En el contexto mexicano la alta intervención del Estado trajo como consecuencia desórdenes administrativos, que posteriormente con los procesos de reforma administrativa, tuvieron que crearse marcos jurídicos que regularan el redimensionamiento de las funciones de los distintos órdenes de gobierno (Aguilar, 1992), no obstante si bien es cierto que los gobiernos empezaron a implementar medidas para eficientar sus administraciones públicas, la mayoría de los gobernantes se han ocupado en realizar mega obras con dos propósitos principales: obtener beneficios económicos personales y posicionarse electoralmente si es que desean continuar con su proyecto político personal.
Desde el punto de vista teórico se han analizado las causales o factores que originan problemas de ineficacia de los gobiernos. Y se han encontrado problemas de “recursos, capacidades humanas o por la profesionalización de los servidores públicos y autoridades, el problema de sobre-regulación (burocracia), el problema de intereses e incentivos contrapuestos (político), el problema de cooperación entre actores, alineación de intereses e información asimétrica” (Sosa, 2013, p. 7), entre otros más.
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La razón de ser de la administración pública es que los gobiernos alcancen eficiencia y eficacia, de tal forma que la administración pública, constituye un instrumento a través del cual los gobiernos otorgan bienes y servicios a la población, pero también donde obtienen legitimidad, en esta tesitura, la administración pública es “el conjunto de las actividades pre-ordenadas y relacionadas a la consecución de los fines que se consideran de interés público o común, en una colectividad o en un ordenamiento estatal” (Sosa, 2013, p. 10).
Estas referencias a propósito de la inauguración del segundo piso de la autopista México-Puebla, para lo cual el gobernador Rafael Moreno Valle y el presidente Enrique Peña Nieto, se les observa a través de las imágenes proporcionadas por los diferentes medios de comunicación, pulcros, casuales, luciendo como personas comunes, amenas y sencillas para el público, ambos acompañados de elementos del Estado Mayor presidencial, en un vehículo manejado por el Presidente y como copiloto el gobernador cruzan la caseta y pagan los $55 pesos que cuesta el servicio, para hacer uso de una obra de más de 10,000 millones de pesos, que reducirá el tiempo de traslado y que además dejará cantidades millonarias a la empresa concesionaria, de las cuales muy seguramente compartirán ganancias ambos mandatarios. Al tiempo.
El discurso de legitimización está centrado en los beneficios que genera la inversión pública en infraestructura base del progreso, la modernidad, la movilidad, competitividad y conectividad para el desarrollo económico, difícil de demostrar en su efecto social y calidad de vida en beneficio para todos los poblanos, amén de las críticas de los usuarios de la autopista y colonias aledañas. La función social de la administración pública, ahora rueda por las autopistas privatizadas, puentes y distribuidores viales, símbolos de “una gran visión de modernidad”, la infraestructura como negocio privado.
Mediáticamente una de las cosas sustanciales es que con este tipo de obras el gobernador Moreno Valle, sigue posicionando su imagen con recursos públicos para continuar con sus aspiraciones presidenciales, ¿le ayudará en algo al Presidente de la República, Enrique Peña Nieto y a su partido tricolor?
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