Compra-venta de calificaciones en 3 mil 500 pesos mediante WhatsApp.
Excélsior, en su edición del 30 de junio, publicó en la primera plana de su edición del 30 de junio, una nota donde dio a conocer a sus lectores que en el Instituto Politécnico Nacional se detectó el intento de alterar calificaciones en el Sistema de Administración Escolar que involucra a 624 alumnos de 28 escuelas. La mayoría, de nivel superior.
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Reveló ese medio de comunicación que de los 624 estudiantes señalados, 19 son alumnos de 7 planteles del Centro de Estudios Científicos, identificados con los números 1, 3, 5, 6, 11, 12 y 14.
Los 605 estudiantes restantes, son alumnos de 21 planteles de nivel superior. Entre ellos, 151 pertenecen a la ESIME Zacatenco y 85 a la ESIME Azcapotzalco y 128 forman parte del alumnado de la ESCA Santo Tomás.
También refirió, el periódico Excélsior, que IPN presentó 7 denuncias de hechos en la PGR, donde 10 servidores públicos que laboran en esa institución educativa aparecen como participantes en la venta de calificaciones.
El director general de esa importante institución educativa, Enrique Fernández Fassnacht, reconoció que “Hubo una detección oportuna por parte de la Secretaría de Servicios Educativos del intento de alteración de calificaciones y ninguna alteración logró consumarse.”
Fernández aseguró que continuarán las investigaciones y que se actuará con firmeza hasta llegar a “las últimas consecuencias.”
Independientemente que las autoridades del IPN y de esa ineficaz entelequia burocrática, conocida con el nombre de Procuraduría General de la República, castiguen, o no, a quienes resulten responsables de ese acto de corrupción, lo cierto, lamentablemente, es que ese nocivo fenómeno social ha penetrado en el Politécnico Nacional y su sector estudiantil.
La comercialización de calificaciones en el IPN no acaba de ser descubierta. Anteriormente, el 7 de abril para ser preciso, el periódico La Jornada, publicó que en las redes sociales y afuera de los planteles de esa institución educativa se ofrece ayuda para obtener calificaciones aprobatorias. Sospechando que profesores y empleados están involucrados en la venta de calificaciones.
Irregularidad que, por lo ahora difundido en algunos medios de comunicación, se convirtió en una regularidad que se cotiza, según la nota de La Jornada, entre mil 500 y 4 mil pesos por calificación alterada.
Se considera que se han realizado alrededor de 3 mil 500 operaciones de compra-venta de calificaciones.
Ya desde ese entonces, el director general del IPN, Enrique Fernández Fassnacht, al participar en una reunión de la Asamblea General Politécnica, aceptó la existencia de ese fenómeno de corrupción en la institución que tiene bajo su mando y declaró que “Estamos llevando a cabo una investigación y en su momento se dará a conocer el resultado. Les puedo decir que estamos actuando en todos los casos en los que se presume esta práctica y he ordenado una auditoría al Sistema de Administración Escolar para establecer lo que ha pasado”.
Se espera que la investigación anunciada por el director Fernández no tenga el mismo destino que tuvo la investigación efectuada por la Secretaría de la Función Pública en el asunto de la Casa Blanca de las Lomas de Chapultepec que fue adjudicada a la esposa del presidente Peña Nieto. Donde no se encontró fechoría que sancionar.
Como se sabe, la corrupción surge en una parte importante de la sociedad. Es decir, en el interior de millares ─o millones─ de familias donde los valores éticos están ausentes porque no se inculcan ni se practican.
Por consiguiente, la corrupción se gesta en los segmentos sociales desprovistos de buenas costumbres y se manifiesta y desarrolla, a plenitud, entre gobernantes; senadores; diputados; empresarios grandes, medianos y pequeños; partidos políticos; organismos sociales, gubernamentales y no gubernamentales; sindicatos; elementos de las fuerzas armadas; ministros; jueces; policías y servidores públicos, proclives a cometer actos ilícitos.
Dentro de este contexto, se produjo y se explica la venta de calificaciones descubierta en el IPN. Fue posible intentarla ─o llevarla a cabo─ porque la comunidad politécnica, integrada por profesores, estudiantes y empleados administrativos de esa institución y los padres de familia, de los alumnos compra-calificaciones, no están exentos de incurrir en esa práctica de corrupción, debido a que durante sus correspondiente procesos formativos, no les inculcaron valores éticos.
Esa deficiencia los hizo propensos a cometer corruptelas.
Como en el INP, en la UNAM también han acontecido actos de corrupción. Hace 5 o 6 años, mediante el pago de 30 mil pesos, una persona logró inscribirse como alumna de la Facultad de Medicina, no obstante haber sido rechazada en 2 ocasiones por reprobar el examen de admisión.
Otra forma de corrupción que se produce en el medio educacional de México, radica en el tradicional toma y daca de obsequios que acostumbra efectuarse entre padres de familia que, con la intención, abierta u oculta, de obtener una calificación aprobatoria o un trato especial para un hijo, los entregan a profesores que los reciben sin objeción de ninguna índole.
Otra forma de corruptela se produce cuando los padres de familia recompensan, con cualquier cosa, la inscripción de un hijo en determinada escuela o un cambio de maestro o de turno.
Debido a que las autoridades gubernamentales, encargadas de la educación pública, no han sido capaces de establecer un punto de equilibrio entre la oferta de planteles educativos de nivel medio y superior y la creciente demanda de inscripciones, han proliferado las “universidades” particulares que no reúnen los requisitos elementales que deben cumplir, imprescindiblemente, para adquirir la categoría de universidades verdaderas.
Requisitos que consisten en contar con un conjunto de centros de enseñanza e investigación idóneos y bien equipados y una plantilla de profesores, especializados, que garanticen la impartición de una educación superior de calidad.
En ese tipo de “universidades” particulares, el objetivo sustantivo, evidentemente, no es la capacitación adecuada de su alumnado, como ocurre en las universidades públicas o privadas, de reconocido prestigio, sino lucrar económicamente con la necesidad que tienen miles de jóvenes de obtener un título de licenciatura, maestría y hasta doctorado, que les ayude a obtener empleos mejor remunerados.
Sé de una “universidad” que, mediante el pago de unos cuantos miles de pesos, exime a sus alumnos de cursar la materia del idioma inglés, otorgándoles una calificación aprobatoria.
De esta manera, los títulos que expiden “universidades” particulares de ese tipo, no garantizan que las personas que los reciben hayan recibido una buena capacitación profesional.
Sin embargo, ya en el terreno laboral, las cédulas expedidas por la Dirección General del Registro de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, injustamente hace iguales a los desiguales. Porque no es lo mismo, egresar de universidades ─públicas y particulares─ de prestigio reconocido, que egresar de “universidades patito”.
¿Hasta cuándo la SEP permitirá que siga cometiéndose esa anomalía?