Después del proceso electoral, muy cuestionado, realizado en el año 2018 el TEPJF finalmente declaró en un ambiente sumamente controvertido que la candidata de la coalición PPAF Martha Erika Alonso había triunfado, y por tanto la declaró Gobernadora del Estado de Puebla. El 24 de diciembre del año 2018 en un fatal accidente falleció la citada gobernadora, como consecuencia de ello se procedió al nombramiento de un gobernador interino, a él se le encomendó resolver los problemas del estado y convocar de acuerdo con las normas vigentes a elecciones extraordinarias de gobernador para el estado de Puebla.
La elección extraordinaria se realizó en el 2019; como el prestigio del IEE había sufrido un desgaste vertiginoso por las irregularidades que toleró y que se sostiene alentó y dirigió, por petición unánime de las fuerzas políticas se formuló ante el INE que atrajera la elección mencionada y en consecuencia por decisión del órgano mencionado, acordó atraer la elección extraordinaria de Puebla para que fuera organizada y procesada por el órgano electoral nacional, dejando al margen a la OPLE de Puebla, es decir, se dejó fuera al denominado IEE. Y consecuentemente se marginó al TEEP.
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El INE se hizo cargo del proceso electoral y lo asumió por medio de su Junta local electoral, aunque con cierta frecuencia realizó sesiones del CG del INE para resolver temas relacionadas con las elecciones extraordinarias de Puebla. El proceso electoral se desarrolló de manera normal en el seno de la Junta local electoral del INE Puebla.
Si bien es de resaltar el hecho de que el INE declaró, para tal efecto, que el marco legal a aplicar sería el de la legislación local, sin explicitarlo, el INE tomó en cuenta para dicha elección la división distrital de la estructura federal y no la local, atendió la elección con las juntas distritales de los 15 distritos federales y no con los 26 distritos correspondientes a la estructura local, se ahorró la tarea de constituir los consejos distritales y algunos recursos que se dedicarían a tal tarea, supongo que nada les hubiera costado explicitarlo, para así conseguir contribuir a la certeza y a la transparencia del proceso electoral extraordinario.
Considero que al usar la estructura de los distritos federales para la elección de gobernador en Puebla se pudo demostrar, sin así pretenderlo, al menos así pareció, que en las elecciones concurrentes es viable evitar la duplicidad de órganos electorales, lo que puede significar mayor claridad en la elección para los ciudadanos mexicanos y un significativo ahorro de recursos económicos en las elecciones. Se puede pensar en una sola estructura distrital y en modificar, para efecto de las elecciones locales que los distritos uninominales federales se puedan habilitar como distritos binominales y trinominales con el propósito de permitir homologar la estructura distrital local con la federal. (En la elección por el principio de Mayoría relativa, conciliar la elección de 26 diputados locales con la elección de 15 diputados federales, someter a discusión la idea perfilada para que se aplique en todo el País, de tal modo que pueda conseguir una sola estructura electoral nacional).
En cuanto a los resultados de la elección extraordinaria multicitada es pertinente dejar establecido que fueron factores importantes para explicar los resultados los elementos siguientes:
*El tipo de Campaña,
*los perfiles de los candidatos,
*los recursos organizativos y económicos, el prestigio y arraigo de las fuerzas políticas que los apoyaron,
*el desempeño de los gobiernos que emanaron de las mismas fuerzas políticas y
*de modo importante el comportamiento de las organizaciones políticas que los impulsaron.
Considero pertinente matizar lo expresado diciendo que los resultados que arrojó el proceso electoral fueron influidos, de manera muy importante, por la contienda interna que Morena vivió en la lucha por la candidatura a gobernador del estado, eso en mi opinión, desgastó a la fuerza principal en Puebla y le evitó tener el resultado que seguramente pudo haber conseguido: el de un triunfo contundente.
Pues bien, el resultado fue que con claridad los poblanos elegimos a Luis Miguel Barboza como gobernador constitucional y que triunfó la coalición denominada JHH. El reto que enfrenta el nuevo gobierno es gobernar, hacerlo de manera distinta con el eje de la honestidad, de la democracia, el desarrollo y de la justicia.
