Este fin de semana se llevó a cabo un referéndum en la Comunidad Autónoma de Cataluña, donde a través de una simple pregunta “¿Quiere que Cataluña sea un estado independiente en forma de república?” la mayoría de los catalanes optó por el “Sí”; sin embargo, difícilmente podrá respetarse su decisión.
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Desde hace meses el gobierno local de Cataluña la Generalitat y su parlamente local, donde la mayoría de los partidos son simpatizantes de estas ideas independentistas habían convocado a un referéndum para conocer la opinión de los ciudadanos catalanes para formar una república y con esto separarse de España. Se aprobó la iniciativa; sin embargo, el gobierno español a través del presidente Mariano Rajoy condenó el referéndum y el Tribunal Constitucional prohibió la consulta al considerar que vulnera la Carta Magna.
Esto no fue impedimento para que la Generalitat a través del presidente catalán, Carles Puigdemont continuara con los planes para el referéndum como se tenían planeados para el 1 de octubre en los centros habituales de votación por toda Cataluña. La tensión creció desde días previos, centros cerrados por la Policía Nacional y la Guardia Civil, cientos de ellos apostados por las ciudades, ciudadanos pernoctando y resguardando el material para llevar a cabo la votación.
El desenlace desgraciadamente se anticipaba, una jornada violenta por parte del gobierno, donde los policías arremetieron contra ciudadanos indefensos, más de 800 heridos en los centros de votación, donde protestaban pacíficamente y se utilizaron balas de goma a pesar de estar prohibidas.
El papel que desempeñaron los funcionaros catalanes fue ejemplar, optaron por proteger a los ciudadanos, con todo y las órdenes de Rajoy de detener la votación.
Al término de la jornada, los resultados fueron: 2.262.424 votos emitidos, 2.020.144 (90,09%) a favor del 'sí', 176.565 (7,87%) del 'no', en blanco 45.586 (2,03%) y 20.129 nulos (0,89%).
Los resultados no son vinculantes, es decir, no tienen validez ante las instancias electorales o políticas de España al no ser en ejercicio legal, por lo tanto, sólo sirvió para conocer el punto de vista de los ciudadanos que quieren ser independientes de España, que se sienten catalanes y no españoles.
Mientras que el gobierno de Rajoy se distinguió por su violencia, su intolerancia, su incapacidad de diálogo, la poca legitimidad que tenía al no contar con la mayoría de los votos para haber sido presidente en una primera instancia, sino debió contar con el apoyo del PSOE, quedó minimizada.
La respuesta de la oposición a través de Pablo Iglesias, Secretario General del partido Podemos, fue solicitar la dimisión de Rajoy y que el PSOE se sume a la propuesta para terminar con la intolerancia del Partido Popular.
Independientemente que el referéndum no fue un acto legal, era un ejercicio democrático llevado a cabo en paz por ciudadanos, si bien el Estado tiene el uso legítimo de la violencia, éste no debe utilizarse para reprimir, sino buscar soluciones diplomáticas a las intenciones independentistas de los catalanes.