Esta semana se aprobó en el Congreso del Estado un par de dictámenes que, si bien, abordan elementos indispensables para el crecimiento democrático de nuestro estado, su contenido general no abona en la construcción de una sociedad equitativa, principalmente en el escenario del proceso electoral que estamos viviendo.
Quiero dejar claro que nadie con sentido común podría enarbolar causas contrarias a la transparencia y la fiscalización del uso de los recursos públicos. En definitiva, esta buena práctica que tantos años y dificultades nos ha costado conquistar a los mexicanos, no debe retroceder bajo ningún argumento o circunstancia.
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No obstante, la aprobación o no de las cuentas públicas de los gobiernos municipales y poderes del Estado, no debe de utilizarse como premio o castigo, mucho menos en tiempos electorales.
Si queremos que en Puebla se lleve a cabo un proceso electoral apegado a la ley, con transparencia absoluta y que demuestre haber sido equitativo, es nuestra responsabilidad como legisladores y representantes de los ciudadanos, el vigilar muy cercanamente que la aprobación de las cuentas públicas no se relacione con criterios políticos o presiones.
Por lo anterior, la fracción del PRI se abstuvo de votar a favor el dictamen, pues no se trata de que nuestra decisión avale otras de carácter electoral, de modo que nunca el ejercicio de fiscalización y rendición de cuentas debe estar supeditado a condicionamientos electorales.
El otro tema importante que se abordó esta semana en la Sesión del Congreso fue la modificación a la Ley Orgánica Municipal, mediante la cual retorna el servicio de Registro Civil a las juntas auxiliares del estado pero sin las atribuciones completas con las que contaban los ediles de estas demarcaciones, quienes solamente coadyuvarán en el tema.
La fracción del PRI en el Congreso del Estado estaría a favor de esta acción pero solamente si se rige con un esquema integral que regrese las atribuciones que por ley, las juntas auxiliares deben tener, y no como se aprobó en el Pleno.
La vuelta de este servicio a las demarcaciones ha sido un reclamo ciudadano desde que fueron despojadas de él. El Registro Civil permite otorgarle a las juntas auxiliares, geográficamente muy alejadas de los centros urbanos, la viabilidad y certidumbre jurídica que necesitan.
Sin embargo, no debemos olvidar que el punto aprobado tuvo su origen en un tema que derivó en un enorme descontento social que culminó en la más grande tragedia. El verdadero problema va más allá de lo que se discutió, pues tiene implicaciones sobre el amplio alcance que puede tener la real atención a estas zonas de cada municipio, donde se carece de los más elementales servicios y seguridad.
Desde este espacio, hago un exhorto a los diputados y diputadas para abordar las carencias de las juntas auxiliares desde nuestra obligación como legisladores, siempre en beneficio de los que menos tienen y más dificultades enfrentan, en todo el estado de Puebla.