arrebató ilegalmente a la secretaría de Gobernación la facultad, también sustantiva, de “Formular y conducir la política migratoria” del país, para adjudicársela al secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard y convertirlo virtualmente en vicepresidente de México.
En vez de renunciar al cargo que ocupa en la Segob, para responder con dignidad e implícita gallardía al agravio que le infirió el presidente López, Sánchez prefirió continuar enchufada en la nómina de la burocracia de la 4T y autoengañarse al declarar que como secretaria de Gobernación “está más fuerte que nunca...”.
Para cerrar con broche de oro, la actuación que hasta ahora ha tenido la secretaria de Gobernación, a raíz de la masacre de que fueron víctimas de narcotraficantes 13 policías en el municipio michoacano de Aguililla, la encargada de “formular y coordinar la política de prevención social del delito”, sin compungirse ni ruborizarse, la todavía titular de la Segob, declaró que ella cree que crímenes colectivos como éste, “se dan todos los días, a todas horas, en todos los lugares del país”.
¡Así está haciendo historia la 4T!