La madre de todas las reformas, la educativa, dice el gobierno federal, sólo ha provocado evidenciar los fines utilitaristas y economicistas de los organismos internacionales y nacionales que, con el apoyo irrestricto y sumiso del gobierno federal, ha mostrado a la nación lo mal que se encuentra la educación en México. Asimismo, las instituciones que encabezan el accionar de dicha reforma, como la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) han reproducido los vicios burocráticos, antidemocráticos y corruptos que han distinguido a los mandatos priistas en su historia.
Por una parte la SEP que, durante cuatro años se encargó de imponer una reforma administrativa y laboral contra los docentes en México, antes que preocuparse por la construcción de planes y programas de estudio bien diseñados y no bajo intenciones de “simpatizar” con los subsecretarios y el secretario; mayor capacitación efectiva a los docentes, antes que las amenazas y los castigos; mejorar la infraestructura escolar, por obligación, y no como dádiva (aunque así lo promocionaran en los medios de comunicación masiva para el 4º Informe de gobierno de Enrique Peña Nieto), no fueron las prioridades de la reforma educativa. Por otra parte, un INEE disminuido, menos autónomo que en su origen, traicionado varias veces por la SEP y coptado en las áreas sustantivas por los residuos de emigrados del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior AC (Ceneval), quienes lejos de favorecer los procesos metodológicos que dieron respeto a la institución de evaluación, reproducen las “malas prácticas” de una empresa de evaluación siempre a dar lo que el cliente pide y venderse al mejor postor, los ha alejado de investigadores y docentes, quienes le han perdido la confianza.
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La reforma educativa ha invertido mayor capital en reprimir e imponer a la fuerza, a los docentes, una normatividad laboral acorde a la reforma laboral aprobada en el presente sexenio que en promover la mejora educativa en el país. Han sido muchos los millones de pesos utilizados en policías y militares asignados a proteger a los centros donde se lleva a cabo la evaluación docente y, de los cuales, no se ha informado de manera clara a la ciudadanía. Dicha represión ha puesto entre la espada y la pared a la reforma educativa y su implementación. Sólo basta ver los informes de diversas organizaciones de derechos humanos, sobre desapariciones forzadas por motivos políticos, y en todos ellos figuran representantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), además de estudiantes normalistas, principalmente rurales, como es el caso de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa.
Asimismo, el Nuevo Modelo Educativo está orientado a patentar una educación pertinente a la visión empresarial, mas no al desarrollo personal ni social. Una visión bastante limitada de la educación, favorece el aprendizaje elemental de idiomas, sobre todo el inglés; elementos mínimos de la lengua española, que los ubica en llenar formularios y seguir instrucciones elementales (como seguir recetarios); matemáticas dirigidas a las transacciones cotidianas; una formación ciudadana paliativa que, aunque agrega un año en secundaria, disminuye tres en primaria; así como, la expulsión de las expresiones artísticas y corporales. Asimismo, bajo el supuesto de dar mayor oportunidad a las escuelas que construyan parte de sus programas (al estilo Finlandia, sin la educación y las condiciones de vida de ese país) el Estado dará el doble del “recreo” a los estudiantes y abandonará a su suerte a las escuelas, en cuanto a su “autonomía” en el pago de derechos educativos. Así, este gobierno no promete dar escaleras para brincar el muro fronterizo, mejor capacitará a los alumnos para que migren hablando en el idioma del país vecino del norte.
Pero esta reforma no tendrá ningún costo evidente institucionalmente para la presente administración federal, ya que el gobierno de Peña Nieto comenzará con la reforma educativa (no la laboral y administrativa que comenzó hace cuatro años con el mote de educativa) en el ciclo escolar 2017-2018, es decir, le deja la “papa caliente” a la futura administración, ya que sería imposible hacer una evaluación de la implementación de estas modificaciones educativas. Como siempre, los estudiantes y docentes, la educación es lo de menos; verlos como prestadores de servicios y clientes ante la oferta educativa del mercado neoliberal es lo que importa realmente a este gobierno y a las instituciones que lucran con la educación y el futuro de este país.
Picaporte
Lo que ha acontecido en Colombia, con el NO a los acuerdos de paz, nos habla del avance de la derecha que, como siempre, apuesta a la guerra (bajo el supuesto político) y al sentimiento legaloide del castigo. Sancionar a una de las fuerzas armadas revolucionarias que operan en el país, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), por crímenes de “lesa humanidad” implicaría también buscar el castigo a los gobiernos colombianos que por más de 50 años han apoyado la política intervencionista norteamericana, bajo la Agencia Central de Inteligencia (CIA) o con el propio Plan Colombia y que han llevado muerte a esa nación. Habría que observar la relación de Andrés Pastrana y Álvaro Uribe en abrir las puertas de Colombia para reprimir la guerrilla y para servir de panóptico hacia los gobiernos de izquierda sudamericanos. Mejor, es darle una oportunidad a la amnistía y, de paso, a la paz.
Mirilla
Como viles ladrones, senadores de la república del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y del Partido Acción Nacional (PAN) modificaron la fracción 18 del artículo 123 constitucional, para restringir el derecho a huelga, bajo el argumento que “para obtener la celebración de un contrato colectivo de trabajo en cuyo caso el sindicato deberá acreditar previo al emplazamiento la representación mayoritaria de los trabajadores”, lo cual regresa a las listas negras y a los despidos laborales, que ya se tenían en 1931. Estas son las reformas (en este caso la laboral) de Peña Nieto, de las cuales no tienen nada bueno para las y los trabajadores, tampoco se cuenta mucho, pero cuenta en la disminución de derechos de las y los mexicanos.