Gobernar significa en primer lugar dejar claro el rumbo y para lograr el encauzamiento de la sociedad lo primero es poner orden, aunque paralelamente se tiene que dar señales de que sí se tiene una estrategia, con medios y objetivos determinados para lograr mejorar los niveles de vida de los poblanos, así que, además de lograr restablecer la seguridad para los poblanos se debe integrar un bloque histórico capaz de garantizar un gobierno poderoso, honesto, eficiente, justo y democrático.
De entrada se debe hacer que los integrantes de los grupos de interés del pasado régimen se comprometan a respetar la normatividad vigente y apoyar el trabajo de combate a los actos ilícitos ya denunciados y a evitar ser parte de nuevos ilícitos pasando así a sumarse a la nueva dinámica.
De modo simultáneo se debe impulsar que el poder legislativo desmantele los reglamentos y leyes que legalizaron los actos voraces de los anteriores gobernantes, tal sería el caso de la normatividad que permitió la privatización de servicios vitales para la ciudadanía, tal es el caso de la privatización del agua; desmontar también la normatividad que permitió que se ocultara la decisión de endeudar a Puebla con los famosos Proyectos Por Servicios (PPS) o Las Asociaciones Publico privadas(APP). La decisión de recurrir al crédito no es malo, por si mismo, lo inadecuado es que recurra a ello de manera oculta y que en ese acto quede silenciado quién y quiénes se beneficiaron con ello: lo correcto en una decisión como la mencionada es que se demuestre la necesidad de tal acto y, además, se garantice que en ese acto se defenderán los intereses de los poblanos y de ningún modo se privilegie el negocio de algunos favoritos del poder. Sería muy pertinente que además de auditar las obras realizadas con las figuras que permitieron ocultar el endeudamiento, se especificara quiénes y en qué circunstancias se incorporaron como inversionistas privilegiados y como consecuencia como beneficiarios de los fideicomisos constituidos con recursos públicos por el gobierno de Puebla, y con eso garantizar los recursos aportados por los inversionistas privados, en condiciones obviamente ventajosas para ellos y con cargo al erario Público.
Se trata de desmantelar la red legal y de contubernio político que tenía y aún tiene cautivo al estado, esa es una de las grandes tareas del poder legislativo a nivel nacional, que ya lo está haciendo y a nivel local que también está teniendo avances, ya el congreso le hizo saber a la auditoria superior del estado que ese órgano es auxiliar del congreso para la fiscalización de los recursos públicos, hoy ya queda claro que el congreso le debe ordenar a la auditoria que ponga a su disposición los archivos de las cuentas fiscalizadas por ella, ese archivo es del congreso y debería simplemente tener antecedente de todos los trabajos de fiscalización en ese su archivo, y de ningún modo depender de que el órgano de auditoria superior del estado esté dispuesto a ponerlo a sus disposición, el congreso teniendo la información siempre, por supuesto, lo manejaría de acuerdo a la legislación vigente.
En todo esto el congreso tendrá que estudiar los cambios en el entramado legal para evitar que continúe el secuestro del estado por parte de los particulares que se beneficiaron con la anterior situación.
Tendría que modificar el marco legal que permitió presentar los pasivos de Puebla en forma de PPS y de APP como algo distinto a deuda, solo explicable por la imposición de un sistema que privilegia el interés privado por encima de los intereses legítimos vinculados a la mayoría de los poblanos. Del mismo modo, se tendrá que reformar lo que permitió que los convenios de privatización del servicio de agua potable nuevamente en favor de los intereses voraces de los amos de los negocios.
Que quede claro, se debe ajustar la normatividad para que exija que los negocios se ajusten a lo que dentro la sociedad actual se permite como actos de negocio en donde se opte por lo que la sociedad necesita y, de ese modo, se definan las prioridades y que los empresarios que se sumen al trabajo de la sociedad como proveedores de servicio o como constructores de obra pública sean los elegibles por su eficiencia por honestidad y por ser los mejores para realizar lo que la sociedad poblana requiere, desterrar de este modo los convenios ventajosos que privilegian los negocios voraces y las comisiones, tendrán en el nuevo sistema prioridad el trato con los empresarios honestos, eficientes y eficaces. Es decir, se debe priorizar defender una nueva cultura del servicio público para los poblanos.
