“¿Cómo podemos transitar en el país hacia una política educativa basada en el conocimiento y la comprensión de nuestra realidad? Eso es lo que este INEE quisiera aportar. El INEE va a hacer evaluaciones pero también va a hacer investigación. La evaluación tiene la capacidad de ordenar lo que antes estaba desordenado, puede poner las cosas en su lugar, dimensionar los problemas, cuantificar las brechas, conocer las condiciones que no permiten que se logren objetivos”.
Sylvia Schmelkes. La evaluación como derecho. Sylvia Schmelkes y Manuel Gil. Una conversación.
Más artículos del autor
A pesar de que la polémica acerca del trabajo del nuevo y autónomo Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) se ha centrado en una parte de su tarea que es la del diseño de los criterios, instrumentos y procedimientos para la evaluación de acceso y permanencia al Sistema Profesional Docente (SPD) creado a partir de la reforma constitucional que puso en marcha la reforma educativa de este sexenio, su tarea es mucho más amplia y tiene un alcance que abarca a todo el sistema educativo en su conjunto.
Como afirma la consejera presidenta Sylvia Schmelkes en el fragmento de conversación que sirve como epígrafe de este artículo, el INEE tiene como mandato fundamental proveer a la autoridad educativa de información actualizada, rigurosa, suficiente y relevante acerca del estado de los distintos componentes del sistema educativo para que el diseño de las políticas públicas en materia educativa esté cada vez más sustentado en el conocimiento y la comprensión de lo que pasa en todas las escuelas del país.
Para ello, el INEE tiene que hacer evaluaciones en el sentido restringido del término, es decir, exámenes y análisis de evidencias para medir ciertos parámetros de aprendizaje de los estudiantes o de nivel de desarrollo de competencias de los docentes pero también tiene que hacer investigación de carácter evaluativo para documentar, medir, comprender y explicar el nivel en que se encuentran todas las variables que inciden en la calidad de la educación.
Un ejemplo de este trabajo de investigación es el recientemente presentado Informe 2016 sobre La Educación obligatoria en México, cuya coordinación general estuvo a cargo de las doctoras Teresa Bracho y Margarita Zorrilla Fierro, ambas integrantes del Consejo General del INEE y en el que participó un amplio grupo de alrededor de cuarenta investigadores.
Se trata de un documento que vale la pena estudiar y analizar con detalle si uno está interesado en la situación que prevalece en nuestra educación nacional y que debería ser lectura obligada para los docentes, directores escolares, supervisores, asesores técnico pedagógicos y funcionarios de todos los niveles. Para quien desee consultarlo, el informe está disponible de manera gratuita en el siguiente link: http://publicaciones.inee.edu.mx/buscadorPub/P1/I/241/P1I241.pdf
El informe está dividido en dos secciones y siete capítulos que parten desde los datos generales de tamaño y nivel socioeconómico de la población, dimensiones y estructura del sistema educativo en sus niveles básico y medio superior y cobertura y asistencia de los niños y adolescentes (Indicadores acerca de la garantía del derecho a una educación obligatoria de calidad) y presentan datos sobre las condiciones en que operan las escuelas del país, los resultados de las evaluaciones a docentes y directivos, la organización del currículo de la Educación obligatoria y la relevancia de la evaluación del aprendizaje de los estudiantes, la forma en que el INEE la lleva a cabo y los resultados que se han obtenido en mediciones recientes.
En la segunda sección se aborda en dos capítulos –sexto y séptimo- por una parte la evaluación de la política educativa dirigida a los niños, niñas y adolescentes de familias de jornaleros agrícolas migrantes –que es sin duda el sector más desfavorecido dentro del sistema educativo que tiene de por sí graves carencias- y por otro lado el análisis del gasto educativo federal en materia educativa, visto desde la perspectiva de la equidad.
Las reflexiones finales de este documento plantean el enfoque de derechos humanos como el marco de referencia que ha tomado el INEE para su elaboración y análisis y las 4ª que propone Tomasevsky para evaluar el cumplimiento de estos derechos: asequibilidad –disponibilidad-, accesibilidad, adaptabilidad y aceptabilidad.
Las reflexiones finales plantean un signo de esperanza al constatar que es posible lograr excelentes resultados de aprendizaje en todos los niveles, modalidades, regiones y situaciones educativas y dejan como tarea para futuros estudios el análisis de las condiciones que se necesitan para lograr estos casos de éxito.
Pero los resultados obtenidos aportan datos duros que sustentan con claridad los enormes desafíos que tiene por delante la autoridad: “Para revertir la inequidad en México, las políticas educativas deben proponerse igualar las condiciones en las que los alumnos aprenden mediante acciones afirmativas y medidas compensatorias intencionales; de lo contrario, un sector poblacional muy importante no podrá hacer valer su derecho constitucional a una educación de calidad” afirma el informe en su párrafo final.
Ojalá podamos superar la enorme polarización que se ha generado y se sigue cultivando por una visión incompleta y sesgada del papel del INEE y apoyemos la consolidación de este órgano autónomo del Estado mexicano para lograr que las cosas se pongan en su lugar y a partir del dimensionamiento de los problemas se generen políticas educativas que verdaderamente contribuyan a hacer realidad el derecho de todos los mexicanos a una educación de calidad.
Tomasevski, K. (2004b). Indicadores del derecho a la educación. Revista IIDH, 40.