Desde 1989 el tema de la contaminación ambiental y el ambiente han sido un malestar “económico” para los habitantes de la Ciudad de México y algunos municipios conurbados del Estado de México. Una de las banderas del entonces “Nuevo orden internacional” (tras la caída de la Unión Soviética), el ambiente, se convirtió en no sólo en una forma de intervención estadounidense en varias naciones, sino que éste fue utilizado por los propios gobiernos para controlar a la población y para allegarse de recursos económicos a expensas de la ciudadanía. Gobiernos locales, como el del Distrito Federal (ahora Ciudad de México), tanto del Partido Revolucionario Institucional (PRI) como del Partido de la Revolución Democrática (PRD), han visto una caja chica el tema del ambiente. Ese negocio ahora quieren hacerlo extensivo a la federación y el pretexto es la contingencia ambiental en la Ciudad de México.
El problema de la precontingencia o la contingencia ambiental en la Ciudad de México no sólo es un asunto de ozono (O3), dióxido de azufre (SO2), dióxido de nitrógeno (NO2), monóxido de carbono (CO) o PM10, que son partículas principalmente antropogénicas: hollín, cenizas, polvo, etc., sino de un modelo capitalista a “a la mexicana” plagado de corrupción, compadrazgos, obstinaciones, cajas chicas, voluntad de exprimir hasta el último peso a la ciudadanía y falta de políticas que beneficien al ambiente.
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Es curioso, pero el discurso mediático culpa a los automóviles y automovilistas por “supuestos” altos niveles de contaminación ambiental, pero no se frena el uso desmedido de combustibles fósiles, en medio del nacimiento de una jugosa privatización petrolera. Asimismo, se beneficia a los grandes empresarios y se ve su inversión como un favor de los capitalistas a la nación, cuando son los sectores que más consumen energías contaminantes no sólo en México, sino en el mundo. Si bien, el número de automóviles ha aumentado en la Ciudad de México, se debe a los inaccesibles precios de carros nuevos, lo que provoca que circulen autos antiguos que contaminen, pero también la saturación de autos nuevos comprados a crédito, negocio de las marcas productoras de autos y permitido por los gobiernos.
Aún con todas estas situaciones, los gobiernos optan por dos opciones: a) sancionar a los automovilistas y 2) hacer un negocio de la contaminación ambiental. Esto puede entenderse al hacer extensivo a la ciudadanía un problema que es del Estado. Éste debe garantizar el derecho humano a un ambiente sano y lo que han hecho los gobiernos, en especial el del Gobierno del Distrito Federal, administrado por Miguel Ángel Mancera, es castigar a la ciudadanía con pagos dos veces por año para circular, pero en caso de altos niveles de contaminantes, prohibir la libre circulación (aun con el “permiso” pagado por los automovilistas en la Verificación vehicular) y multar ($1680 pesos) a quien use su auto en los días que el gobierno decida. Se debe comprender que el problema del ambiente y de la contaminación ambiental no es un asunto de todas y todos, es de los gobiernos.
También es sabido que un reglamento de tránsito que busca recaudar fondos para la campaña electoral de Miguel Ángel Mancera lo único que produjo fue elevar los niveles de contaminación en la ciudad. Era crónica de una polución anunciada, confirmada por estudios universitarios. Sin embargo, conociendo las condiciones geográficas y climáticas del Valle de México, no cabría preguntarse ¿por qué un reglamento así sabiendo los resultados? La ganancia era doble: mayor recaudación para financiar la campaña por venir y pactar políticamente con el gobierno federal un Hoy no circula nacional.
En ese sentido, el negocio de la Verificación vehicular y el Hoy no circula pretende hacerse extensivo a todo el país, con la finalidad no de tener una vida más sana y respetar la naturaleza, sino para financiar con nuevos impuestos a los gobiernos estatales y federal. ¿Realmente son días de esa contaminación extrema? o ¿buscan hacer la contaminación un tema de la agenda nacional con fines económicos benéficos para unos cuantos? Parece que los fuertes vientos de las primeras semanas de marzo, beneficiaron el ambiente, pero afectaron los intereses de los “precandidatos presidenciales”.
La contingencia ambiental de la Ciudad de México, sin lugar a dudas, se perfila a ser un nuevo jugoso negocio pactado entre los políticos federales y estatales, que un problema realmente ambiental. ¿Quién lo paga? La ciudadanía.
Picaporte
Para los gobernantes y miembros de la élite de los partidos políticos, las bibliotecas y casas de cultura son difícilmente rentables. La venta de las mismas, propuesta por el alcalde panista de Querétaro, Marcos Aguilar Vega, sólo es muestra de las limitaciones de las facultades intelectivas de los gobernantes. Queda claro, no se le puede pedir peras al olmo.