¿Es posible hablar de desarrollo político (y por lo tanto de decadencia política)? ¿Es posible identificar situaciones políticas superiores objetivamente a otras, es decir, de mayor desarrollo político? Francis Fukuyama cree que sí, y al tema dedica su más reciente libro (Political Order and Political Decay). Desarrollo, decadencia y orden político tienen que ver desde su perspectiva con las instituciones, que él agrupa en tres conjuntos: Estado, Estado de Derecho y rendición de cuentas democrática.
Se trata de un enfoque a la vez clásico y novedoso sobre la vieja cuestión del buen gobierno. Los tres grupos de ejemplos que plantea desde el principio llaman la atención: naciones sin la institución política fundamental, el Estado (Libia, Mali, Níger, Nigeria y Somalia; Estados Unidos, donde la “sobreinstitucionalización” dio lugar a la seria crisis financiaría de 2008; finalmente sociedades modernizadas en las que las instituciones políticas no se modernizaron de forma paralela, como Turquía y Brasil.
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La institución básica es el Estado, que en el libro recupera la definición weberiana: una asociación que logra, dentro de un determinado territorio, el monopolio de la violencia física legítima. La ausencia de Estado da lugar a situaciones desastrosas, como la que vivió Libia durante la caída de Kadafy, mencionada por Fukuyama, o como la que está viviendo hoy Siria. Una sociedad sin Estado es una sociedad sin orden político, es decir, sin el bien político básico.
Y hay de Estados a Estados. Originalmente los Estados, dice el autor, son patrimoniales: el titular del poder es dueño del mismo y lo ejerce en forma privada, para favorecer a su familia y amigos. Pero las guerras obligaron a algunos Estados a mayor eficiencia, y con ello a crear una burocracia profesional. Destaca en el libro el caso de China, que desde hace dos milenios ha contado con una burocracia profesional, aunque con periodos regresivos, en los que regresan las prácticas patrimoniales.
Pero China no cuenta con la tradición del Estado de Derecho. En el libro comentado por tal no se entiende solo la aplicación de leyes, sino una situación donde las leyes llegan a aplicarse incluso a quienes ocupan las posiciones políticas más altas. Una situación que a juicio del autor surgió en Europa a raíz de las disputas entre la realeza y la iglesia católica.
La rendición de cuentas democrática consiste en un conjunto de procedimientos (entre ellos las elecciones libre, competidas, periódicas) para que el gobierno responda a los intereses de la sociedad, a lo que Aristóteles entendía por “bien común”.
Un aspecto interesante del libro es que plantea un importante dilema: mientras que el Estado concentra el poder, el Estado de Derecho y la rendición de cuentas limitan a ese poder. Hay en esas dos tendencias un equilibrio virtuoso: que el poder del Estado esté libre para hacer el bien, digámoslo de manera coloquial, pero esté limitado para hacer el mal. Pero es más fácil decirlo que realizarlo en el diseño y en las prácticas institucionales.
El ambicioso libro de Fukuyama puede dar la impresión a veces de simplificar. Pero el planteamiento y el análisis de este dilema lo salva de reduccionismos fáciles. Le permite analizar lo que considera rasgos de decadencia política en Estados Unidos. Lo que explica fundametalmente la crisis financiera de 2008, donde el poder político no pudo salvaguardar el bien común frente a los intereses privados de los banqueros. Le permite analizar lo que llama la “repatrimonialización” del poder político en ese mismo país a partir de la segunda mitad del siglo XX.
Como sus libros anteriores, éste es sugerente y polémico. Si no da grandes respuestas, sí plantea preguntas importantes. El poder político debe tener límites, pero no tanto que se vuelve incapaz de defender el interés público. ¿Cuáles son esos límites? ¿Qué tipo de diseño institucional es el más adecuado para cada nación en un periodo determinado?
Se acusará al libro, con razón, de proponer como modelo de nación a las naciones del Atlántico Norte. El mismo llama a su modelo “Dinamarca”: un país próspero, seguro, estable. El autor lo sabe y defiende su propuesta como universal. No es fácil estar de acuerdo, aunque algunos de sus argumentos son compartidos. Pero aunque su idea sea cierta, que todo el desarrollo político lleva al modelo de “Dinamarca”, hay que considerar que pasarán varias generaciones antes de que la muchos países alcancen ese modelo.