El domingo 25 de junio, el periódico digital e-consulta de Puebla, publicó una reveladora información de su reportero Efraín Núñez, mediante la que ese medio de comunicación electrónica da a conocer a sus lectores que la empresa Acabados Arquitectónicos Frank, S. A. de C. V. entre el año 2014 y lo que ha transcurrido de 2017, obtuvo diversos contratos para realizar obras públicas en dos municipios de Puebla y dos del estado de México.
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La referida información señaló que a la empresa Acabados Arquitectónicos Frank, S. A. de C. V., de la que es socio el señor Rodolfo de la Cruz Meléndez, Integrante del Comité Ejecutivo Nacional del Movimiento Antorcha Campesina y además director ─desde 2014─ del Instituto Tecnológico de Tecomatlán, le fueron otorgados 26 contratos de obra pública. Tres en el municipio poblano de Tecomatlán, 2 en la colonia Balcones del Sur en la ciudad de Puebla y una en la Junta Auxiliar de San Miguel Canoa. Y 20 obras en 2 municipios mexiquenses. En Chimalhuacán 4 y 16 en Ixtapaluca.
Todas esas obras públicas, según refiere el reportero Núñez en su investigación periodística, representan, globalmente, un monto que rebasa la cantidad de 358 millones de pesos.
Ninguna de esas obras tendría nada por qué llamar la atención de la opinión pública, debido a que, aparentemente, fueron asignadas mediante los procedimientos que señalan las leyes de obra pública de los de Puebla y México, respectivamente. Sin embargo, generaron sospecha.
La primera sospecha surgió porque todas esas obras, es decir, las 26, fueron otorgadas extrañamente a una misma empresa ─Acabados Arquitectónicos Frank─, dedicada especialmente a la comercialización de “pisos y recubrimientos cerámicos”, en sus tiendas establecidas en la ciudad capital de Puebla, Acatzingo de Hidalgo, San Salvador El Seco, Tecamachalco y Zacapoaxtla ─según indica en sus diversos anuncios publicados en Internet─ y no a la construcción de edificios, unidades deportivas, techumbres y canales pluviales, así como a la aplicación de concreto hidráulico y asfalto en vialidades. Trabajos concernientes, en su totalidad, a las obras públicas en cuestión.
Si la asignación de estas obras públicas, se hubiese hecho a una empresa idónea y llevado a cabo, sin favoritismos y en los términos que marca la legislación de obras públicas, no habría dudas ni cuestionamientos de ninguna índole.
Pero no ocurrió así. Sucedió lo contrario.
Otra sospecha, se basa en el hecho que Rodolfo de la Cruz Meléndez, uno de los socios de la empresa beneficiada con la construcción de esas 26 obras y miembro de la dirección nacional colectiva de Antorcha Campesina, resultó beneficiado económica y políticamente con la edificación de la Villa Estudiantil que propuso cuando asumió la dirección del Instituto Tecnológico de Tecomatlán y de la Casa de la Cultura del municipio del mismo nombre, gobernado por la alcaldesa antorchista Inés Córdova Aguilar.
Los gobiernos de los estados de Puebla y México deben investigar si los presidentes municipales de los municipios donde se efectuaron la obras públicas señaladas en el reportaje del periódico e-consulta, en su edición digitalizada del domingo 25 de junio, incurrieron en actos de corrupción al asignar la obras públicas en cuestión, a la empresa Acabados Arquitectónicos Frank, S. A. de C. V.
En caso afirmativo, ambos gobiernos, están obligados a proceder jurídicamente contra quienes resulten responsables de las irregularidades y delitos que se hayan cometido.
¡Ya basta de la corrupción que corroe al país!
Aunque los casos de corrupción en México son más obvios en las áreas de los gobiernos federal, estatal y municipal, no son los únicos que se cometen en perjuicio de su sano desarrollo social y económico.
