El costo monetario de la democracia es tema recurrente en la historia mexicana reciente. ¿Cuánto cuesta la representación política? ¿Cuánto valen los procesos electorales? ¿Se justifican los recursos públicos destinado para tal fin? ¿Es costosa la democracia en sí misma?
El gasto de la democracia mexicana no es solo lo que se destina al Instituto Nacional Electoral (INE), contempla el presupuesto para el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife), los 32 órganos electorales estatales, tribuales electorales locales y la Fiscalía Especializada para la atención de Delitos electorales (FEPADE), dependiente esta última de la Procuraduría General de la República. Descontando el presupuesto de la FEPADE, el año pasado el dinero destinado a dichas instituciones sumo un poco más de 35 mil millones de pesos (mdp).[1]
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Considerando el presupuesto de las instituciones señaladas y el número de votantes en el 2015 -47 por ciento del total de electores (39 millones 872 mil 246 ciudadanos)- el costo de cada voto resultó ser 18 veces más caro de lo que cuesta el voto en América Latina.
De acuerdo a un extenso artículo aparecido en el periódico Reforma el 26 de septiembre del año pasado -firmado por Ricardo R. Huchim y Paloma Villanueva-, si tomamos en cuenta el número de votantes y lo dividimos entre el presupuesto destinado a las instituciones referidas, el costo por voto sería de 877.80 pesos. Concluyen los autores: “Los costos por voto van de 27 y 29 centavos de dólar en Guatemala y Brasil, respectivamente, a los 17.24 dólares de México, que resulta el más alto en Latinoamérica”.
Para este año se llevarán a cabo 13 elecciones estatales ordinarias. Si bien disminuyó el gasto del Trife y del INE con respecto al año pasado, el presupuesto sigue siendo oneroso. El primero recibirá en este año 2656 MDP y el segundo 15 473 mdp[2], 15.8 por ciento menos, y 19.9 por ciento respectivamente. La reducción del presupuesto también fue para los partidos políticos, quienes recibieron el año pasado 5 mil 199 millones de pesos y para este año, 4 mil 31 mdp en total[3]. Lo que indica una reducción de poco más del 20 por ciento con respecto al año pasado. Con todo, el presupuesto sigue siendo bastante elevado en el comparativo con América Latina
Hay que establecer matices: aunque los cuatro mil millones de pesos que recibirán los partidos es una cifra enorme, solo significa, más menos, el 11 por ciento del presupuesto total destinado a instituciones electorales. Es altamente significativo: la mayor parte del financiamiento público no va para los partidos políticos sino para la red burocrática institucional electoral. Si esto es así y sin dejar de lado el alto presupuesto que perciben los partidos políticos, una pregunta ronda en el ambiente: ¿Por qué se encarecieron los procesos electorales?
Hay una primera conclusión de racionalidad. La apertura democrática en el país, sobre todo después de la reforma política de 1977, fue acompañada de financiamiento público. La precariedad de recursos económicos de la oposición fue aprovechada por las elites autoritarias para enrolarlos institucionalmente. Los incentivos cambiaron, los opositores iniciaron el largo camino de acceso al poder, primero, desde 1977, a través de 100 diputaciones plurinominales, y al mismo tiempo se abrió la hacienda pública para ellos. La oposición se profesionalizó. Empezó a vivir de la política. Las reformas subsecuentes fortalecieron la idea de que es mejor el financiamiento público hacia los partidos políticos y no el privado.
A la par creció una burocracia encargada de vigilar la administración de dichos recursos y el comportamiento de los partidos políticos antes, durante y después de las campañas electorales. Conforme creció el presupuesto partidario y la capacidad de todos los partidos para ganar elecciones locales y federales, la burocracia electoral creció, se desarrolló y encareció sus servicios a lo largo y ancho del país. Las elecciones dieron origen a una poderosa estructura institucional que encontró en la persistencia de prácticas, desmanes y trampas del viejo partido hegemónico un escenario de oportunidad que elevó hasta el cielo, sus costos por instaurar y consolidar un orden democrático.
Poco a poco ha ido ganando paso un valor insignia del modelo republicano democrático: la transparencia y rendición de cuentas. En las democracias consolidadas se somete a debate las razones del gasto público, sus finalidades, sus resultados. Para ello la comparación con lo que ocurre en otras latitudes se convierte en un poderoso instrumento de control de la correspondencia entre gasto y resultados de las instituciones. La finalidad es perfeccionar, hacer correcciones. Gracias al debate suscitado por el escandaloso gasto electoral del año pasado, los presupuestos del INE y del TRIFE se redujeron. Debería ser una tendencia irreversible.
Es de asombro el auto recorte presupuestal. No podría ser de otra manera. Pero hay que hacer notar, que la reducción, el recorte, las medidas de austeridad, no llegaron al salario. Los emolumentos salariales y las prestaciones siguen siendo escandalosos. Es la burocracia dorada de la democracia.
El salario bruto de un consejero electoral es de 262 mil 634 pesos mensuales. El salario neto de un magistrado del Trife asciende a 316 442 pesos mensuales. Ambos muy por encima de la media salarial de funcionarios electorales de países con democracias consolidadas. Los funcionarios locales no están exentos de esos privilegios.
No es que la democracia sea costosa en sí misma. Democracia es sinónimo de austeridad republicana. El argumento comparativo respecto a que hay dependencias del gobierno federal que reciben un presupuesto mayor es retórico. Es comparar “piedras con manzanas”. Los fines sociales de unas y otras son de orden social distinto. Distintos son los criterios valorativos.
La consolidación de la democracia pasa por la reducción de los recursos destinados a procesos electorales. Ese es el sentido de la competencia política, la posibilidad de que el ciudadano compare propuestas y modos de hacer.
El argumento de que la imparcialidad electoral se funda en los altos salarios es igualmente retórico, obedece a la vieja lógica de las lealtades políticas sustentadas en atractivos incentivos de carácter económico. Dicha supuesto, herencia del viejo régimen, traspasó las barreras de la democratización. No debe quedarse.
Los privilegiados de las competencias electorales sin contender en ellas, deben ser ya objeto de mayores controles restrictivos. No hay otra fórmula para inhibir la creación de nuevas elites, locales y federales que, al amparo de los procesos de cambio político, han hecho de la democracia un modus vivendi de alta rentabilidad económica.
gnares301@hotmail.com
[1] http://www.mediasolutions.com.mx/ncpop.asp?n=201507260647492001
[2][2] http://sipse.com/mexico/menos-dinero-partidos-politicos-2016-ine-presupuesto-183295.html
[3] http://www.ine.mx/archivos3/portal/historico/contenido/comunicados/2015/08/20150825.html