Es prudente que los temas como los que hoy se están discutiendo entre los que se encuentra el del transporte, el acuerdo que se pudiera tener con los transportistas quedara condicionado a que primero se realizaran los cambios prometidos y por tanto se les permitiera a los permisionarios cobrar la nueva cuota a los medios de transporte cuando ya hubiesen realizado los cambios, antes no, el gobierno y los ciudadanos de Puebla serían los vigilantes autorizados para que el acuerdo se cumpliera.
En caso de que se presentaran controversias deberán ser resueltas por la SCT con el apoyo de los ciudadanos. En las circunstancias anteriores el estado cautivo hacía como que se acordaban los cambios y después, favoreciendo a los empresarios transportistas, permitía que no cumplieran los compromisos.
En lo que corresponde a iniciar el trabajo para crear un ambiente propicio lograr el desarrollo de la sociedad poblana en todos los órdenes en lo cultural, en lo educativo y en lo que corresponde al crecimiento económico, es indispensable lograr un ambiente de seguridad pública que permita la vida tranquila y normal de los poblanos, en eso se tiene que lograr una mejor organización de los aparatos de seguridad pública. Aquí es necesario coordinar esfuerzos con lo que se está proyectando a nivel nacional cooperar en la operación de las fuerzas del orden en el País con el Ejercito, con la Armada Marina Nacional y de modo especial con la Guardia Nacional, para ello se tiene que diseñar una estrategia que posibilite la preparación de las policías estatal, municipal y las policías auxiliares mejorando su nivel cultural de comprensión de su papel dentro de la sociedad, mejorar su nivel salarial, lograr un equipamiento adecuado para cumplir con sus tareas y de ser posible lograr con las fuerzas de seguridad federales que se convenga el establecimiento de competencia circunstanciada, es decir que ante eventos de competencia atribuible a otras corporaciones de seguridad los que se encuentren en el lugar de los hechos puedan provisionalmente asumir la responsabilidad hasta que la corporación correspondiente haga acto de presencia en el lugar del evento en cuestión. Con ello se podrá de modo más eficaz enfrentar los hechos que genera la actuación del crimen organizado, en cuanto a la estrategia general las policías poblanas se han sumado ya a la estrategia definida por el gobierno de la República, aunque se debe sugerir que en coordinación se podrán establecer matices para cada región de la república y de manera especial en el territorio poblano.
Con lo expuesto se podrá de manera paulatina, pero firme, dando la seguridad para que los proyectos del plan estatal tengan el desarrollo requerido.
En esto último sugiero que frente a un órgano consultivo que reúna a los presidentes municipales, constituidos como órgano consultivo del gobierno del estado, se discuta el plan de desarrollo y las formas y estrategias para su ejecución.
Tal operación permitiría generar una ordenada participación de los órganos de autoridad de todo el estado, a nivel municipal, y de todos los responsables de diseñar y ejecutar las políticas públicas para resolver la problemática del estado, de manera especial, permitiría coordinar la asimilación de las distintas aristas de la reforma educativa y sincronizar lo necesario para su aplicación, de igual modo se posibilitaría definir la estrategia de lucha por la seguridad publica precisando los medios para conseguir el objetivo de, gradualmente pero firmemente, lograr la pacificación de la sociedad poblana. Todo ello en sincronía con las acciones que con el mismo objetivo persigue la autoridad federal.
Desde el órgano consultivo del gobierno del estado también se podría aplicar un sistema de coordinación gubernamental que política, económica y administrativamente permitiera atender las tareas de gobierno para así, poniendo a funcionar todas las instancias de gobierno, poder atender la problemática estatal y generar un sistema cooperativo entre autoridades, y de ese modo permitir que el señor gobernador ponga a trabajar a su equipo con mayor intensidad y, al mismo tiempo, se ocupen de resolver los problemas, de tal modo, que se posibilite un mayor contacto con la ciudadanía poblana, con el propósito de conocer lo que son sus anhelos sus preferencias y lo que ética y moralmente considera correcto.