Miguel Ángel Mancera es un político propenso a recaudar fondos públicos, bajo cualquier pretexto y mediante procedimientos autoritarios.
Esta vez el jefe del gobierno capitalino, aprovechó la coyuntura que dotará a la Ciudad de México de una constitución política propia, para tratar de introducir en ese estatuto jurídico, con inocultable finalidad recaudatoria, la figura de las “plusvalías derivadas de la infraestructura urbana”.
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Se trata de una medida insertada en el artículo 21, del proyecto de Constitución Política de la Ciudad de México, mediante la cual el gobierno de Miguel Mancera confiscaría las utilidades que se generen en el valor de los bienes inmuebles (casas habitación, edificios, establecimientos comerciales y terrenos) debido a las obras públicas que efectúe el gobierno de la Ciudad de México.
La fracción C, destinada al tema de la regulación del suelo, numeral 7, de ese artículo, estipula que “Los incrementos en el valor del suelo derivados del proceso de urbanización, se consideraran parte de la riqueza pública de la ciudad”.
Los referidos incrementos en el valor del suelo son, en otras palabras, las plusvalías que adquieren los bienes inmuebles con las obras públicas que se construyen en su entorno.
El artículo 26, fracción A, numeral 8, indica que “Serán objetos de gravamen el aprovechamiento inmobiliario y la generación de plusvalías derivadas de la infraestructura urbana por el uso del suelo, del espacio público y edificable”
Como en el numeral 9 del artículo 21 del mismo documento normativo, se establece que “las plusvalías generadas… deberán ser aplicadas en beneficio de los sectores de bajos ingresos”, se infiere que el gobierno de la Ciudad de México quedará facultado para confiscarlas, y con el producto de esa confiscación, implementará “programas que cubran al conjunto de sectores sociales que enfrentan carencias habitacionales, favoreciendo a las personas en situación de pobreza y a los grupos de atención prioritaria”, según se indica en el inciso b, numeral 2, fracción E del proyecto de constitución.
Para afianzar esta prestación de carácter supuestamente social, en el numeral 4 de la misma fracción E, el proyecto de Constitución Política de la Ciudad de México, garantiza al gobierno local, el manejo de la construcción de vivienda, a través de “un instituto especializado (el INVI) que facilite el acceso a las personas, familias y grupos sociales a una vivienda adecuada”.
Nadie puede estar en contra que el gobierno capitalino lleve a cabo programas de vivienda popular, siempre y cuando los efectúe con recursos propios y legítimos. No arrogándose “plusvalías” generadas por bienes inmuebles que no son de su propiedad, sino de personas que trabajan y pagan impuestos. Entre éstos, el Impuesto Predial.
Y tampoco lucre política o económicamente con ellos, toda vez que es ampliamente conocida es la forma clientelar como los gobernantes capitalinos ─del PRI y del PRD─ han manejado los programas de vivienda popular. Particularmente con las unidades habitacionales construidas a partir del sismo del 19 de septiembre de 1985.
Organizaciones sociales que agrupan a los solicitantes de vivienda, como la Asamblea de Barrios y el Frente Popular Francisco Villa, constituyen el principal basamento electoral del PRD. Estas corporaciones clientelares promueven la invasión de predios e inmuebles desocupados para asentar, en ellos, a sus huestes y posteriormente solicitar la construcción de vivienda.
Esta práctica ilegal ha contribuido al quebrantamiento del estado de Derecho en la Ciudad de México y a la creación y fortalecimiento de la industria capitalina del despojo de inmuebles. Convirtiéndose así en un importante capital electoral para los candidatos del PRD, que el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, podría utilizar en su beneficio, de resultar candidato a la presidencia de la república en 2018.
Aunque a esta altura del siglo XXI, la mayoría de mexicanos continúan aceptando, resignadamente, unos, y sumisamente, otros, las corruptelas cometidas por gobernantes como los priistas Javier Duarte en Veracruz; Humberto y Rubén Moreira en Coahuila; César Duarte en Chihuahua y Roberto Borge en Quintana Roo; los perredistas Ángel Aguirre en Guerrero y Marcelo Ebrard en el Distrito Federal y el panista Guillermo Padrés en Sonora y abusos como los perpetrados en la Ciudad de México, por Miguel Ángel Mancera.
Bastó que numerosos internautas expresaran en las redes sociales su inconformidad por la intención de Mancera de gravar ─en proporciones o porcentajes aún desconocidos─ las “plusvalías derivadas de la infraestructura urbana” y que algunos articulistas resaltaran, en los medios informativos impresos, la pretensión del jefe de gobierno de la Ciudad de México de aplicar un impuesto adicional a los bienes inmuebles, al considerarlas “constitucionalmente” como “parte de la riqueza pública de la ciudad”, para que este servidor público diera el primer paso para echar atrás su abusivo y arbitrario propósito, al solicitar a la Asamblea Constituyente que modifique el proyecto de constitución en las partes conducentes.
Sin embargo, es necesario que los habitantes de la Ciudad de México vigilemos que la modificación solicitada por Mancera se realice efectivamente y no resulte una patraña más del jefe de gobierno, debido a que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal acaba de aprobar la nueva Ley de Vivienda, donde en el artículo 94 se estipula claramente que “El Gobierno de la Ciudad de México deberá generar e implementar mecanismos para la captación de plusvalías generadas por las acciones urbanísticas… (Y) la Secretaría de Finanzas deberá asignar al Instituto (de Vivienda) un porcentaje de los recursos obtenidos por captación de plusvalías, para la adquisición de reservas territoriales para la construcción de vivienda de interés social y popular y la producción social del hábitat y vivienda.”
Miguel Ángel Mancera, no oculta su propensión a exprimir el bolsillo de los habitantes de la Ciudad de México que somos propietarios de un automóvil y un bien inmueble.
Hace exactamente un año, puso en marcha el nuevo Reglamento de Tránsito del Distrito Federal que tiene una finalidad descaradamente recaudatoria, debido a que los nuevos montos de las multas los elevó exagerada y desproporcionalmente hasta 600% y 700%.
Por ejemplo, la multa anterior por usar el teléfono celular cuando se conduce un vehículo era de 350 pesos. Ahora la sanción mínima es de 2 mil 98 pesos 50 centavos y la máxima asciende a 2 mil 448 pesos. Ambas multas son anticonstitucionales, por excesivas, pero los infractores tienen que pagarlas obligatoriamente.
Ahora, con una Constitución Política de la Ciudad de México, basada en un proyecto elaborado a la medida de su ambición recaudatoria, Miguel Ángel Mancera Espinosa, pretende convertir en “riqueza pública de la Ciudad de México” la plusvalía de los 2 millones 599 mil 81 viviendas que ─con cifras del Inegi en 2015─ existen en la Ciudad de México.
¿Permitiremos este atraco gubernamental los habitantes de la Ciudad de México?