La degradación y el desprestigio que aqueja a la actividad política en el país, ahuyenta a muchas personas ─honorables y con buenos propósitos─ de todos los partidos políticos. Este fenómeno ha provocado que las entidades de interés público, como constitucionalmente están considerados los partidos políticos, padezcan una creciente escasez de buenos prospectos para ocupar cargos públicos, en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Suficientes ejemplos de este fenómeno han estado y continúan a la vista de la sociedad. Cotidianamente expresados en demostraciones de ineficiencia y actos de deshonestidad y corrupción, cometidos por servidores públicos no idóneos, en los distintos ámbitos del gobierno federal y de los gobiernos estatales y municipales. Así como en los poderes Legislativo y Judicial.
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Ahora mismo, la opinión pública está frente a otro escándalo protagonizado por la irrefrenable propensión de una diputada del PRI a cometer actos de abuso de poder, influyentismo y tráfico de influencias. Escándalo que aunque no es de la magnitud de los escándalos de la Casa Blanca de la familia del presidente Peña Nieto, ni de la mansión del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, ubicada en el fraccionamiento campestre Club de Golf Malinalco, ni de la amañada licitación del tren de Alta Velocidad México-Querétaro, también agravia a los mexicanos que viven ─o sobreviven─ del precario sueldo, producto de su trabajo honesto.
Se trata de la exalcaldesa del municipio de León, Guanajuato, que pretende le sea incrementada, ahora que es diputada federal, la cantidad de guardaespaldas que una inmoral y abusiva ley local ─aprobada por nefastos legisladores─ le otorga para cuidar su seguridad personal, en el momento que la inseguridad pública que afecta a millones de mexicanos, va en aumento, día tras día.
La prepotente y abusiva vicepresidenta de la Cámara de Diputados federal, tiene asignados en la ciudad de México tres guaruras para el cuidado de su seguridad personal y cinco para resguardar su casa en León, Gto. Todo esto sufragado con los impuestos que pagan los contribuyentes leoneses.
Con Bárbara Botello, como candidata a la alcaldía de León, el PRI arrebató la presidencia municipal de ese lugar al PAN, quien ocupó esa posición durante 24 años consecutivos. Pero poco le duró el gusto al PRI de usufructuar esa posición política.
Obligada por esa circunstancia, a efectuar una buena ─sino excelente─ labor gubernamental que permitiera al PRI conservar la alcaldía en el período 2015-218, se esfumó por la actuación gubernamental de la señora Botello, que provocó el retorno del PAN a la presidencia municipal de León. Cuando la ahora abusadora diputada del PRI, dejó el cargo de alcaldesa para obtener la candidatura plurinominal, fue objeto de numerosas muestras de repudio por parte de diversos sectores de la población (https://www.youtube.com/watsh?v=DXbx8vwLMM).
Sobra señalar que por causa del mal gobierno de la priista Bárbara Botello, el PRI perdió la presidencia del municipio económicamente más importante del estado de Guanajuato y la recuperó el PAN.
Bárbara Botello Santibáñez, es una legisladora proveniente del submundo priista, que cabalmente hace honor al significado de su nombre, por cuanto a la estrechez de su cultura. Estrechez que le impide comprender que el cargo de diputada federal ─que debería ser motivo de honor─, como cualquier otro cargo público, se debe ejercer con modestia, sin ostentaciones, con sensatez, prudencia y austeridad.
La señora Botello, más tardó en sentarse en la cómoda silla de la vicepresidencia de la Cámara de Diputados que tomar el teléfono para solicitar a las autoridades municipales de León, que le incrementaran a ocho, la cantidad de guardaespaldas que tiene asignados por haber sido alcaldesa de ese municipio guanajuatense. Además reclamó que a los ocho guaruras les sean pagados, además de sus respectivos sueldos, gastos de viáticos, por tratarse de guaruras foráneos.
Además, comentó con su interlocutor telefónico, que ya solicitó una audiencia con “Arely” (refiriéndose a la procuradora General de la República, Arely Gómez González) para pedirle que un policía del municipio leonés ─que reprobó la prueba de confianza─, al que la influyente diputada Botello Santibáñez recomienda, sea nombrado subdelegado de la PGR. Por atender recomendaciones como la de esta abusiva diputada, María Bárbara Botello Santibáñez, y otras cosas más, la policía mexicana, en todas sus formas y presentaciones, es una de las peores del mundo.
En otro país, donde no existan tantas corruptelas y componendas entre los tres niveles de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Bárbara Botello estaría en su casa dedicada a los menesteres domésticos y a educar a sus hijos, como evidentemente no fue educada ella en su niñez. Pero como estamos en México, el país donde priva la corrupción en todo su esplender, el PRI nos la endosó como diputada federal y vicepresidenta de la Cámara de Diputados.
PRIvilegio que en mes y medio le ha permitido exhibir su cercanía con los principales integrantes del gabinete presidencial, al aparecer retratada, mejilla con mejilla, con el secretario de Hacienda, Luis Videgaray; con Alfredo del Mazo Maza ─primo de Peña Nieto─; con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong y el secretario de Energía, Pedro Joaquín Codwell; con el jefe de la bancada ─tribu o pandilla─ legislativa del PRI, César Octavio Camacho Quiroz y en primerísimo lugar, con el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto. Así como tutearse y pedir favores a la titular de la Procuraduría General de la República, Arely Gómez González. No existe, para la vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Bárbara Botello, mayor alarde de influyentismo y hasta de posible complicidad.
Los habitantes de este país, somos víctimas y rehenes de una legislación permisiva, tortuosa, complicada, plagada de vacíos e insuficiencias que facilitan la corrupción en el ejercicio de la función pública y promueven la impunidad a favor de quienes obtienen inmorales beneficios a través de los puestos que integran la alta burocracia mexicana.
Debido a los actos de corrupción que se han producido en los más altos niveles del gobierno federal, donde se ha visto involucrado Enrique Peña Nieto, el PRI puede perder la Presidencia de la República en las elecciones de 2018. Y lo peor, para el país, no sólo para el priismo peñanietista, que la entregaría a alguien que resultaría peor para México.
Si el PRI no desea para México, una catástrofe como la que ocurrió en Venezuela hace 17 años que Hugo Chávez llegó a ocupar la presidencia de ese país y continúa con esa grotesca caricatura suya, llamada Nicolás Maduro, está obligado a presionar para que los gobernantes y legisladores, surgidos de sus filas, actúen de mejor manera.
Hoy, de manera inmediata, está obligado a someter al orden a la diputada Bárbara Botello. El primer paso que debe dar es retirarla de la vicepresidencia de la Cámara de Diputados y exigirle que renuncie a las prebendas que tiene como exalcaldesa del municipio de León. Después tendría que dirigir sus pasos hacia el Palacio Nacional y a las secretarías de Hacienda y la Función Pública.
Además debe cuidar con suma escrupulosidad las futuras designaciones de candidatos a puestos de elección popular para evitar que se cuelen algunos como los que se colaron en las elecciones del 7 de junio de este año.
Tratándose de elegir candidatas a legisladoras, debe echar la mirada a personas de la talla de mujeres legisladoras como Griselda Álvarez y Rosario Green. No como Carmen Salinas y Bárbara Botello. Por supuesto que la mirada escrutadora también es necesaria y extensiva a los candidatos del género masculino.