El pasado 18 de julio se cumplió el plazo impuesto a las entidades federativas para instaurar –a imagen y semejanza del diseño nacional– sus propios sistemas anticorrupción. Para tales efectos, cada estado debió promulgar una reforma constitucional, expedir o reformar las leyes reglamentarias necesarias, crear o adecuar las instituciones que compondrán el sistema local y efectuar los nombramientos de los integrantes de esos entes públicos.
En apariencia, Puebla logró avances legislativos satisfactorios por haberse publicado una reforma constitucional consecuente, casi en su totalidad, con la Constitución General, y haberse expedido o reformado un total de seis leyes. Entonces, ¿podemos afirmar que Puebla cuenta ya con un sistema anticorrupción?, y de ser así, ¿dicho sistema tiene la fortaleza y autonomía necesarias para garantizar su eficacia? La respuesta es tajante: No.
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Me explico: aunque en apariencia Puebla reporta avances, incluso mayores a los del resto de las entidades federativas, esto es falso.
Al revisar cómo y por quiénes se han integrado los entes públicos que componen al sistema -recordemos que los sistemas anticorrupción no se cimientan en un solo ente, sino en un conjunto de éstos, coordinados por un comité y articulados con políticas, metodologías y lineamientos revisados y expedidos de manera conjunta- resulta preocupante que los titulares de los entes que componen el Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción tengan en común claros nexos de amistad o previa subordinación con el ex gobernador Rafael Moreno Valle.
Inquieta la presumible subordinación de las instituciones dedicadas a la investigación, combate y sanción de la corrupción a un grupo político. Recordemos la necesidad de garantizar la independencia e imparcialidad de esas instituciones como característica fundamental para su adecuado funcionamiento.
Por ejemplo, al frente de la Secretaría de la Contraloría se encuentra quien fungió como Subsecretario de Administración en la Secretaría de Finanzas y Administración durante la administración de Moreno Valle, José Villagrana Robles; el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información es encabezado por quien, como integrante de la Comisión para el Acceso a la Información Pública, se caracterizó por evitar abrir expedientes de datos gubernamentales, Gabriela Sierra Palacios; y la Fiscalía Especializada Anticorrupción es dirigida por quien, durante la mencionada administración, actuó como fiscal del caso Chalchihuapan y tuvo en sus manos la situación jurídica de más de 350 personas consideradas por organizaciones no gubernamentales como presos políticos, Enrique Flota Ocampo.
Se hace evidente que el Sistema ha sido secuestrado por quienes en su momento sortearon situaciones de crisis en la administración de Moreno Valle, por quienes le fueron leales y allegados. Cabe señalar que salvo el titular de la Contraloría, estas personas estarán en funciones hasta 2023.
Entonces, es necesario y urgente revisar los perfiles profesionales de las personas que integrarán el Comité de Participación Ciudadana, buscando que sean un efectivo contrapeso a las fundadas sospechas de subordinación que aquí acusamos. Debemos preguntarnos qué caracterizará a nuestro sistema anticorrupción: ¿una verdadera y auténtica lucha contra la corrupción o una simple simulación?