Es de sobra conocido el pacto corporativo que el viejo sistema priísta en el poder durante más de setenta años en el país estableció con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) para, a cambio del control gremial del magisterio y el apoyo político electoral, dejar la rectoría del Sistema Educativo Nacional (SEN) en manos de la cúpula de esta organización, incluyendo, a través de un viejo decreto presidencial, la toma de decisiones sobre el ingreso, la promoción y la remoción de los trabajadores de la educación en el país.
También es conocido –aunque hoy menos difundido por la idealización de esta organización por parte de los grupos “progresistas”- el progresivo deterioro de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), nacida de la lucha interna por la democratización sindical del magisterio pero cooptada pronto por el poder y el dinero que el mismo sistema les otorgó para reproducir en algunos estados del país –Oaxaca, Chiapas, Guerrero, principalmente- el mismo esquema de complicidad política.
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Durante décadas tanto el SNTE como la CNTE ostentaron el control casi absoluto del sistema educativo, manejando discrecionalmente el otorgamiento de plazas que se fueron volviendo propiedad privada que se rentaba, se vendía, se heredaba o se obtenía a cambio de favores políticos y de posicionamiento con los líderes sindicales más que por la racionalidad de lo que la formación de los niños y adolescentes del país requería y en razón del mérito de los propios docentes a partir de su formación y su desempeño en las aulas.
Esta situación de manejo político electoral y de complicidad entre el sistema gubernamental y el gremio sindical en sus dos vertientes no fue favorable ni para la mejora de la calidad del aprendizaje de los estudiantes ni tampoco para la dignificación y profesionalización del trabajo docente. Por mucho tiempo los profesores vivieron atrapados, según palabras del padre de la investigación educativa en el país, don Pablo Latapí Sarre, entre dos fuerzas paralizantes: la burocracia de la SEP y el control político del SNTE y la CNTE.
La dinámica que fue gestándose a partir de esta situación de complicidad y valores entendidos hizo que cada año, alrededor del día del maestro, la CNTE como fuerza “crítica” y “opositora” al statu quo se movilizara y presionara de manera cada vez más violenta para hacer que el gobierno les cediera más presupuesto y control político y a partir de esta movilización y negociación con la “disidencia magisterial”, se activara la presión del SNTE para hacer valer su condición de organización “disciplinada” al sistema y obtener también mayores privilegios.
Estos usos y costumbres dentro del sistema educativo mexicano construyeron el reino de la opacidad y la discrecionalidad al grado de que en pleno inicio del siglo XXI no se tenían cifras precisas sobre cuántos docentes había en el país y cuántos de estos trabajadores de la educación estaban realmente laborando en un salón de clases o en las áreas administrativas de una escuela. Hubo estados como Oaxaca en los que el número de personas que cobraban en la nómina magisterial era más del doble del que realmente trabajaba en las escuelas.
Durante muchos años se fueron pronunciando voces críticas de académicos, organizaciones sociales, medios de comunicación y algunos sectores políticos de oposición al régimen reclamando la necesidad de romper con esta dinámica perversa a partir del cambio estructural que, desde la legislación, hiciera que el Estado recuperara la rectoría del sistema educativo y estableciera nuevas reglas basadas en la meritocracia y no en la lealtad política, para el acceso, la promoción y la remoción de los profesores en los distintos niveles educativos.
La reforma educativa –tachada por muchos de mera reforma laboral o administrativa- se centró precisamente en romper esta complicidad estructural y establecer un servicio profesional docente en el que fueran los méritos –medidos a partir de evaluaciones perfectibles, pero objetivas- y no las lealtades políticas los que determinaran el desarrollo de la carrera de un profesor desde su ingreso hasta su jubilación y las promociones que fuera obteniendo en su trayectoria, con la intervención de un órgano autónomo del Estado –el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación- como responsable de establecer los criterios, parámetros e instrumentos de evaluación de todo el sistema educativo, de hacer investigación evaluativa y de a partir de esta investigación y evaluación dictar las orientaciones que guiaran las políticas educativas que la SEP fuera estableciendo.
Como era de esperarse, esta eliminación del control de los elementos clave del sistema educativo generó una enorme oposición por parte de la CNTE y grupos afines puesto que perdieron mucho de su poder y del acceso al presupuesto que manejaban en el pasado. Lo paradójico del caso es que muchos de los académicos y grupos sociales que en el pasado se manifestaron en contra de la complicidad entre la SEP y el SNTE y la CNTE, se unieron a la reacción de oposición a la reforma argumentando que afectaba al magisterio cuando en realidad afectaba a las dirigencias de las organizaciones sindicales corporativistas.
La fuerza de esta oposición iba en decremento hasta que los muy lamentables acontecimientos de Nochixtlán inyectaron nueva fuerza al movimiento de la CNTE que ha acorralado prácticamente al gobierno federal exigiendo la abrogación de la reforma educativa. Ante esta presión creciente –y violenta- por parte de la coordinadora en sus negociaciones –hasta ahora desconocidas en sus términos- con la Secretaría de Gobernación, la SEP federal a través de su titular activó de pronto un diálogo con el SNTE para “escuchar y analizar sus demandas para revisar algunos elementos de la reforma educativa”.
De esta manera, el viejo mecanismo de reacción del SNTE para obtener privilegios a partir de las presiones de la CNTE se ha reactivado. La SEP acaba de declarar que acordó con el sindicato varios puntos como la contextualización de la evaluación docente y la revisión de los instrumentos de evaluación, además de algunos aspectos de la anterior carrera magisterial. Los puntos relativos a la reforma no son en realidad nada que afecte lo que se aprobó a nivel de la legislación sino elementos que ya están contemplados en el cambio normativo que implicó la reforma. Sin embargo como bien ha declarado el INEE en un comunicado, esta negociación atenta contra la autonomía del instituto al invadir sus facultades.
Lo preocupante no es entonces el contenido de lo que se acordó entre la SEP y el SNTE sino el retorno de la vieja dinámica de obtención de privilegios a partir de presiones primero de la CNTE y a partir de ellas del SNTE.
El futuro es incierto pero el panorama no es nada alentador para quienes creemos en la necesidad de un cambio estructural profundo como condición necesaria aunque no suficiente para una reforma educativa integral en el país.
Regresó el que andaba au-SNTE y esta no es una buena noticia para la mejora educativa. Ya estarán contentos los “progresistas defensores de lo indefendible”. Han vuelto a despertar al dinosaurio que como en la fábula de Monterroso, sigue aquí.
*Por período vacacional de quien esto escribe, este artículo no aparecerá en las próximas dos semanas.