En las últimas semanas, el gobierno federal y la Secretaría de Educación Pública (SEP) desplegaron un operativo muy importante para, meter con calzador lo que han denominado la madre de todas las reformas: la educativa. La valoración que intenta hacer la SEP de las competencias docentes, además de mostrar infinidad de irregularidades y corrupción de parte considerable de sus funcionarios en la implementación, uso de la información y propaganda, ha traído al país desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, represión y asesinatos. Además de todas estas pérdidas humanas y morales, y una crisis política en el país, los gastos que se han generado por parte del Estado por imponer una reforma laboral y administrativa han generado costos que no se han contabilizado.
Tan sólo el despliegue de fuerzas policiacas en los estados de Guerrero, Michoacán, Chiapas y Oaxaca, lugares donde se concentraron más de 10 000 efectivos tuvo un costo de 360, 000, 000, ya que los salarios mensuales de estas fuerzas del Estado van de los $4600 pesos a $15000 en policías municipales; de $12000 a $19000 los policías federales. Esto sin contar a los militares desplegados en los centros donde se llevaba a cabo la aplicación de la prueba, los cuales obtienen salarios mensuales de $9500 para los soldados de menor rango, $11000 los sargentos primeros y hasta $27000 los capitanes.
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Por otra parte, el hospedaje de los cuerpos policiacos que sirvieron para estas operaciones va de los $1200 a los $3000 pesos por noche y hubo entidades, como Guerrero, en las cuales estuvieron hospedados desde una semana antes de la fecha de administración de los exámenes.
La suma de estos salarios y de los operativos tanto de las diferentes secretarías de Estado, como la de Educación, Defensa Nacional y de Gobernación, así como la Comisión Nacional de Seguridad Pública y las instancias involucradas en las entidades, generaron un gasto excesivo con la intención de aplicar un examen que posibilite implantar una reforma que carece de legitimidad académica y social.
Si bien, se puede pensar que los gastos de salarios de cualquier manera se deben cubrir, también hay que pensar que un país que requiere pagar todo ese dinero en fuerza pública, implica que sus gobernantes carecen de legitimidad con los gobernados y, este gobierno, al menos, es una muestra de esa falta de aprobación ciudadana y de una profunda crisis política.
Por otra parte, la madre de todas las reformas, como le llama este gobierno, ha dejado muertos, como el caso de Daniel Solís Gallardo, Julio César Mondragón Fontes y, el día de ayer, 8 de diciembre, al profesor normalista David Gemayel Ruiz Estudillo. Asimismo, 56 detenciones en Michoacán, seis en Chiapas, cuatro en Oaxaca, por mencionar solo algunos en los últimos días.
Por otra parte, cabe destacar la actitud cínica y servil de gobernantes “de izquierda” como Silvano Aureoles Conejo, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Gabino Cué Monteagudo, de Movimiento Ciudadano (MC). Asimismo, quienes prometieron nunca más reprimir o desaparecer personas, como el gobernador priista de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, y el verde Manuel Velasco Coello, muestran su origen represor y antidemocrático.
Costos muchos y muy altos ha dejado esta reforma, la madre de todas, la educativa. Precios muy altos, como la vida o la libertad, cuando el gobierno federal y las secretarías involucradas, especialmente la SEP, gastan recursos y usan la fuerza policiaca y militar de manera indiscriminada, ante la implementación de una reforma laboral y administrativa. A este gobierno federal, lo que menos le importa es la generación de consensos y actuar con base en la legitimidad entre las diferentes fuerzas ciudadanas y políticas en el país. Lo suyo es el derroche para implantar medidas coercitivas contra la educación y los educadores en México. Para eso sobra dinero, mientras que para la educación siempre falta. Y quien no lo quiera ver de esa manera, su destino la represión, la cárcel o la muerte.
Picaporte
Pues que la verdad histórica no es verdad y menos histórica, porque en Cocula, Guerrero, nunca hubo un incendio en la fecha señalada por la Procuraduría General de la República (PGR), dependencia adscrita al gabinete del presidente de la república. O no saben investigar o están mintiendo. Pero quien lo haga debe tener un castigo, ¿quién será castigado? o ¿de nueva cuenta, todo como si nada?