Cuando el juez 57 Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Odilón Centeno Redón, determinó que la periodista Carmen Aristegui, "excedió su libertad de expresión e información" con lo cual causó daño al "honor y prestigio" del empresario Joaquín Vargas Guajardo por la publicación del libro La Casa Blanca de Peña Nieto, editado por Penguin Random House Grupo Editorial, no se hace más que una vulgar afirmación de la violación de los derechos humanos por parte de las instituciones del Estado mexicano. La libertad de expresión se ejerce y no debe existir límite alguno, ya que al hacerlo se coarta este derecho fundamental. Por otra parte, se deja ver un presunto contubernio entre el empresario supuestamente afectado y la presidencia de la república, al mando de Enrique Peña Nieto, evidenciado él y su esposa en el escándalo que provocó sus disculpas públicas, así como, el uso ilegitimo de la ley, la cual es empleada como arma para cercenar la expresión de las y los comunicadores.
Es indignante lo establecido en el documento que condena a la periodista Carmen Aristegui cuando menciona:
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SEGUNDO.- Se declara que MARÍA DEL CARMEN ARISTEGUI FLORES [sic], excedió su libertad de expresión y de información causando un daño a los derechos de personalidad, honor y prestigio de JOAQUÍN VARGAS GUAJARDO, en las apreciaciones contenidas en el prólogo del libro titulado “LA CASA BLANCA DE PEÑA NIETO”.
Nuevamente, al igual que lo han hecho gobiernos estatales, como el del gobernador fugado, Javier Duarte, acallar comunicadores por medio de la ley o de la fuerza ha sido la estrategia de los gobiernos priistas, tanto estatales como el federal. Valiendo se las concepciones más retrogradas respecto a los derechos fundamentales de expresión y de manifestación de las ideas, las instituciones mexicanas buscan silenciar a las y los comunicadores críticos.
Tan sólo basta recordar, como lo menciona Telesur, Periodistas Sin Fronteras y la Federación de Periodistas Latinoamericanos (FPL), que México representa el país más peligroso para ejercer el periodismo en Latinoamérica. ARTICLE 19 señala que, de 2000 a la fecha, ha documentado el asesinato de 99 periodistas en México, por posible relación con su labor periodística. De estos, 26 se han registrado durante el actual mandato Enrique Peña Nieto: 8 en Oaxaca y 6 en Veracruz, entidades con el mayor número de asesinatos en este sexenio. Tanto con los asesinatos, como con el uso tendencioso de las leyes, se puede afirmar que la violencia hacia las y los periodistas en México es sistemática.
La libertad de expresión debe ser comprendida como un pilar fundamental para todo Estado democrático de derecho, ya que fortalece la participación ciudadana en asuntos de interés particular o colectivo, además de ser una trinchera frente a la rendición de cuentas que todo gobierno debe cumplir.
Este gobierno se ha distinguido por una férrea persecución hacia quien ha evidenciado o denunciado su autoritarismo e ineptitud, así como los vicios ligados a la posesión de bienes inmuebles, prácticas oscuras de uso de los recursos públicos, formas de conducirse de manera discrecional, además de reprimir toda forma de manifestación o expresión de ideas o de investigaciones respecto a los muchos problemas que ha presentado la administración priista, como los casos de Tlatlaya, Nochixtlán y Ayotzinapa.
Los derechos se ejercen. Las libertades se ejercen. No pueden ser limitadas por un gobierno ilegitimo, que se ha encargado de mostrar, de nueva cuenta, el nivel de autoritarismo que ejerce y que permite que se ejerza en sus instituciones. Con una expresión de “pérdida de confianza” se puede desemplear a un trabajador que manifiesta sus ideas, al igual que con una expresión como “exceso de libertad de expresión” se puede censurar el trabajo de investigación de una periodista o varios comunicadores, como los que han sido asesinados durante este sexenio.
Apelar a los límites de la libertad de expresión es una medida conservadora, fascista y retrograda. El 7 de enero de 2015, México y el mundo occidental condenaban los ataques al semanario Charlie Hebdo por fundamentalistas islámicos. Hoy los fundamentalistas mexicanos atentan contra la misma libertad de expresión ejercida por el semanario francés, con base en la ley. Limitar la libertad de expresión es como mencionar que se tiene derecho a la vida, pero no a respirar. Absurdo.
Picaporte
Gane Hillary Clinton o lo haga Donald Trump en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, los principales afectados seremos los pueblos latinoamericanos, la Historia lo ha probado una y cientos de veces.