El linchamiento de Ajalpan, ocasionado por
uso perverso de las redes sociales
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El linchamiento e incineración de dos personas que estaban aplicando una encuesta de mercado acerca de la tortilla de maíz, ocurrido el lunes 19 de octubre en el municipio de Ajalpan, Puebla, al ser confundidos con presuntos secuestradores de menores de edad, es consecuencia de la inquietud que prevalece en amplios sectores de la sociedad por la inseguridad pública que se vive en esa comunidad y en diversas regiones del país.
Por ello el linchamiento pudo suceder ─como ya ha ocurrido en otras ocasiones─ en cualquier otra parte del territorio nacional. Donde la seguridad pública que debe ser garantizada por las autoridades gubernamentales, es una ficción cotidiana. Es una utopía.
Hay varios culpables. No sólo es responsable material de esa criminal ejecución, la turba enardecida que la llevó a cabo. También tienen culpabilidad, aunque sea por inacción y omisión, las autoridades gubernamentales, de los niveles federal, estatal y municipal, que han sido notoriamente incapaces de garantizar la seguridad pública de la población, en sus respectivos ámbitos de competencia, o mejor dicho, de incompetencia.
En entidades federativas como Jalisco, Tamaulipas, Sinaloa, Veracruz, estado de México, Morelos, Nuevo León, Guerrero, Oaxaca, San Luis Potosí, Michoacán, Distrito Federal y Puebla, entre otras, la población vive en un permanente estado de zozobra por los crecientes niveles de delincuencia que existen en ellas. Ya sea por secuestros; ajusticiamientos; asaltos a mano armada en la calle, en unidades de transporte público de pasajeros, instituciones bancarias y hasta en iglesias; así como robos a casas habitación y oficinas.
En todo este tipo de actos delictivos, por regla general, las víctimas nunca encuentran justicia. La policía, agentes del ministerio público, jueces y todos quienes tienen que ver con la supuesta impartición de justicia son negligentes e ineptos, además de corruptos.
El desprestigio de la policía mexicana sólo es comparable con el descrédito de la nociva clase política que tiene como rehén a millones de mexicanos. Su grado de ineficiencia y corrupción es infinito. Es del conocimiento público que muchos elementos policiacos participan en extorsiones, robos y secuestros.
La mayor parte de la población desconfía de los gobernantes. Los pocos ciudadanos que confían en el gobierno, lo hacen más por ignorancia que por convicción.
Dentro de este contexto, sucedieron los acontecimientos de Ajalpan. Bastó que las redes sociales difundieran la falsa noticia de que en Ajalpan operaba una banda de personas que robaban niños y que alguien dijera, erróneamente, que los trabajadores de la empresa Marketing Research & Services que estaban aplicando una encuesta trataron de secuestrar a una niña, para que la gente se amotinara frente al edificio de la presidencia municipal en busca de ellos.
Según declaración del alcalde de Ajalpan, Gustavo Lara Torres, entre el sábado 17 y el domingo 18, circuló en las redes sociales la versión que en ese municipio estaban secuestrando niños. Este rumor se difundió sin fundamento. Las autoridades locales no tenían ni tienen, al día de hoy, ninguna denuncia por robo de niños. Sin embargo la muchedumbre se enardeció y trató de hacerse justicia por sí misma.
En esta época de grandes avances tecnológicos en materia de comunicación, las redes sociales constituyen un eficaz medio de información. En cuestión de inmediatez informativa superan a los medios electrónicos y rebasan, en mucho, a la prensa escrita. Sin embargo, el mal uso que han hecho de ellas quienes propalan falsas noticias, han convertido este eficaz y rápido mecanismo de comunicación social en un instrumento que puede ocasionar tragedias como la ocurrida en Ajalpan.
En este crimen las redes desempeñaron un papel determinante. Difundieron la noticia del robo de niños y la población se exasperó. Cuando alguien dijo que la policía había detenido a dos secuestradores, su reacción de violencia fue inmediata e incontrolable.
La turba enfurecida por una falsa noticia, arrancó violentamente de las manos de la policía, a las dos personas que en seguida serían víctimas de su agresividad y violencia, al golpearlas cobardemente y prenderles fuego después de arrojarles gasolina en el cuerpo. Lesionó con piedras y machetes a 15 policías a quienes robó sus armas. Causó destrozos en el edificio municipal y robó computadoras y documentos oficiales. La policía local fue insuficiente numéricamente para someter al orden a la muchedumbre.
La gente por su cuenta castigó salvajemente un delito que jamás se cometió.
El alcalde de Ajalpan solicitó ayuda al secretario de Gobierno del estado de Puebla y según dijo el apoyo requerido nunca llegó. La policía estatal intervino tardíamente.
El procurador de Justicia del Estado, Víctor Carrancá, aseguró que se tiene identificado plenamente, con nombre y fotografía, a un número importante de personas que participaron en el motín y han sido señalados como algunos de los responsables del linchamiento e incineración de los dos encuestadores.
Ante la falta de voluntad de las autoridades ─de los tres niveles de gobierno─ para aplicar la ley, hacer justicia y restablecer la gobernabilidad, en muchos lugares del país la sociedad se ha visto en la necesidad de crear sus propios mecanismos de autodefensa para evitar los embates de la delincuencia. En Guerrero y Michoacán, han sido los grupos de autodefensa comunitaria. En otras entidades los comités de defensa vecinal.
En otras más, se ha recurrido a la colocación de carteles donde se advierte a los delincuentes que en caso de ser sorprendidos robando, los vecinos se harán justicia por propia mano. A nivel de colonia, en muchas ciudades del país, se ha optado por enrejar las calles. Todo esto, por la ineficiencia de las autoridades encargadas de garantizar y cuidar la seguridad pública de la población, que vive permanentemente en estado de indefensión.
El gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, obligado por las circunstancias, anunció que ante la gravedad de los acontecimientos de Ajalpan, su gobierno asume la responsabilidad de la seguridad en esa localidad, a través del director general de la Policía Estatal Preventiva.
Así mismo, se comprometió a dar seguimiento de manera personal a las investigaciones hasta que se haga justicia. Ya fueron detenidas y trasladadas al reclusorio de Tehuacán, cinco presuntos responsables del linchamiento.
Periódicos como el estadounidense The Washington Post y el español El País difundieron en sus páginas los acontecimientos de Ajalpan.
Es de esperar que en Puebla, en el caso del linchamiento e incineración de Ajalpan, no ocurra lo que sucedió en el Distrito Federal, con el linchamiento que aconteció en la delegación Tláhuac cuando Andrés Manuel López Obrador era jefe de gobierno y Marcelo Ebrard fungía como secretario de Seguridad Pública. En esa ocasión tres agentes policiacos se disponían a detener a una persona involucrada en la venta de droga.
Al ser considerados sospechosos por un grupo de vecinos, los policías fueron golpeados e incinerados por una turba. Dos fallecieron en el lugar que fueron salvajemente agredidos y el tercero quedó gravemente herido. El caso quedó impune debido a la inacción de López y Ebrard.
El gobernador Moreno Valle y la Procuraduría General de Justicia del estado tienen la palabra para que en Puebla no suceda, en materia de impunidad, lo que ocurrió en la ciudad de México.