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OPINIÓN

El control político-electoral legalizado y legítimo en Puebla

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Nicéforo Rodríguez Gaytán

Líder estudiantil. Miembro del PSUM, PMS, PRS y PRD. Estudió de nivel medio, superior y Posgrado en la BUAP. Doctor en Ciencias Políticas UNAM. Profesor investigador, Facultad de Derecho y C.S. BUAP

Martes, Noviembre 10, 2015

En el Artículo 41 Constitucional y más particularmente en su fracción V, Apartado A, establece que el  Instituto Nacional Electoral es un organismo público autónomo y que en el ejercicio de sus funciones serán principios rectores, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad. En el ámbito jurisdiccional para hacer posible su finalidad, los principios éticos son de trascendental importancia por la misión de servicio que desempeñan de manera profesional, siendo un deber ético apegarse a  ellos, en este sentido se pueden enunciar los siguientes: autonomía; independencia; imparcialidad; prudencia; discreción; probidad; actuación expedita, equidad y justicia. Valga este comentario ante la andanada de críticas  que ha recibido la instalación del Consejo General del nuevo Organismo Público Local Electoral (OPLE) en Puebla, por las diversas sospechas de un fraude electoral en el 2016, ante la carencia de autonomía e imparcialidad de sus integrantes.

El pasado mes de marzo del año en curso, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral aprobó la convocatoria para elegir a los consejeros electorales que habrían de integrar el Organismo Público Local Electoral en el estado de Puebla (cuyas siglas son OPLE, y que corresponde a la nueva denominación de los organismos electorales de las entidades federativas, según lo dispuesto en la reforma político electoral federal del 2014).

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De acuerdo con esta convocatoria a más tardar el 30 de octubre del año en curso, el Consejo General del INE, designaría a los nuevos consejeros electorales.

El Consejo General del INE, con base en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, también publicó los lineamientos para integrar los Organismos Públicos Locales Electorales de 13 estados de la República, entre estos además de Puebla, Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Hidalgo, Nayarit, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz.

Cabe decir que la integración del OPLE en estos estados, se compone de un consejero presidente y 6 consejeros electorales.

Puebla que es el caso que nos ocupa, el Consejo General del OPLE quedó integrado de la siguiente forma: Jacinto Herrera Serrallonga (quien ocupó cargos públicos en el sector educativo y en el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología) como consejero presidente por un periodo de 7 años, Luz Alejandra Gutiérrez Jaramillo (Consejera Electoral de INE), Juan Pablo Mirón Thomé(ex secretario particular de Luis Maldonado Venegas) y José Luis Martínez López (Consejero Electoral del IEE) como consejeros electorales por 6 años y Claudia Barbosa Rodríguez (Magistrada del Tribunal Electoral del estado), Flor de Té Rodríguez Salazar (responsable de la Unidad Administrativa de Acceso a la Información Pública del extinguido Instituto Electoral del estado) y Federico González Magaña (ex consejero de la junta local del IFE, asesor del gobernador Rafael Moreno Valle, ex titular de la PROFEPA en Puebla e integrante de la CAIP) como consejeros electorales por 3 años.

En términos de legalidad los nuevos consejeros electorales aprobaron exámenes de conocimientos, presentaron ensayos para ser evaluados respecto a sus habilidades para formular, plantear y desarrollar un tema electoral así como calificar su capacidad de análisis, desarrollo argumentativo, planteamiento del problema y el desarrollo de escenarios y soluciones. También fueron evaluados sus currículums y pasaron por un proceso de entrevista, todo esto, para que los integrantes del Consejo General del INE pudieran determinar que los consejeros anteriormente mencionados, eran los más idóneos para cumplir con las funciones electorales y organizar los procesos electorales locales.

Uno de los principales debates que se dio en torno a las disposiciones de la reforma político electoral federal aprobada en 2014, fue que una de las razones principales por las cuales los consejeros electorales de los órganos electorales  de los estados de la República tenían que ser elegidos por el Consejo General del INE y no por los legisladores de los Congresos locales, fue para eliminar la influencia de los gobernadores para la designación de los funcionarios electorales, pues por lo regular, los gobernadores tienen la mayoría absoluta o su partido tiene la fracción parlamentaria más grande en el Congreso y  por ende, los legisladores votan a favor de las indicaciones políticas de los mandatarios estatales.

Con esta reforma, se aspiraba a restar poder político de los gobernadores para evitar que fueran electos consejeros electorales afines a sus intereses o a los del partido político al que pertenecen.

No obstante parece que este objetivo al menos en Puebla no se logró, pues en los diferentes medios de comunicación se ha hecho pública la vinculación de la mayoría de los nuevos consejeros electorales con el gobernador del estado Rafael Moreno Valle Rosas y además de alguno de ellos, de su escasa por no decir nula experiencia electoral.

Desafortunadamente una de las debilidades de la democracia basada en procedimientos legales como es la nuestra, es la existencia de estos efectos, pues ha resultado ser poco efectiva en poner candados reales al ejercicio del poder político,  pues es obvio que el mandatario del estado RMV necesita de un consejo general del OPLE integrado por consejeros que tomen decisiones benéficas para garantizar que su delfín llegue a la mini gubernatura del estado, además de cuidar los procesos electorales de los municipios y diputaciones que le permitan mantener su control político en la entidad.

Por lo que respecta a los consejeros electorales en Puebla, su elección fue legal y legítima, en cuanto a la fuente de legitimidad obtenida por procedimientos legales, pero sólo esperemos que su actuación en los procesos electorales futuros, no pongan en duda la legitimidad y credibilidad de los resultados electorales, y terminen por comprobar las  sospechas y especulaciones sobre su padrinazgo político con el ejecutivo del estado Rafael Moreno Valle Rosas. Y si no pasa otra cosa, el escándalo y desprestigio a su “honorabilidad” será la sombra que los acompañe, hasta la elección de la mini gubernatura

nish76@hotmail.com

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