En la mejilla ha de sentir todo hombre verdadero
el golpe que reciba cualquier mejilla de hombre.
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José Martí
I
Sólo basta con mirar a cualquier lado. No hace falta poseer un posgrado en una de las grandes universidades públicas, un master en el extranjero o recibir una beca ante un doctorado de excelencia académica, para presentir que algo anda mal en México. Aumento de la pobreza (aunque el Instituto Nacional de Estadística y Geografía –INEGI- haga todo lo posible por maquillarla, por ocultarla), violación de los derechos humanos, individuales y colectivos, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, feminicidios, tortura y ejecuciones extrajudiciales, han sido huellas que ha dejado el gobierno priista en el presente sexenio.
Obviamente, esta fórmula no ha sido administrada a toda la población, pero sí a la mayoría. Mientras que las “11 reformas estructurales” favorecen a los mismos empresarios nacionales de siempre, a la burguesía económica y política, ahora se abre la puja, el regateo de la patria, de sus recursos, de los derechos fundamentales del pueblo ante las grandes corporaciones transnacionales.
II
En el caso de la pobreza, madre de toda desigualdad y, por lo tanto, de toda injusticia, se puede identificar que de 2012 a 2014 (antes de la nueva metodología del Módulo de Condiciones Socioeconómicas –MCS-) 46.2% de las y los mexicanos se encontraban en situación de pobreza, mientras que 9.5% se hallaban en pobreza extrema. Del mismo modo, 26.3% de la población se consideraba vulnerable por carencias sociales e igual porcentaje lo era por ingresos. Esto nos indica que sólo 26.3% podía considerarse población no pobre.
Los indicadores de carencia social de 2014 señalaban que 58.5% no contaba con seguridad social, 23.4% no tenía acceso a la alimentación, 18.2% no contaba con acceso a servicios de salud, 21.2% no tenía servicios básicos en su vivienda, 18.7% presentaba rezago educativo y 12.3 se hallaba sin acceso a calidad y espacios en la vivienda. Asimismo, más de la mitad de la población en México (53.2%) cuenta con un ingreso inferior a la línea de bienestar, mientras que una quinta parte de las y los mexicanos viven con un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo. De esta manera, de 2012 a 2014, dos millones de mexicanos pasaron a la pobreza, aumentando el porcentaje de 45.5 a 46.2%.
De esta manera se puede apreciar el detrimento en la calidad de vida de las y los mexicanos, producto de las condiciones de pobreza que, lejos de ser combatidas de manera eficaz por el gobierno de Enrique Peña Nieto, aumentan. Aun con las cifras “maquilladas” reportadas en 2015, se puede identificar que 10% de la población más rica en México tiene ingresos 20 veces mayores a los que tiene el 10% más pobre.
Asimismo, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y la organización Oxfam mencionan que la población vulnerable por ingreso subió de 7.2 millones a 8.5 millones de personas, es decir, aquellas que no tienen carencias sociales, pero sí un ingreso inferior a la línea de bienestar o, bien, cuando no tiene dinero para adquirir la canasta alimentaria y no alimentaria (2,595 pesos en zonas urbanas y 1,659 pesos mensuales en zonas rurales), por lo que puede caer en pobreza si su ingreso no se recupera relativamente pronto.
Del mismo modo, el Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM), de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), considera que un comparativo de las cifras del cuarto trimestre de 2012 –cuando la reforma laboral aún no operaba– con las del tercer trimestre de 2014, se revela que aunque la población ocupada creció en 625 mil 849 personas (de 49 millones 76 mil 626 a 49 millones 702 mil 475), el sector que trabaja menos de 35 horas a la semana disminuyó en 799 mil 960 personas (de 12 millones 378 mil 265 a 11 millones 578 mil 305), mientras que el que desempeña una jornada de más de 35 horas creció en 983 mil 371 personas (de 35 millones 500 mil 740 a 36 millones 484 mil 111). Es decir, se trabaja más, se obtienen menos ingresos económicos (sin tomar en cuenta derechos laborales) y, por lo tanto, hay menor consumo de los alimentos y satisfactores necesarios para una vida digna. Aun la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) reporta en Employment Outlook que los mexicanos son los que más horas trabajan anualmente con un total de 2,237 horas, pero con el salario mínimo más bajo y con los menores niveles de empleo.
Asimismo, desde el 31 de diciembre de 2012, es decir, prácticamente el inicio de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, se observa que el peso mexicano acumula una depreciación del 38 % contra el dólar estadounidense. Esto, por mencionar el aspecto económico.
III
Sin embargo, igual es la deuda de este gobierno en materia social. Las flagrantes violaciones a los derechos humanos han sido un sello del mandato de Peña Nieto. Basta mencionar los 21 asesinatos de jóvenes en Tlatlaya, Estado de México, en junio de 2015; el caso del asesinato de Julio César Mondragón y la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” en Ayotzinapa, Guerrero, quienes, presuntamente, estuvieron en las instalaciones del 27º Batallón de Infantería, en Iguala, Guerrero, donde el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas (Issfam), cuenta con hornos crematorios; la represión sufrida por las y los profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en varios estados de la república, pero sobre todo en Michoacán, Guerrero, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Recientemente la brutalidad policiaca en Nochixtlán, Oaxaca, contra docentes y pobladores fue una muestra más del terrorismo de estado como política de gobierno peñanietista. Igualmente, la continuación de la guerra contra el narcotráfico es una ofensiva del estado mexicano contra los pobres organizados. Los agentes de estado y los narcotraficantes paramilitares son sus arietes.
