La detención de Rubén Núñez Ginez, líder de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) lleva un mensaje de Enrique Peña Nieto, no sólo para el magisterio disidente, sino para toda la ciudadanía organizada: la represión legalizada, institucionalizada y facciosa. Mientras la CNTE solicitaba establecer diálogo con el gobierno federal, a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP), a cargo de Aurelio Nuño Mayer, y de Miguel Ángel Osorio Chong, quien se encuentra al frente de la Secretaría de Gobernación (SG), para discutir la supuesta “reforma educativa”, éste primero golpea, reprime docentes y encarcela a sus representantes sindicales, como condiciones básicas para negociar con ellos. El terrorismo de Estado desplegado por Enrique Peña Nieto y su comitiva contra los docentes sólo es muestra de una doble moral política de este gobierno, el cual, bajo el argumento de lavado de dinero, encarcela a dirigentes magisteriales, pero bajo el mismo delito protege a exgobernadores y funcionarios de su partido y de sus aliados.
Actualmente, no es poco conocido el caso de la presunta participación en lavado de dinero, asesinato de periodistas y corrupción de Javier Duarte, gobernador de Veracruz. Asimismo, por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) han desfilado personas a las que se les ha vinculado con el narcotráfico y el lavado de dinero como Tomás Yarrington Ruvalcaba, exgobernador de Tamaulipas, Fidel Herrera Beltrán, exgobernador de Veracruz, Andrés Granier Melo, exgobernador de Tabasco; Mario Villanueva Madrid, exgobernador de Quintana Roo; Arturo Montiel, exgobernador del Estado de México; Humberto Moreira y Jorge Torres López, ambos exgobernadores de Coahuila. Algunos de ellos son buscados por la Drug Enforcement Administration (DEA). Pero la lista de “honorables” priistas crece. Basta recordar a la exlíder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) Elba Esther Gordillo; al titular del sindicato petrolero y senador de la república, Carlos Romero Deschamps; sólo por mencionar algunos.
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¿Qué ha hecho el gobierno priista de Enrique Peña Nieto con los funcionarios de los gobiernos de dichas entidades? ¿Se han desplegado operativos de búsqueda de estas personas? ¿Se le ha encarcelado? Nada. El gobierno de Peña Nieto que afirma su disposición por la rendición de cuentas y la transparencia, no ha actuado contra sus correligionarios de partido, a excepción de Gordillo, Villanueva Madrid y Granier Melo. Todos los demás andan sueltos, libres. Curiosa doble moral del gobierno peñanietista, encarcela a luchadores sociales, desaparece de manera forzada a estudiantes y agrede a quienes no apoyan sus “reformas estructurales”, entre otros castigos ejemplares que aplica esta administración a quien disiente. Un nuevo Porfirio Díaz se haya en el gobierno. El mismo estilo del dictador de finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que llevó a la Revolución Mexicana: política de represión y muerte.
El mensaje del gobierno está dado. El encarcelamiento de Rubén Núñez Ginez, al igual que José Manuel Mireles Valverde y Nestora Salgado (en su momento), es el signo de la evidente maquinaria de Estado, tanto política como judicial, contra la organización social. Muchos Núñez y Mireles se hallan encarcelados, presos políticos hay tras las rejas o en las fosas clandestinas. La criminalización de la organización, participación y protesta social ha tomado un tinte particular en este sexenio. Por un lado, protocolos de seguridad que legalizan la represión y la posibilidad de dar muerte de manera discrecional a manifestantes, como con la Ley Eruviel, en el Estado de México. Por otra parte, el gobierno federal finca delitos a diestra y siniestra para desarticular los movimientos sociales, dar un castigo ejemplar a la sociedad, evidenciar el peso del poder del Estado y mermar a las dirigencias y organizaciones sociales y políticas populares. Casos que en su mayoría se demuestra que son fabricados y carecen de fundamentación jurídica, pero que sirven para desarticular la movilización social. Asimismo, los “quinazos” se vuelven la política judicial y política de los gobiernos priistas.
El partido político que mayor daño ha causado a este país, el PRI, así como la casta de “personalidades” que han desfilado por él, vuelven a vulnerar la moral política e institucional. El gobierno de Enrique Peña Nieto no tiene la calidad moral para procesar a un dirigente magisterial ni a ningún luchador social, cuando tiene cuentas que resolver en materia de asesinatos cometidos por agentes de Estado (policías y militares), desapariciones forzadas, tortura, violaciones de derechos humanos, entre muchas otras. Legitimidad no le sobra a este gobierno y, por el contrario, demuestra la grave crisis política y de gobernabilidad que enfrenta, la cual queda demostrada no sólo con la lucha magisterial, sino con todas las que continúan y emergen en este país. ¿Quiénes siguen? ¿será nuevamente Atenco, para saldar la afrenta pendiente?
Señor Peña Nieto, primero dé cuenta de la presunta corrupción y vinculación con grupos delictivos de sus correligionarios y amigos partidistas y, después, actúe conforme al Estado de derecho y no al Estado de derecha que representa su gobierno. Dicen que “el buen juez por su casa empieza” y, en la suya, hay muchos trapos que lavar y esperemos que sea de manera pública.
Picaporte
No sólo en Orlando, Florida, hubo homicidios que le duelan a la humanidad. También duelen los dos asesinados en un estadio de béisbol en Acatzingo, Puebla, y los cuales no han recibido tanta publicidad ni consternación pública.