Una práctica común, en este país, consiste en el otorgamiento de contratos de obra pública a empresas relacionadas con la industria de la construcción, como la española OHL (Obrascón Huarte Lain), la mexicana Grupo Higa y la brasileña Odebrecht, mediante licitaciones amañadas, adjudicaciones directas turbias e invitaciones restringidas a modo, a cambio del pago de sobornos bien remunerados, no solamente en moneda nacional, sino hasta con 10 millones 500 dólares, como ocurrió en el caso de Pemex.
Con la finalidad de detectar más corruptelas, habría que escrutar las licitaciones públicas que efectúa el Instituto Mexicano del Seguro Social para la compra de medicamentos y la adquisición de equipo médico, así como las que realiza la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para la construcción de diversas obras públicas.
Los desvíos de fondos públicos, legales e ilegales, admitidos o soslayados, que cometen servidores públicos de los tres niveles de gobierno, son cotidianos y recurrentes, como otras modalidades de robo
También los partidos políticos, sin excluir a ninguno de ellos, son ejecutores de diversos actos de corrupción. Lo mismo sucede en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República. Infinidad de legisladores se benefician con el dinero público a través de sueldos inmoralmente elevados y prebendas de variada especie.
Las organizaciones sociales, como es el caso de Antorcha Campesina, no son inmunes al padecimiento del cáncer social de la corrupción.
Quienes forman parte del poder Judicial no son, de una u otra manera, la excepción de la regla.
Tampoco lo son, los integrantes del poder Ejecutivo. Desde el presidente de la república, Enrique Peña Nieto, que se encuentra asentado en la cúspide de la pirámide de la alta burocracia mexicana, hasta quienes constituyen su basamento.
Ahí está, a la vista del mundo, el asunto de la Casa Blanca de las Lomas de Chapultepec que inició el derrumbe de la popularidad y del alto nivel de aceptación pública que logró Peña Nieto con la firma del Pacto por México y con The Mexican Moment.
El sector empresarial, nacional y extranjero, tampoco es ajeno al fenómeno de la corrupción. Ésta se encuentra presente en todos los ámbitos de ese importante sector. Desde la actividad más pequeña e insignificante, hasta la más grande y poderosa.
La corrupción subyace en los empresarios que evaden o distorsionan el pago de impuestos y en los que mediante cualquier tipo de artimañas obtienen exenciones fiscales de origen indebido. En los patrones que eluden registrar a sus trabajadores en el IMSS y en los que los registran con sueldos inferiores a los que pagan realmente. En los industriales que producen artículos caros y de mala calidad.
Igualmente son empresarios corruptos, los propietarios de las gasolineras que entregan litros incompletos de 750 u 800 mililitros (si así se les puede llamar litros) y los cobran como si los entregaran completos. Y los gasolineros que, aprovechando la coyuntura del momento, comercializan, en sus estaciones de servicio, la gasolina que se roban los huachicoleros de los ductos de Pemex.
Así las cosas, todo mundo sabe que el problema de la corrupción es universal.
Por supuesto que el fenómeno de la corrupción no se produce por generación espontánea. Surge en la base de la sociedad. Nace en el seno de miles y miles de familias mexicanas, donde los valores éticos están ausentes y son desconocidos.
Ningún país está exento de padecerlo. Aun Dinamarca y Nueva Zelanda que son las naciones mejor clasificadas en el Índice de Percepción de la Corrupción.
Venezuela es el cuarto país más corrupto del mundo. Le siguen Haití en el sexto lugar. Nicaragua en el décimo primero, Guatemala en el décimo tercer sitio y Honduras, México y Paraguay, empatados, ocupan el décimo quinto lugar de los países más corruptos.
México, y sobre todo los mexicanos que nos conducimos con honestidad, estamos obligados a luchar por erradicar la corrupción que durante muchas décadas ha corroído y continúa corroyendo la estructura que sostiene tambaleándose al país.