IV
Esta política de “guerra contra el narcotráfico” se ha extralimitado y durante este sexenio se han superado el número de muertos, desaparecidos de manera forzada y torturados, basta citar algunos ejemplos. Según el informe Sobrevivir a la muerte: tortura de mujeres por policías y fuerzas armadas en México de Amnistía Internacional, las mujeres detenidas, sobre todo por vincularlas con el narcotráfico y la seguridad nacional, sufren algún tipo de violencia sexual. El 93% de las detenidas declaró que al momento de su detención recibió golpes y palizas en la cabeza (79%), en el abdomen (62%), en las piernas (61%), en los oídos (24%), en los pechos (21%) y en los genitales (16%). Asimismo, todas sufrieron violencia verbal o psicológica, 97% violencia física y 72% violencia sexual.
De igual manera, el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”, señala que personas desaparecidos de manera forzada por motivos políticos documentadas durante este sexenio son 83 (27 en 2013, 50 en 2014, 4 en 2015, y 2 en 2016). Obviamente, la procuración de justicia en estos casos guarda un nivel de perversión legal e institucional. Por ejemplo, el caso de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa no es investigado por el estado mexicano por desaparición forzada, sino por secuestro.
Durante el periodo de gobierno de Enrique Peña Nieto, 83 personas defensoras de los derechos humanos y luchadores sociales han sido víctimas de desaparición forzada, de los cuales en 51 casos no se conoce su paradero, en 15 la desaparición terminó en ejecución extrajudicial. A su vez, en lo que va de la administración del presidente Enrique Peña Nieto han sido asesinados 328 periodistas, más del doble de los 162 que registró el sexenio anterior, y al terminar 2015 México era el país más peligroso en América Latina para ejercer el periodismo y el séptimo en el mundo, de acuerdo con el análisis publicado por la organización internacional Reporteros sin Fronteras. Igual suerte corrieron 11 sacerdotes católicos, los cuales fueron asesinados y la cifra de religiosos secuestrados subió un 400% si se compara con la del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, revelan datos del Centro Católico Multimedial (CCM).
V
La criminalización de la protesta social y la represión han sido las formas de contener la desaprobación social del actual mandato presidencial, quien, tras la compra de votos llegó a ocupar el poder ejecutivo sin algún tipo de legitimidad. El actual presidente de la república cuenta con un nivel de aprobación ciudadana de menos del 30% y, ante la crisis económica y política de su gobierno, no le ha quedado otro camino que reprimir a la ciudadanía. Desde el primer día de su mandato lo hizo, pero continúo una política de represión masiva heredada de Felipe Calderón, para pasar a una política de reprimenda selectiva a estudiantes, periodistas y defensores de derechos humanos, bajo el apoyo de gobernadores, jefes policiacos, militares y marinos. Asimismo, no sólo reproduce e impone la militarización y la violación de derechos humanos como política de estado, sino que intenta que gobernadores como Eruviel Ávila (Estado de México), Roberto Borge (Quintana Roo), Rafael Moreno Valle (Puebla) y Miguel Ángel Mancera (jefe de gobierno de la Ciudad de México), impulsaran leyes que institucionalizaran la represión. Leyes como la Bala, la Eruviel o Atenco y el Protocolo de Actuación Policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal para el Control de Multitudes de seguridad han infestado este sexenio.
Los “nacos” le estorban a Peña Nieto (no digamos a la apreciable y pomposa familia presidencial), lo demuestran sus actos, no sólo para ocultarlos, (como lo hizo maquillando la cifras de pobreza publicadas por el INEGI), sino eliminándolos, aniquilándolos, abatiéndolos (aunque el General Salvador Cienfuegos y el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, digan que abatir no debe entenderse como matar, lo hacen) y las cifras están ahí. Pero no sólo los números hablan, sino los cientos de víctimas de este gobierno que se ha destacado por las violaciones de derechos humanos y las libertades fundamentales, convirtiendo al país no sólo en un estado fallido, sino en un estado de excepción, envuelto en una guerra de baja intensidad y un ataque frontal contra quien se oponga al gobierno neoliberal peñanietista.
VI
¿Se puede hacer un balance de este gobierno? No. No hay balance físico. Hay una tendencia de caída muy visible, evidente y clara. Once reformas estructurales que han vendido al país, eliminado derechos individuales y colectivos, educativos, laborales y democráticos, mientras que se entrega el país al mejor postor. No hay balance, hay una caída estrepitosa de este gobierno de maquillaje y gel capilar.
Quizá no sea tan preocupante que el presidente de México no conozca el nombre de tres libros (que, evidentemente, no ha leído en medio siglo de su existencia), tal vez sea más alarmante que no sepa contar el número de pobres, de desaparecidos forzados, de asesinados, de torturados, de ejecutados extrajudicialmente, de violaciones a los derechos humanos por parte de su gobierno; que siga mostrando una enorme miopía ante el descontento social que él, su familia, sus escándalos por enriquecimiento ilícito y su partido han provocado en todo el país. Diría José Martí que “El único autógrafo digno de un hombre es el que deja escrito con sus obras”, pero las de Enrique Peña Nieto, son su epitafio.
[El autor es doctor en Ciencias Sociales y Políticas por la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, Estudió la maestría en Comunicación y las licenciaturas en Ciencias de la Comunicación y Filosofía, en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Ha impartido clases en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, la Universidad Europea, el Colegio de Saberes, la Universidad Marista y ha colaborado académicamente con El Colegio de Puebla AC. Es autor de diversos libros y artículos publicados en México y el extranjero].